Hace ya algún tiempo que no me refería al Índice de Estado de Derecho. Retomo el tema con un texto del World Justice Project (WJP) y sus estadísticas para Venezuela, procesadas para ver la evolución de las mismas desde 2012, antes de que Nicolás Maduro tomara el poder, hasta el presente.

El WJP es una organización independiente y multidisciplinaria que trabaja para fortalecer el Estado de Derecho en el mundo. Un Estado de Derecho efectivo reduce la corrupción, combate la pobreza y protege a las personas de las injusticias. El Estado de Derecho es la base para alcanzar comunidades que gocen de paz y oportunidades, y es el fundamento para el desarrollo del capital humano, un gobierno responsable y el respeto a los derechos fundamentales.

Lo escrito en el párrafo anterior es lo que afirma William H. Neukom, fundador y director ejecutivo del WJP. “Ningún país ha logrado, mucho menos sostenido, un Estado de Derecho perfecto. El Índice de Estado de Derecho del WJP es un primer paso para establecer puntos de referencia, informar y encaminar reformas, y para enfatizar la importancia fundamental del Estado de Derecho”.

Pues bien, el WJP presentó, el pasado enero, el Índice de Estado de Derecho 2017-2018, que mide el concepto en 113 países con base en más de 110.000 encuestas en hogares y 3.000 encuestas a expertos. El índice evalúa el desempeño de los países utilizando 44 indicadores organizados en 8 factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento de la ley, justicia civil y justicia penal. Su puntuación oscila entre 1 (mejor) y 0 (peor).

El Índice de Estado de Derecho muestra a Venezuela de última en ese concierto de 113 países y continúa hacia el peor extremo. Finalizado el año 2012 alcanzó una puntuación de 0,35 y finalizado 2017 una de 0,29 (menor puntuación es peor).

Aquí en nuestra destruida Venezuela, los ocho factores han empeorado, pero los tres primeros que más lo han hecho son derechos fundamentales (0,48 en 2012 vs 0,36 en 2017), cumplimiento de la ley (0,33 en 2012 vs 0,22 en 2017) y justicia penal (0,24 en 2012 vs 0,14 en 2017).

En septiembre de 2016, los editores de la publicación Lexis Practice Advisor Journal lanzaron una herramienta interactiva llamada “Lexis Nexis Rule of Law Impact Tracker”. Con base en las correlaciones estadísticas entre el Índice del Estado de Derecho y cinco medidas de salud económica y social, se esperaba que un aumento de 10% en el puntaje promedio del Estado de Derecho de un país cualquiera durante la próxima década (2016-2026) daría como resultado que: a) El PIB per cápita aumentaría en 7.000 dólares por persona; b) La tasa de mortalidad infantil se reduciría de 24 a 16 muertes por cada 1.000 nacidos vivos; c) El delito disminuiría en más de 30% y d) El promedio de esperanza de vida aumentaría en más de dos años.

De acuerdo con las cifras del Índice de Estado de Derecho para Venezuela, en 6 años (2012-2018) tuvo una disminución de -17%, pues pasó de 0,35 a 0,29. El “track” de Venezuela concuerda con el signo y magnitud de las correlaciones del estudio de Lexis Practice Advisor Journal: la destrucción progresiva de nuestro Estado de Derecho se traduce en la Venezuela actual, en un país en hiperinflación y con depresión económica, con escasez, con crimen y corrupción, con los servicios básicos destruidos, sin paz ni oportunidades y donde –como en toda autocracia– solo vive bien la élite que tiene el poder, mantenida con los proventos de la ya casi extinguida extracción y exportación de crudo y oro y la compra barata de remesas.

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