Al igual que Lázaro, hoy el Banco Central de Venezuela yace sin vida; sus funciones vitales en el campo bancario y macroeconómico están detenidas. La imagen no es hiperbólica; ella es crudo resultado de una dirección incompetente y servil a intereses políticos ajenos a las verdaderas funciones que tiene dicho ente como cuarto poder de la nación.

El proceso de deterioro se inició con la designación de Diego Luis Castellanos como autoridad máxima de la institución (2000–2005), a quien de nada le sirvió la posición alcanzada para cumplir con su otro sueño: ingresar a la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Ahí se encontró con la férrea oposición de varios de sus miembros, encabezados por Carlos Rafael Silva y Héctor Malavé Mata. Gracias a su eficiente labor y obediencia revolucionaria, Castellanos le entregó a Hugo Chávez Frías, en bandeja de plata, el primer “millardito” de las reservas internacionales.

Adicionalmente, con el apoyo de su compañero de práctica brujeril, el inefable Héctor Griffin, quien fue designado consultor jurídico (sin cumplir con el requisito de experiencia en materia legal y financiera que exigía la propia ley del BCV), se dio inicio a una razia (jubilaciones y despidos de personal altamente calificado, en las áreas de consultoría jurídica, Casa de la Moneda y de recursos humanos, entre otras) con el único propósito de incorporar revolucionarios serviles y promover personajes camaleónicos de la propia institución, los cuales nunca faltan en toda organización.

A la salida de Castellanos, por la puerta de atrás, le sucedió en el cargo Gastón Parra Luzardo (2005-2009), hombre vinculado a la Universidad del Zulia, a quien hay que reconocerle una actuación correcta con los trabajadores de la institución luego de su mala praxis en Petróleos de Venezuela. Después le tocó el turno a Nelson Merentes (2009-2013), matemático egresado de la Universidad Central de Venezuela y docente de esa casa de estudios, quien tuvo buenas relaciones con el personal del BCV pero, según diferentes medios de comunicación, fue muy dado a festejos y francachelas en el litoral central. Durante su gestión las puertas del instituto emisor estuvieron abiertas, de par en par, a las exigencias del gobierno y Petróleos de Venezuela.

Después de desempeñar diferentes funciones en el gobierno revolucionario, Edmée Betancourt (2013) ocupó por menos de cuatro meses la presidencia del BCV. Esta ingeniera industrial, vinculada a la Universidad de Carabobo y la Unefa, apenas tuvo tiempo de calentar la silla de la presidencia del ente emisor. Sin duda su experiencia profesional le sirvió de poco para enfrentar la problemática macroeconómica del país. Luego su sucesor, Eudomar Tovar, quien venía desempeñándose como primer vicepresidente de la institución, guio la nave por tan solo cinco meses y procedió a entregársela otra vez al matemático del litoral central, Nelson Merentes (2014-2017). Así, la rochela siguió su curso.

Ricardo Sanguino y Ramón Lobo, ambos economistas, fueron los nuevos bateadores designados. El primero solo estuvo nueve meses en el BCV y su pasantía apenas le sirvió para asegurarse una “buena” jubilación e incorporar a su esposa como gerente de la subsede de dicha entidad, ubicada en Maracaibo. El segundo ejerció su magna función por solo ocho meses. Al parecer, en ese lapso de tiempo aprendió algo de árabe y Nicolás Maduro resolvió designarlo ministro consejero de la Embajada de Venezuela en Arabia Saudita.

El “prestigioso” cargo lo ocupa ahora Calixto Ortega Sánchez (2018). Es una verdadera lástima que el enterrador y sepulturero de la magna institución sea este joven economista que tiene en su haber una maestría en Finanzas (MBA) de la Universidad de Rice, y cursos en Manejo de Política Económica de la Universidad de Columbia, pero cuya mayor experiencia ha sido como cónsul general de Venezuela en Nueva York y luego en Houston; y delegado de Venezuela ante la Comisión de Administración y Presupuesto, Misión Permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas. Bajo su “escrupulosa” conducción el BCV procedió a vender casi 9 toneladas de oro valoradas en 400 millones de dólares pese a las sanciones financieras internacionales. El portal especializado Bloomberg informó acerca de la operación, el pasado 15 de abril.

Pero Bloomberg informó sobre algo no menos preocupante, que ya se sabía: el BCV está siendo operado por un equipo de élite, de 100 trabajadores, desde que la institución se quedó sin agua por la falta de energía eléctrica. Así, mientras en Miraflores se instalaron plantas eléctricas para surtirse de energía durante los apagones, nadie en el BCV se planteó adoptar similar providencia. Esa situación es equivalente a la muerte del ente o, cuando menos, a su transformación en una minientidad de negociados que nada tiene que ver con sus funciones esenciales.

Siendo ese el caso, a la democracia le corresponderá resucitarlo, al igual que al resto del país.