1288. Ese es el número del decreto aprobado el 2 de agosto de 2018 por el presidente Juan Manuel Santos de Colombia a través del cual el Permiso Especial de Permanencia se convierte en la forma de regularizar a 442.462 venezolanos que se encontraban en el país irregularmente, según se documentó en el recientemente finalizado Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV), que se llevó a cabo entre abril y junio de 2018 en 413 municipios en la frontera colombiana y en otras localidades del país.

Según las autoridades migratorias colombianas, cerca de 1 millón de venezolanos llegaron allí en los últimos 15 meses, 870.093 para ser exactos. Los datos dan cuenta de un grupo de alrededor de 381.735 venezolanos que ya había ajustado su estatus migratorio con una visa, o con pasaporte sellado que permiten su estadía, o mediante la anterior extensión del PEP. Dan cuenta también de esos 442.462 venezolanos que se encontraban en el proceso de regularización de su estadía. Este es el grupo de beneficiarios directos del decreto 1288. Un grupo de alrededor de 45.896 venezolanos siguen irregular, bien sea por haber entrado a través de las trochas o por haber excedido su estadía permitida. Este es el reducido grupo de migrantes irregulares que queda en el país, afortunadamente el más pequeño.

Con el decreto, los 442.462 venezolanos en proceso de regularización ahora pueden tener acceso al PEP, o al RAMV-PEP como se lo está llamando, lo que les permite permanecer en el país regularmente durante dos años, y les otorga protecciones básicas necesarias, incluido el derecho a la salud, la educación y el empleo. Esto es importante porque los resultados del RAMV dieron una preocupante caracterización de la situación de los venezolanos desplazados en al menos estas tres dimensiones:

  • Alrededor de 437.513, o 98% (la mayoría) en el RAMV dijeron que no estaban afiliados a ningún beneficio de salud. Esto preocupa considerando las precarias condiciones de salud en las que han estado llegando. En efecto, los resultados del RAMV indicaron que la salud, junto con la inseguridad alimentaria, fueron los principales factores desencadenantes del desplazamiento de venezolanos.
  • De los 118.709 niños migrantes registrados en el RAMV, solo 33.107 estaban asistiendo a escuelas colombianas. Eso es solo 27%, cuando debiera ser el 100%.
  • De los que participaron en el registro, 3.326 dijeron tener un trabajo formal, lo que significa un mero 0,7%. 439.136 tenían trabajos informales o ningún empleo, una mayoría importante. Considerando que alrededor de 16% de estos venezolanos tienen estudios técnicos o profesionales, el decreto les abre una gama de oportunidades laborales y potencialmente muchos beneficios para la economía colombiana.

Pero no estamos allí todavía. El desafío ahora, como en todo, es la implementación. Durante los próximos meses, y hasta principios de octubre, Migración Colombia deberá recibir y procesar las solicitudes de regularización de estos 442.000 venezolanos. Varios miles por día.  No es hazaña pequeña, pero sí encomiable cuando logren finalizarla.

La regularización es el primer paso para un proceso de migración seguro, regular y ordenado, según lo propuesto por el Pacto Mundial sobre Migración, y garantiza que los derechos humanos de los migrantes sean más efectivamente protegidos. Esta medida del gobierno colombiano a favor de los venezolanos desplazados es una buena práctica que otros países de la región debieran considerar. La responsabilidad también es de estos venezolanos. Deben ser ejemplos de civismo, cumplir con los deberes y obligaciones de residir en Colombia, respetar sus leyes y contribuir positivamente al país y a las comunidades en las que están echando raíces. Gracias Colombia, y a dar la talla muchachos.

Los puntos de vista son a título personal. No representan la posición de la OEA.