La intervención militar (TIAR), la Comisión Simonovis (Estados Unidos) o la implosión económica (BCV-FMI).

Las situaciones acontecidas en la sesión especial del pasado 23 de julio son de tal relevancia que es difícil describir la magnitud de las medidas radicales anunciadas en las mismas, que muchos pasan por alto, pero que constituyen una gravísima amenaza, casi mortal, para la continuidad administrativa del gobierno de Nicolás Maduro a mediano e incluso a corto plazo.

En primer lugar está la situación presentada con la aprobación del TIAR que permite la aplicación de medidas de fuerza , tal como se plantea en su artículo 8, que plantea lo siguiente: “Para los efectos de este tratado, las medidas que el Órgano de Consulta acuerde comprenderán una o más de las siguientes: el retiro de los jefes de misión; la ruptura de las relaciones diplomáticas; la ruptura de las relaciones consulares; la interrupción parcial o total de las relaciones económicas, o de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, telefónicas, radiotelefónicas o radiotelegráficas, y el empleo de la fuerza armada”.

Como se puede observar en el enunciado, se puede pasar de acciones políticas a acciones agresivas como un bloqueo físico naval o aéreo o un ciberataque que interrumpa las comunicaciones, antes de pasar a un ataque militar a gran escala para expulsar del poder a un gobierno supuestamente impuesto o apoyado por fuerzas extranjeras.

Si al lector le parece fantasía o paranoia, recuerde que a Jair Bolsonaro e Iván Duque, presidentes de Brasil y Colombia, no les parece tanto, dada la oportunidad política de destruir el Foro de Sao Paulo, evitando la vuelta del Partido de los Trabajadores y las fuerzas insurgentes colombianas que supuestamente usan el país de retaguardia (ELN), por lo que no sería sorpresivo que la idea de invocar el TIAR venga de allí y no de Estados Unidos y Venezuela.

En segundo lugar y en mi opinión profesional la amenaza más grave contra el gobierno nacional es la confirmación de una junta de investigación sobre el narcotráfico en Venezuela, que yo denomino Comisión Simonovis y que tiene por tarea presentar las redes del narcotráfico internacional en la política venezolana, palabras más palabras menos de lo expresado por el diputado presidente de la Asamblea Nacional y según mas de 50 países con carácter de presidente encargado, Juan Guaidó.

Debemos recordar que quien sea señalado públicamente de narcotraficante o beneficiario de estas actividades queda anulado políticamente y económicamente al ser marcado como indeseable en los círculos financieros, políticos y empresariales, así no termine en la cárcel,  por lo cual el poder y responsabilidad entregados al comisario Iván Simonovis no tiene precedente, debido a que detrás de sus informes estará todo el poder de la DEA, el FBI, la CIA y otras agencias policiales y de inteligencia que se dedicarán a la cacería de las personas y desmantelamiento de las instituciones señaladas por sus acusaciones desde Washington, donde diligencia actualmente.

En un país donde desde hace muchos años se denuncia abiertamente, especialmente en el mundo informal desde el punto de vista jurídico, de las redes sociales y el Internet de las vinculaciones reales o supuestas de empresarios, políticos y cualquier otro actor social de importancia en este tipo de actividades en una forma u otra, existe la clara posibilidad  de armado de un tinglado de acusaciones contra miles de personas que han ejercido responsabilidades administrativas a diversos niveles de la función pública y se termine pidiendo la disolución de corporaciones enteras de la misma manera que la doctora Bachelet (alta comisionada de ONU para los Derechos Humanos) está solicitando la disolución de las FAES por acusaciones de supuestas miles de ejecuciones extrajudiciales.

Estamos hablando de partidos políticos, instituciones de seguridad del Estado, entidades nacionales, regionales y locales, así como cadenas empresariales de naturaleza privada, que se  derrumbarían con solo aparecer en estas listas y sin duda pronto estarán.

Finalmente, pero no menos grave, está en mi memoria que estas argumentaciones son las que llevaron a la invasión de Panamá un 20 de diciembre 1989, ante los señalamientos de narcotráfico que rodearon al entonces presidente de dicho país Manuel  Noriega, por lo cual no es descabellado pensar que una sucesión de denuncias contra amplios sectores de la vida pública nacional por delitos de narcotráfico llevará a la intervención militar estadounidense de la que tanto se teme por su impacto histórico, humanitario y ambiental, lo cual ya sería objeto de otro artículo en cuestión.

En tercer lugar  y no menos grave es la certeza de que se acerca una implosión económica y de carácter humanitario, debido a la contracción económica actual que va a aumentar mucho más con las sanciones devastadoras que vienen camino, según las agencias internacionales de noticias y que hacen inviable cualquier ejercicio planificado de políticas públicas en materia económica.

No es común leer en los informes del FMI las expresiones de implosión o de catástrofe económica que usan para describir a nuestro país en los círculos financieros y comerciales mundiales, puesto que no es difícil prever que la nueva directiva del BCV  en el exterior va a terminar de bloquear jurídicamente los exiguos recursos que aún obtiene el gobierno de Nicolás Maduro y esto incluye la venta de oro y minerales estratégicos a otros países.

Para quienes consideran que los economistas Luis Vicente León y Francisco Rodríguez andan en una onda apocalíptica sobre una posible “hambruna en Venezuela ” que llevaría a la muerte y emigración de millones de compatriotas si no se toman prontas medidas políticas y logísticas, lamento tener que admitir que considero que tienen la razón de fondo, si el problema político en Venezuela no se resuelve a corto plazo y se produce una implosión económica que lleva directamente a una explosión social cuya magnitud no me atrevo siquiera a imaginar.

Aquellos personajes de la vida pública con peso en la opinión nacional que lean estas líneas espero que actúen en plena coincidencia con su responsabilidad personal moral y cívica y salgan a sentar su palabra y convencer al resto de la sociedad de una salida pacífica, negociada y constitucional antes de que las trompetas del conflicto suenen marcando que ha llegado la hora de la violencia.