Por Freddy Millán Borges
El problema de la educación nos convoca a todos, muy particularmente en este tardío y complicado retorno a clases en el subsistema de educación básica y de continuación en el subsistema universitario, por el incumplimiento del pago del bono vacacional, la situación de precariedad del sistema escolar, como por el mismo llamado fuera del lapso legal reglamentario, que hizo el ministerio de educación.
La crisis profunda que vive el país en los últimos lustros, agravada por la pandemia, prácticamente anuló a la escuela, espacio por excelencia de la formación, en el contexto de la alteridad; con el otro, de la proxemia, en la relación cara a cara, que nunca puede ser efectiva y afectivamente sustituida por los entornos virtuales y que en nuestro caso con la crisis eléctrica; conectividad de las más bajas velocidades del hemisferio, con el rezago tecnológico y o hasta la inexistencia de equipos, hizo de la “escuela en casa”, un simulacro en el sentido enunciado por Baudillard, muy a pesar de los esfuerzos de maestros, padres y de los propios estudiantes.
Esto nos obliga al giro antropológico de la educación, para volver a la persona humana, único ser educable y que educa, el significado mismo de la formación entendida como bildung (Gadamer), en su sentido cultural y civilizatorio, para que se patentice como derecho humano fundamental.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, en el preámbulo expresa: “…su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana…Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso”. En su artículo 26 expone el derecho a la educación para el pleno desarrollo de la personalidad, la gratuidad al menos de la educación elemental, la promoción de la educación técnica y profesional generalizada, el acceso según los méritos a la educación universitaria, el respeto a los derechos humanos, la tolerancia, la libertad, la promoción de la paz y el derecho de los padres para elegir la educación de sus hijos.
Según el principio de progresividad, desde el sistema de Naciones Unidas y en función a las metas de las décadas precedentes se ha impulsado la idea de una Educación de Calidad y para Todos; inclusiva, pertinente, con la incorporación de la mujer, respeto por el medio ambiente, el ejercicio de la ciudadanía, incluidos los derechos de los actores y protagonistas del proceso educativo.
El panorama nacional del inicio de clases nos encuentra con el derecho a la educación seriamente lesionado. En medio del daño antropológico, la opacidad o inexistencia de datos oficiales para evaluar la situación, en particular la asistencia, la prosecución escolar, el éxodo docente, la deserción y mucho peor la exclusión escolar, la situación de planta física, comprometida en su propia habitabilidad, vandalizada y con el robo del material didáctico, equipos y materiales indispensables, muy particularmente en el nivel universitario, serias deficiencias de los programas de alimentación y de los servicios públicos elementales; con el incumplimiento de la contratación colectiva, los salarios, si técnicamente definen como tales, los más bajos del continente.
Asumir la educación como primera prioridad no es un eslogan ni un deseo que cada cierto tiempo se acuña, supone un gran esfuerzo de entendimiento, de sacrificios, inversiones y acciones muy bien diseñadas y ejecutadas. Es imperativo un gran acuerdo nacional que involucre a todas las comunidades intermedias, el Estado-gobierno entre ellas; las instituciones escolares, sindicatos, gremios, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, en una gran concertación ciudadana.
La idea de concertación tiene origen etimológico en el latín concertatio, proceso y consecuencia de acordar, convenir, estipular, con expresiones históricas en lo social y político partidista, para atender asuntos de gobernabilidad y sociabilidad, en el manejo de conflictos, consensuando fines estratégicos.
La idea de concertación social en la España posfranquista, que dejaba atrás el estatismo corporativo, caudillesco-militarista, propio del fascismo; con el sindicato vertical, que reunía en una sola corporación obligatoriamente a los trabajadores y empresarios, dio paso al tripartismo, como escenario de encuentro consensuado entre el gobierno, los sindicatos y el empresariado. La Concertación Chilena de partidos para el plebiscito contra la dictadura y luego para adelantar la transición democrática, antecedentes inspirados por cierto en el “Pacto de Puntofijo” (Venezuela, octubre de 1958), resultaron exitosas para la transición democrática con la reivindicación de los derechos humanos, durante el siglo XX.
En los tiempos de complejidad, crisis humanitaria compleja, fracaso del estatismo, quiebre del modelo de partidos y desafección democrática, se impone desde la ciudadanización, el ejercicio de los deberes y derechos. Requerimos un compromiso de concertación que articule a todos en función de la gestión educativa, fundada en los principios constitucionales de la participación y la corresponsabilidad, como una manifestación patriótica para la reconstrucción nacional, en esfuerzo dialógico, inclusivo y democratizador.
La gestión educativa a partir de la planificación por escenarios, experiencia probada para superar el régimen del apartheid, en Suráfrica, en los procesos de paz en América Latina o grandes consensos en materia educativa, posibilitan el ejercicio ciudadano del derecho a la educación a través de la pedagogía política y su consolidación y profundización con la docencia social.
Hacer de la educación un derecho humano fundamental, en ejercicio de la ciudadanía consciente y responsable, es el compromiso ético-político para la promoción y realización de la persona humana, en plenitud y generosidad.