Un informe presentado en días pasados por una misión de las Naciones Unidas, en el que se denuncia que jefes de los servicios de inteligencia civil y militar de Venezuela han cometido crímenes de lesa humanidad para reprimir a la oposición, aporta nuevos elementos para la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en suspenso desde abril, y compromete al nuevo fiscal del máximo organismo internacional de justicia, Karim Khan, quien hace un año tomó posesión de su cargo y prometió mayor celeridad.
El director de la organización Acceso a la Justicia, Alí Daniels, aseguró que se trata de un riguroso informe que aporta insumos para la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de la CPI, pues «pone de manifiesto que en Venezuela no se investigan las cadenas de mando, debido a que en esos hechos están involucradas las más altas instancias del Estado».
El informe de la ONU describe años de horror en cárceles del Sebin y la Dgcim y señala contundentemente que las autoridades venezolanas «solo se limitan a hacer, en casos muy contados, responsables a autores materiales cuando en realidad se trata de políticas de Estado, que se vienen ejecutando de una manera sistemática».
La misión de la ONU asegura haber documentado los casos de 173 víctimas sometidas a tortura, violencia sexual y a otros tratos inhumanos en centros de servicios de inteligencia, y que «el presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel… fueron los artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria para reprimir a la disidencia».
Se subraya en el informe presentado por la comisión de la ONU que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y a sus agentes, para reprimir la disidencia en el país, lo cual conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos»
El informe muestra que la tortura en Venezuela no es un hecho aislado, sino que forma parte de un plan delineado por altos funcionarios del gobierno, por cuanto deja un número importante de evidencias e indicios, que pueden ser utilizados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para ver en qué medida estos funcionarios estuvieron involucrados en el modus operandi.
La investigación de la Fiscalía de la CPI se encuentra en suspenso desde el pasado abril, cuando el gobierno pidió al alto tribunal «abstenerse formalmente» de esta, en favor de las actuaciones realizadas por las autoridades nacionales competentes de Venezuela.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, decidió ese mes solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares del organismo la reanudación de la investigación, que hasta la presente fecha aún no ha emitido ninguna información al respecto.
Ante el intento de las autoridades venezolanas de obstruir la rendición de cuentas por presuntos crímenes de lesa humanidad, la intención del fiscal de la Corte Penal Internacional de seguir adelante con su investigación, envía un mensaje importante a las víctimas, señaló Human Rights Watch, aún cuando es esencial que demuestre un compromiso claro con las víctimas, las comunidades afectadas y las organizaciones de la sociedad civil, que buscan justicia por los abusos sufridos.
El viaje de Khan a Venezuela generó preocupación entre la sociedad civil, dado que se reunió únicamente con funcionarios del gobierno, y no sostuvo reuniones con víctimas y comunidades afectadas, amén de que la solicitud de Venezuela de una extensión del plazo otorgada por la CPI, era para que el régimen de Venezuela pudiera demostrar que está investigando o ha investigado delitos que se encuentran bajo su jurisdicción por ser un tribunal de última instancia, que interviene solo cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren investigar y, según corresponda, enjuiciar los crímenes internacionales más graves.
En Venezuela, el poder judicial no ha investigado adecuadamente los abusos generalizados, a pesar de que existen pruebas convincentes de que ocurrieron, y la impunidad por violaciones de derechos humanos sigue siendo la norma, según Human Rights Watch, pero el sistema de justicia de Venezuela no los aborda porque los legisladores partidarios del gobierno, históricamente han contribuido a socavar la independencia judicial.
No debemos olvidar que el 3 de noviembre de 2021, Karim Khan anunció su decisión de abrir una investigación sobre Venezuela, y firmó una carta de entendimiento con las autoridades venezolanas, en la que el gobierno se comprometió a adoptar “todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia”. También debemos recordar que la predecesora del fiscal Khan había señalado en junio de 2021, que “las autoridades venezolanas no tienen interés en investigar y/o juzgar genuinamente tales casos, porque los procesos internos han sido llevados a cabo, con el propósito de proteger a las personas de su responsabilidad penal… y/o los procesos internos no han sido llevados a cabo de manera independiente o imparcial, lo cual significa que han sido llevados adelante de una manera inconsistente, con la intención de no llevar a la persona implicada ante la justicia”.
Los países miembros de la CPI deben asegurarse de que ante la falta de esfuerzos genuinos para investigar los delitos graves perpetrados en Venezuela, las investigaciones del máximo organismo de justicia internacional, siguen siendo la única vía creíble para defender los derechos humanos, caso contrario su credibilidad seguirá rodando por el suelo.
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