Sería interesante iniciar una cruzada para establecer una ILVE –Iniciativa Latinoamericana para Vehículos Eléctricos– que integre Estados nacionales, subnacionales, municipalidades, el sector privado, consumidores y fabricantes de vehículos eléctricos (EV).
Varias veces nos hemos referido a este tema de cambiar los vehículos de fósiles por EV y cuyas ventajas son: sostenibilidad en el sector del transporte, disminución de emisiones de CO2 y otros contaminantes para mitigación del cambio climático y la mejora de calidad del aire, así como la diversificación de fuentes de impulso energéticas en el transporte y la consiguiente reducción de la dependencia de combustibles producidos desde el petróleo. Esto va a generar un ahorro impresionante. Si la flota actual de buses y taxis de 22 ciudades latinoamericanas fuera reemplazada hoy por vehículos eléctricos, para 2030 se ahorrarían casi 64.000 millones de dólares en combustible y se reducirían 300 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono (estudio de ONU). Las desventajas de los EV –para el consumidor/promedio– siguiendo estándo desde la perspectiva de los números: sus altos costos de adquisicion y la aún incipiente infraestructura para recargarlos. La autonomía de las baterías está siendo resuelta por la tecnología, por el capitalismo competitivo que busca dos cosas: vender más EV que sean de menor costo y de mayor autonomía.
Quizá toca ordenar ideas y en esa hoja de ruta establecer un organismo latinoamericano –una muy pequeña burocracia de no más de 15 personas de toda América Latina– que se encargue de –recoger ideas– y luego redactar una única regulación latinoamericana de incentivo al uso de EV. Aquí no entran discusiones de “soberanías” ni otras vainas: aquí el tema es alinear a América Latina a un norte común: generar un mejor clima ambiental, ahorrar dinero de uso de combustibles e introducir el uso de la electricidad, dado que varios países de América Latina son productores de gas (para producción de electricidad).
Los temas comunes de esa regulación común podrían ser: 1) cero aranceles de importación de EV al continente, 2) cero impuestos municipales o subnacionales a EV por los próximos 10 años a su importación, 3) cero aranceles de importación de piezas, partes, baterías y repuestos para EV por un plazo de 10 años, 4) reducción de 15% de las facturas de uso de electricidad destinadas al EV del usuario, 5) cero costos de transferencias en caso de venta de la unidad, 6) subsidio a empresas privadas que cambien su flota de transporte público o de carga de vehículos de fósiles a EV, 7) ayudas financieras desde el Estado destinadas a la adquisición directa o a la adquisición por medio de operaciones de financiación por leasing financiero o arrendamiento por renting (también llamado leasing operativo) de un vehículo nuevo, 8) cero costos en peajes de rutas municipales, nacionales, internacionales por 10 años, 9) incentivo a programas estatales de cambio de uso de vehículos de tipo fósil por gas natural y a EV, 11) cero pago de impuestos por 5 años a inmuebles en donde se construyan/instalen puntos de recarga de EV.
Ideas como esas pueden haber muchas y mejores, pero lo importante es empezar.
Este paquete común de regulación ayudaría a impulsar el consumo de este producto. Lo bueno es que el latinoamericano quiere ser parte de la revolución de los EV, pero obviamente necesita incentivos –desde lo financiero– para lograr ser parte de esa revolución que, en mediano plazo, va a ser contribuyente a mejor el medio ambiente.
De momento este análisis tiene por objeto impulsar con mayor fuerza que se redacte regulación –desde este organismo supranacional y que sea aprobado por los Estados– para facilitar el “desembarco” de los EV en el hemisferio.
Veamos cómo va Chile, que es siempre un caso paradigmático, como siempre hemos alabado: es el primer país en América Latina en implementar transporte público eléctrico. Es que tienen una ministra de Energía con liderazgo y pensamiento moderno y acorde a las circunstancias y pensando más allá de esta generación y además los insumos (cobre y litio) para la electromovilidad. La visión chilena busca aumentar 10 veces más EV para 2022 y que 40% de los vehículos particulares y 100% del transporte público sean EV para 2050. Me quedo con la frase que dijo el presidente Sebastián Piñera: “Chile se va a transformar, después de China, en el país con mayor cantidad de buses eléctricos en el mundo”. Con ese tipo de pensamiento out-of-the-box es que América Latina va a avanzar.
Brasil también está apostando por generar algunas condiciones favorables para los EV: redujo de 35% a cero los aranceles de importación, siendo el primer coche 100% eléctrico el BMW i3 con precio original de 60.000 dólares, pero gracias a incentivos fiscales bajó a 52.560. Es un precio aún alto para la media de compradores, pero es un avance. Los incentivos deben continuar para seguir reduciendo costos de los EV.
España: un claro ejemplo de regulación de avanzada al implementar un Plan de Impulso a la Movilidad con Vehículos de Energías Alternativas (Movea) dirigido a apoyar la adquisición de los vehículos más eficientes consistente en incentivar la adquisición en España de vehículos con energías alternativas a los combustibles tradicionales, así como para la concesión de ayudas para la implantación en España de puntos de recarga para vehículos eléctricos en zonas de acceso público.
La tarea es empezar. Y como siempre: cuando hay ideas para mejorar todas son buenas.