La mayoría de los venezolanos afirmarían que su país es el país más hermoso del planeta. Muchos pensarán en las playas, los médanos de Coro, el pico Bolívar, a la hora de describir su país de origen. Sin embargo, esa belleza que vemos los venezolanos, no se refleja actualmente en los indicadores de homicidio, pobreza, inseguridad, corrupción, escasez. Muy por el contrario, nuestra nación pasó de ser un paraíso turístico al escenario perfecto para una película de terror. Algo similar sucede con Guatemala. Sus paisajes volcánicos son imponentes, su gente extremadamente gentil y su cultura un regalo para la humanidad. Y, a pesar de esto, lo que muchos asocian con este país centroamericano es la violencia, el narcotráfico, la pobreza y la migración masiva hacia el norte. ¿Me creerían si les digo que Venezuela tiene algo muy valioso que aprender de Guatemala?
Guatemala, que por cierto viene de la lengua náhuatl y significa lugar de muchos árboles, vivió un conflicto armando por 36 años. En 1996 finalmente se firmaron los Acuerdos de Paz que generaron la posibilidad de restablecer el Estado de Derecho, la democracia y una sociedad equitativa. Pero, lamentablemente, el país no fue caminando hacia esa dirección. Hoy en día, Guatemala es gobernada élites –mayoritariamente– corruptas que tienen vínculos con el crimen organizado y la economía ilícita; sus instituciones son altamente ineficientes, la impunidad es casi absoluta y la pobreza sigue creciendo, mientras unos pocos mantienen sus privilegios.
Y aquí viene la lección para Venezuela: el gobierno de Guatemala solicitó en 2006 a Naciones Unidas la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad para que esta colaborara en la erradicación de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que operan en este país.
La CICIG es una entidad independiente en el ámbito político y organizacional y se financia a través de contribuciones voluntarias de la comunidad internacional para lo cual se creó un fondo fiduciario que es administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Guatemala, PNUD. Es importante resaltar que la comisión no recibe financiamiento del gobierno de Guatemala para garantizar su independencia. De conformidad con las leyes de esta nación, la CICIG puede 1) investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de Guatemala, e identificar las estructuras de estos grupos ilegales (incluidos sus vínculos con funcionarios del Estado), actividades, modalidades de operación y fuentes de financiación, 2) colabora con el Estado en la desarticulación de los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y promueve la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes y 3) da recomendaciones al Estado de Guatemala para la adopción de políticas públicas destinadas a erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad, y prevenir su reaparición, incluidas las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin.
Y aquí viene lo bueno: gracias al trabajo de la CICIG desde 2007 dos ex presidentes, varios ministros, diputados, jueces y empresarios que se creían intocables, han sido llevados a prisión por haber estado involucrados en casos de corrupción. En su corto período en acción, la comisión ha identificado más de 60 estructuras criminales, procesado a más de 680 personas, presentado 34 reformas legales al Congreso y judicializado más de 110 casos, de los cuales en 71 de ellos ya ha habido sentencias. Más allá de estos logros, la CICIG ha contribuido a la creación de una conciencia ciudadana en cuanto a la relevancia de la cultura de la legalidad y el Estado de Derecho. Todo esto se escribe y se lee fácil, pero que no lo es. Gracias a la labor de la comisión, Guatemala se convirtió –por 12 años– en el país pionero en la lucha contra la corrupción en América Latina.
Hasta que llegó Jimmy Morales, el actual presidente, cuya única política coherente ha sido lograr el desmantelamiento de la CICIG. Pero Jimmy no ha estado solo en su lucha. Decenas de políticos, líderes empresariales y las fuerzas armadas se han unido a lo largo de los últimos años para acabar con la comisión. Según estos, la presencia de extranjeros en la comisión, tal como la del comisionado Iván Velásquez, en las investigaciones de Guatemala quebrantan la soberanía de la nación. Y, en efecto, el año pasado, Morales y sus aliados lograron enterrar la única institución que constantemente tenía más de 60% de apoyo de la población y, más importante aún, que generaba esperanza para que Guatemala, en un futuro, pudiera tener una vida política realmente democrática.
Venezuela debe, una vez se dé la transición, seguir el ejemplo de Guatemala. Únicamente con una comisión independiente y con asistencia de la comunidad internacional y/u organizaciones internacionales, Venezuela podrá comenzar su propia lucha contra la corrupción, que sin duda es nuestro mal mayor. La corrupción, como bien explican Carlos Tablante y Marcos Tarre en el Gran Saqueo, es la causa de la pobreza, el hambre, la impunidad, el surgimiento de la economía ilícita, etc. Tenemos que buscar nuevos mecanismos para poder acabar con este legado y dar a conocer lo que posiblemente será el caso de corrupción más grande del mundo. Si el nuevo liderazgo político quiere reconstruir al país, debe comenzar por solicitar la creación de una Comisión contra la Impunidad y la Corrupción para Venezuela. Solo una limpieza profunda del establishment político y el derrocamiento de las redes ilícitas y criminales podrá devolverles a los venezolanos la esperanza de recuperar ese hermoso país que, hoy en día, solo pueden recrear en sus pensamientos.