La eventual realización de elecciones regionales en Venezuela (incluidas las condiciones electorales arbitrarias y adversas a las que se hallan expuestos los candidatos de la oposición) es una oportunidad propicia para estudiar y analizar el rol de los estados para el desarrollo de Venezuela. El asunto no es fácil, pues implica entender a las regiones no solo desde su inserción en la estructura organizativa del Estado, sino también desde sus competencias políticas, financieras y administrativas.
Además, el fortalecimiento de las entidades estadales se encuentra estrechamente ligado a un concepto que para Venezuela tiene una gran significación histórica, política y constitucional: la descentralización.
La crisis social y política que atravesó Venezuela en los años noventa del siglo pasado implicó la adopción de un conjunto de medidas políticas y económicas, destacando la reforma del Estado a través de políticas para la descentralización de competencias desde el poder nacional hacia los estados y municipios.
El proceso de descentralización iniciado permitió a los estados, además, escoger a sus primeras autoridades regionales mediante el voto universal, directo y secreto, así como ser los destinatarios de un conjunto de competencias que fortaleció el desarrollo de regiones como Zulia, Carabobo, Táchira y Lara.
Sin embargo, se esperaba que con el nuevo texto constitucional de 1999 se profundizara el proceso de descentralización iniciado años antes, pero la realidad fue otra y el nuevo texto fundamental, pese a que consagró la descentralización como principio constitucional, no concretó los avances previamente alcanzados.
17 años después, la historia es conocida: un Estado venezolano absurdamente centralista, en detrimento de los estados y municipios, cada vez más imposibilitados para responder a las necesidades de la ciudadanía.
Unos consejos legislativos que tienen un marco reducido para legislar; la Contraloría Estadal que depende directamente de la Contraloría General de la República; la centralización a favor del poder nacional de la gestión y administración de puertos, aeropuertos y autopistas estadales; escasa capacidad para recaudar ingresos. El resultado: un poder estadal bastante limitado para atender las demandas ciudadanas, y absolutamente dependiente del situado constitucional.
Agréguese, además, las leyes del poder popular y el compendio de estructuras administrativas creadas por el poder nacional para el ejercicio de competencias estadales (y también municipales), lo que en la práctica termina convirtiendo a los estados en instancias políticamente simbólicas pero con poca incidencia en el bienestar del ciudadano.
Se plantean, entonces, las elecciones regionales del 15 de octubre, y más allá de acudir para hacer frente al gobierno, también es imperativo que los candidatos incluyan en su discurso la necesidad de rescatar el truncado proceso de descentralización iniciado hace más de 20 años.
Los estados en Venezuela no pueden seguir siendo instancias político administrativas dependientes del situado constitucional. Así como una Asamblea Nacional independiente es un contrapeso al Poder Ejecutivo, del mismo modo la existencia de estructuras regionales fuertes y menos dependientes de los ingresos del poder nacional permitirá el surgimiento de nuevos liderazgos y visiones de país.
Las venideras elecciones regionales del 15 de octubre no solo representan la ocasión para demostrar que existe un país mayoritariamente adverso al gobierno, sino también constituye un momento propicio para discutir sobre la importancia de fortalecer a los estados ante el desarrollo de Venezuela.
@jaimemerrick