La deriva autoritaria que conlleva la revolución bolivariana implica intrínsecamente la inevitable militarización de las instituciones heredadas del proceso constituyente iniciado en 1999 y que dio como resultado la actual constitución conocida por todos con las siglas abreviadas de CRBV.
Es evidente que lo que se entiende como “revolución bolivariana” ya tocó fondo y su propia naturaleza le exige pasar a una fase de desarrollo más radical y extremista, que sus dirigentes no dudan en denominar carácter socialista de la revolución bolivariana. La actual carta magna, a la luz de todas las evidencias empíricas registradas en los últimos tiempos, es una camisa de fuerza puesta sobre el cuerpo enfermo de la revolución.
Veamos: la palabra “socialismo” no aparece en ninguna parte de la actual Constitución, pero la revolución bolivariana insiste tercamente, a través de campañas publicitarias de radio, prensa escrita y televisión sobre el carácter socialista de la revolución.
La lengua política del proyecto revolucionario habla de una “constituyente comunal” como un eufemismo ideológico de lo que, en el fondo, pretende infructuosamente implantar en Venezuela. Lo comunal es un vulgar corolario de la idea anacrónica de socialismo. La nomenclatura del Estado Mayor Conjunto de Gobierno habla de socialismo, pero la actual Constitución (vigente, hay que subrayar) no establece el paradigma socio-político socialista en ninguno de sus articulados. La Constitución actual estipula que el modelo político y social es la democracia participativa y protagónica, y en ninguna parte habla de socialismo.
Igualmente, la idea del Estado Comunal choca frontalmente con la descentralización y con la elección directa, universal y secreta de alcaldes y gobernadores. Prueba patente de ello es el nombramiento, a dedo, de autoridades únicas denominadas “Protectores del Pueblo” ahí donde el oficialismo ha perdido las simpatías populares y el apoyo político-electoral. Jaua es el “protector” de Miranda; Reyes Reyes es el “protector” de Lara y así, sucesivamente, donde pierde el chavismo crea un gobierno paralelo, un gobierno dual que obstruye, entorpece y obstaculiza la función pública y el mandato que confiere el electorado a los gobernantes legítimamente elegidos en comicios libres. La revolución no se detiene en “fetichismos jurídicos” a la hora de impulsar una contra-hegemonía estatal y municipal para frenar y enfrentar los avances políticos y organizativos de la sociedad civil, organizada ante la deriva militar y autoritaria de la revolución chavista, es decir, socialista. No hay que olvidar, por lo demás, que en cierto momento el mismo comandante insepulto se autoproclamó “revolucionario marxista”, de orientación castrofidelista y ello explica, en parte, la nueva fase y carácter de la transformación compulsiva del Estado y su ordenamiento jurídico constitucional. De allí que la actual Constitución represente una pared inexpugnable que impide legalmente la construcción de otro modelo de racionalidad jurídico-política, otra normativa legal, otro andamiaje institucional más represivo, cuartelario y uniformizante; es decir, marxista, militar. El brillante historiador venezolano Manuel Caballero atinó certeramente en denominar el fenómeno con la expresión de “la peste militar”. Ciertamente, la militarización de los intersticios socioculturales de la sociedad venezolana ha devenido en patología infecto-contagiosa de la voz de mando y obediencia de las instancias civiles de organización del espectro popular. En el fondo, mejor dicho: en el trasfondo de todo el proyecto de dominación ideológico política del chavismo subyace una pretensión de convertir a la sociedad venezolana en una inmensa ergástula de vigilancia y control biopolítico al más puro estilo de la sociedad norcoreana o de la China continental comunista. La actual Constitución de Venezuela es un serio óbice para la implantación de un modo de producción estatocrático y su subsecuente formación económica social correspondiente a la naturaleza misma de dicho modo de producción.
De todo el proceso de militarización de la sociedad uno de los rasgos distintivos más peligrosos para la convivencia pacífica de los factores institucionales en sana paz es la subordinación del componente militar al poder civil emanado de la elección popular en comicios libérrimos y transparentes. No obstante, la sociedad observa con pasmoso estupor el protagonismo beligerante de la figura militar armada en la dirección de los asuntos corporativos e institucionales del Estado. Todos o casi todos los ministerios están bajo la dirección de hombres y mujeres provenientes de las fuerzas castrenses. Se cumple así la sentencia de Bolívar cuando dijo: “Ecuador es un convento, Colombia, una universidad y Venezuela, un cuartel”.