A Venezuela la carcomen los delitos de la corrupción y la impunidad, al extremo de que el país figura en todas las mediciones sobre la materia como uno de los más opacos en lo que al manejo de los recursos públicos se refiere, de acuerdo con lo señalado en reciente informe de Transparencia Venezuela.
Así mismo, nuestro país figura en numerosas mediciones con uno de los peores índices en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos. En días anteriores, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, publicó su segundo informe sobre la crisis venezolana, y en él resaltó que los derechos ciudadanos en Venezuela están siendo reprimidos y severamente restringidos; que la migración masiva pone en alerta la seguridad de los países vecinos, y manifestó su preocupación por la malnutrición de la población, y expresa textualmente las siguientes palabras: “Estoy profundamente alarmado por la posibilidad de que se hayan cometido crímenes contra la humanidad y por la erosión de las instituciones democráticas”.
Refiere, además: “El principio fundamental de la separación de poderes se ha visto gravemente comprometido. Mi oficina también ha recibido información creíble, sobre cientos de ejecuciones extrajudiciales en los últimos años, tanto durante protestas como en operaciones de seguridad. Me preocupa seriamente que este contexto no satisfaga en modo alguno las condiciones mínimas para unas elecciones libres y creíbles”.
Venezuela figura con los baremos más bajos en lo que concierne a gobernabilidad y apego a los principios democráticos elementales, referido en los informes de Freedom House y Fraser Institute. Venezuela ha sido declarada en default por impago de obligaciones a su cargo, al extremo de que, en la actualidad, en varios centros financieros del mundo se llevan a cabo reuniones de acreedores con el objeto de coordinar embargos y otras acciones de aseguramiento en contra de sus bienes, según informe de la Asociación Internacional de Swaps y derivados.
Existe una manifiesta negativa de los titulares de los poderes públicos de Venezuela de admitir la existencia de la crisis, así como de permitir la asistencia y ayuda humanitaria, que varios Estados amigos y organizaciones multilaterales les han ofrecido. Aquí basta con leer la comunicación del secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin.
En tales circunstancias, que configuran el estado de necesidad en el que se encuentra la sociedad venezolana, debido a la hambruna existente, a la grave crisis humanitaria y a la comisión de crímenes de lesa humanidad, urge la intervención humanitaria de países democráticos del mundo y organizaciones internacionales.