La justicia nacional amparando a los delincuentes

El principal objetivo de la delincuencia común, o política, es intervenir el sistema de justicia para asegurar la impunidad. En Venezuela Hugo Chávez lo hizo, desde muy temprano, cuando urdió su Asamblea Constituyente, cuyo primer decreto fue dirigido hacia la intervención del aparato judicial y para lo cual creó un organismo denominado Comisión para el Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial. A través de este suspendieron a los jueces del país y los sustituyeron por gente suya. Primero, por supuesto, les tocó a los del máximo tribunal, la Corte Suprema a la que hasta el nombre le cambiaron por el de Tribunal Supremo, y desde ahí daban apariencia legal a cuanta fechoría se les ocurría, como en efecto han seguido haciendo hasta ahora.

En aquel momento el sistema de justicia se convirtió en el principal problema del país.

La justicia internacional amparando a los delincuentes

El muy aguzado sentido olfativo y de audacia de Chávez le advirtió desde los inicios de su gobierno sobre la importancia de penetrar e influir en la Corte Penal Internacional. Él comenzó a gobernar en 1998, el mismo año en el que empezaron los preparativos para formar ese tribunal. Casi de manera simultánea con su apoderamiento del sistema judicial venezolano infiltró al comité de redacción de los textos de la Conferencia Diplomática, donde se formaba la CPI. En este hecho se alió con el entonces presidente Néstor Kirchner y se acercó a dictaduras de África, entre ellas, y en especial, al dictador de Gambia, Yahya Jammeh. Juntos desplegaron una afiebrada actividad que les permitió hacerse con la Presidencia y con la Fiscalía de ese tribunal, cargos que fueron asignados a los abogados argentinos Silvia Fernández de Gurmendi y Luis Moreno Ocampo, y luego hicieron poner como fiscal adjunto a Fatou Bensouda, a la vez que infectaron a su código ―el Estatuto de Roma―, agregándole estratégicamente para sus fines dos artículos, el 87.1 y el 116, más parte del diseño de la Fiscalía del organismo.

Chávez y Kirchner se aliaron para infiltrar a la CPI

La necesidad de aplicar justicia sobre crímenes masivos sin ataduras territoriales ni soberanistas, como se puso en práctica en Núremberg, Tokio, Ruanda, en la ex Yugoslavia, llevó a la idea de crear un tribunal internacional permanente que se materializó en la Corte Penal Internacional. Toda una intensa actividad diplomática mundial lo precedió hasta que se concretó en el Acta Final de la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de la ONU en Roma el 17 de julio de 1998, en donde consta la activa participación de los gobiernos de Argentina y de Venezuela.

Artículos veneno del Estatuto de Roma

.1. Complementariedad. Artículo 1: “La Corte será una institución permanente y tendrá el poder para ejercer su jurisdicción sobre las personas que cometan los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto, y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales”.

Mediante la farsa de la soberanía se introdujo esta traba. El tirano viola derechos humanos y solo sus tribunales pueden tramitar juicios al respecto. Es un burladero para casos como los de Venezuela, donde se mantiene una estructura político-policial de apariencia judicial que simula procesos y la tienen como “jurisdicción nacional”, cuya cabeza, Maikel Moreno, señalada nacional e internacionalmente como consecuente violador de derechos humanos, incluso participa y da discursos como invitado a los actos formales de esa CPI.

La CPI solo puede conocer crímenes que los tribunales del país eludan conocer, eso es el famoso principio de complementariedad que interesa tanto a los dictadores que lo envuelven bajo la farsa de la soberanía. Así lo pusieron en el preámbulo del Estatuto desde el comité de redacción donde estaba el delegado de Chávez.

El contrabando consistió en formar una corte mundial subsidiaria que solo enjuicia a los autores de los magnos delitos que no sean juzgados en los tribunales de los dictadores, con lo cual se facilita a estos simularles procesos que no castiguen o que impongan castigos ínfimos que permitan toda clase de beneficios.

Mucha discusión generó este tema que finalmente quedó convertido en norma por encima de la ahí mal respondida pregunta acerca de quién determina si el Estado ha ejercido o no verdadera persecución penal que corresponde.

 2. Tribunal con embajadores. Artículo 87.1: “La Corte estará facultada para formular solicitudes de cooperación a los Estados Parte. Estas se transmitirán por vía diplomática o por cualquier otro conducto adecuado que haya designado cada Estado Parte…”.

«Del comité de redacción donde estaba el delegado de Hugo Chávez surgió la norma antes transcrita que permitió con su característica audacia nombrar a Haifa el Aissami como su embajadora directa ante Los Países Bajos. Luego, Maduro ratificó y amplió el encargo y las competencias a esta señora, como consta en su decreto publicado en Gaceta Oficial 40823 del 7 de enero de 2016. 

Venezuela es el único país que ha recurrido a esa figura diplomática ante el tribunal, ningún otro ha tenido ese descaro. Este cargo le facilita al régimen el acceso ilimitado a toda la estructura y personal de la corte, incluyendo a sus jueces, y es quien vota en nombre de Venezuela para elegirlos. También a través de dicho cargo se prodigan aportes financieros del régimen al tribunal.

3. Tiranías criminales pueden donar dinero. Artículo 116: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 115, la Corte podrá recibir y utilizar, en calidad de fondos adicionales, contribuciones voluntarias de gobiernos, organizaciones internacionales, particulares, sociedades y otras entidades, de conformidad con los criterios en la materia que adopte la Asamblea de los Estados Parte”.

Esta norma legalizó la inmoralidad de que los posibles sujetos de enjuiciamiento ―los funcionarios de los gobiernos― influyan dando dinero extra al organismo. Simplemente legalizaron la posibilidad de ejercer influencias con dinero.

Dos discursos

Haifa el Aissami y Maikel Moreno, destacados representantes de la dictadura, participando en actos oficiales de la CPI, en sus respectivos discursos les recuerdan a sus magistrados y a la fiscal las implicaciones de las reglas envenenadas sobre la complementariedad y la soberanía, es decir, la impunidad que siempre han de prodigarles.

.1. Haifa el Aissami, en la XII Asamblea de Estados Parte de la CPI en noviembre de 2013, dio un discurso en el cual destacó: “Hace un año expresamos a esta honorable Asamblea nuestra preocupación en relación con los retos más importantes que ha de afrontar esta Corte, los cuales se encuentran estrechamente vinculados con los conceptos de complementariedad y universalidad…”.

.2. Maikel Moreno, en discurso ante la CPI en La Haya el 16 de julio de 2018, expresó:  “…Venezuela renueva su decidido compromiso adquirido desde el mismo momento de la adopción del Estatuto de Roma, el 17 de julio de 1998, hoy hace dos décadas, a la consecución de esos fines y en interés de las generaciones presentes y futuras, y a contribuir para que la Corte Penal Internacional ejerza su competencia sobre los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, siendo complementaria y respetuosa de las jurisdicciones penales nacionales…”.