Las pensiones de jubilación en Venezuela se perdieron. Se disolvieron como la sal en el agua. Toda una vida de aportes al Instituto de los Seguros Sociales y a los planes privados de jubilación de las empresas y de los institutos autónomos de la administración pública, como las universidades nacionales, se fueron por los albañales de la hiperinflación en los últimos dos años. La llamada “edad dorada” se ha convertido en una edad negra y miserable.
La pensión de jubilado de un profesor universitario titular, que hace algunas décadas antes era de aproximadamente 3.000 dólares, con los que se podía vivir dignamente, ahorrar, viajar de vez en cuando, comprar una botella de vino ocasionalmente, ir una o dos veces mensuales a un restaurante, acudir al médico, hacerse exámenes de laboratorio y comprar medicinas, hoy no alcanza ni siquiera para comprar un kilo de carne, un kilo de café o un kilo de queso amarillo.
Los ahorros, que aseguraban una cierta seguridad para los casos de emergencia, se van evaporado rápidamente y la independencia económica de las personas de la tercera edad está siendo reemplazada por una vergonzosa dependencia en relación con aquellos familiares que pudieron escapar de la tragedia, viven en el exterior y tienen acceso a divisas fuertes como dólares, euros y libras esterlinas.
Esta visión de nuestra triste realidad actual no pasó nunca por nuestras mentes cuando sacrificábamos nuestros mejores años juveniles en las universidades e institutos tecnológicos formándonos para afrontar la vida de una manera digna y segura en un país respetable, democrático y moderno y no en la porquería en la que la han convertido a Venezuela Maduro, Diosdado, los hermanos Rodríguez y la cúpula podrida de las fuerzas armadas.
Lo que nos ha caído encima es una maldición no devenida por razones de fuerza mayor, una guerra, una catástrofe natural o un agotamiento de nuestros recursos naturales, sino por el advenimiento en hora infortunada de una pandilla de militares y civiles incapacitados para conducir eficientemente el país, que mediante el secuestro de las armas de la República, la malversación de la inmensa renta petrolera de la que han dispuesto, la desvergonzada manipulación de las masas incultas e ingenuas y la corrupción generalizada, han secuestrado el poder, violando la Constitución y las leyes, para destruir el país en nombre de una “revolución” calcada en la desgracia cubana y reproducida con agravantes en nuestra desafortunada nación.