Hoy en día se habla con insistencia de la justicia transicional, para hacer referencia  a los mecanismos o fórmulas que en un momento dado se adoptan en una sociedad cuando sale de un conflicto con graves violaciones de los derechos humanos o en tránsito de un régimen autoritario a un sistema democrático e inicia un nuevo período que se propone sanar las heridas sufridas, restablecer los derechos lesionados, procurar la reparación de las víctimas y lograr la reconciliación de los grupos en pugna, conforme a las exigencias de la justicia, teniendo en cuenta la situación concreta planteada y el bien común de la sociedad.

El problema central se plantea en los términos de la aspiración natural a que se haga justicia, reclamo de la conciencia social que expresan con toda crudeza las víctimas de los atropellos y violaciones perpetradas y la conveniencia política de lograr acuerdos que permitan los cambios que demanda la sociedad en un ambiente de franca reconciliación.

La justicia en una transición solo puede obtener los logros que persigue en la medida en que los órganos del Estado garanticen mecanismos que no permitan la impunidad y no cedan ante las instancias que solo aspiran a la venganza y a la satisfacción intereses personales o a la obtención de beneficios políticos

En Venezuela hemos tenido muchas épocas de transición ya que a los períodos reiterados de dominio caudillista militarista que han impuesto la fuerza de la arbitrariedad y el abuso del poder han seguido intervalos de gobiernos civilistas que han reaccionado intentando imponer la ley y sancionar a los responsables, más por la vía de la venganza que la de la justicia, recurriendo, por otra parte, a fórmulas de perdón, amnistía o indultos, necesarios también, pero que no remedian los problemas de fondo del sistema judicial.

A la caída de un régimen se han instaurado procesos injustos para satisfacer inquietudes de la opinión pública, se han archivado investigaciones por graves hechos punibles y se han olvidado a las víctimas, por lo cual, a salvo de los beneficios de la pacificación, hemos continuado sin resolver el problema fundamental de un verdadero, independiente y confiable Poder Judicial.

Nuestra justicia ha sido una justicia en permanente transición, por lo demás marginada, desasistida y amenazada políticamente. Todos los gobiernos se han cuidado en mantener los hilos del sistema judicial con  una mayoría de jueces temporales o sujetos en todo caso a la voluntad del gobernante y una minoría de jueces titulares, cuya permanencia está sujeta a manipulaciones de los grupos de poder.

De una justicia en “permanente transición” debemos pasar a un verdadero sistema de justicia que supone la renuncia de los partidos políticos al reparto del Poder Judicial, garantizando que hombres y mujeres de reconocida probidad, conocimientos sólidos y acertada trayectoria profesional, con garantías de estabilidad y salvaguarda de la dignidad que debe ser reconocida a quienes desempeñan la función de jueces, se hagan acreedores de la confianza del pueblo que reclama y exige simplemente que se haga justicia.

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