Las últimas manifestaciones populares realizadas tanto en Caracas como en la mayoría de las poblaciones del país donde se han puesto de manifiesto, una vez más, la contundente repulsa de la mayoría de los venezolanos contra el actual régimen totalitario que nos oprime. Empecinado a llevarnos a la fase terminal del estado de descomposición social, económico y político que pone en riesgo nuestra supervivencia personal einstitucional. La coyunturapresenta nuevas variantes sobrevenidas que pueden hacer, por las determinaciones irreflexivas derivadas de la ambición de poder ya irrefrenable del personaje, (revestido de un importante rol protagónico actual; auto impuesto y proveniente de exquisitas políticas de gabinete, sin lugar a dudas, fuera de contexto)que puede hacer perder y/o retrasar el objetivo central que todos deseamos.

Al personaje de marras se le ha ocurrido la genial idea de solicitar un referéndum popular en la jurisdicción donde ejerce el más alto cargo ejecutivo. Para decidir, mediante comicios, el insólito e ilegal acto administrativo emanado de la Contraloría General de la República. Impidiéndole ejercer cargos públicos; incluyendo los derivados de elección popular durante quince años. Deseo desmadejar con la mayor ecuanimidad posible todos los factores concomitantes imbricados que conforman la insólita e inoportuna proposición. Trataré de evitar que el razonamiento se pueda interpretar cómo una animadversión subjetiva en contra de su persona.

Situación fáctica: Por primera vez luego de largo tiempo hubo plena coincidencia; casi espontánea, acerca de la táctica política a ser implementada por los disímiles factores de la oposición organizada y de la ciudadanía en general. La de ejercer a plenitud en la calle el derecho constitucional de manifestar resueltamente la inconformidad ciudadana ante la reiterada violación  gubernamental de la constitución y del “Golpe de Estado continuado” (Término por mí acuñado desde hace más de tres años en mis artículos) e impedir la insistencia gubernamental de perseverar el proceso tendente a perpetuarse a como dé lugar en el poder. En tal sentido plantear la opción refrendaria en el estado Miranda, además de pueril, confusa e inoficiosa; lo único que significa  y trae como inevitable consecuencia es la distracción y confusión de la opinión pública. Permitiría, si en definitiva se impone la tesis, que los intereses personales y políticos –por más legítimos que puedan ser, pero sin duda alguna inoportunos-del gobernador prevalezcan por sobre los altos intereses nacionales en juego. Lo que está sujeto a dilucidar no es el futuro político de Capriles. ¡Es la supervivencia de Venezuela como tal!

La Sanción: En infinidad de ocasiones hemos manifestado que nuestros poderes públicos fundamentales han perdido la legitimidad de origen y la necesaria independencia en el desempeño de sus atribuciones constitucionales. La circunstancia de ser meros órganos subalternos del ejecutivo nacional,  (El Poder Judicial, FGR, CGR, DP, CNE) incluyendo a la FANB; al imponer a esta última como un peligroso actor parcializado más en el juego político partidista. Tales consideraciones nos llevan a la lógica conclusión de que estamos sumergidos en una peculiar dictadura que permite el menguado disfrute de un distorsionado ejercicio parcial y limitado de varios de los recursos democráticos (libertad de prensa y manifestaciones públicas entre otras) que aún  mantiene confundidos, a nivel nacional como internacional, a unos pocos todavía. La legalidad e improcedencia de la sanción administrativa ya ha sido suficientemente debatida y cuestionada por juristas, académicos y abogados en general. La ilegalidad de la misma no amerita discusión alguna.

El Órgano: La Constitución Nacional en su Capítulo IV establece todo lo concerniente “Del Poder Ciudadano”. El texto del artículo 273 es diáfano, tanto en lo sustantivo como en lo adjetivo. Allí se afirma que: “El Poder Ciudadano se ejerce por el Consejo Moral Republicano”. Como sabemos, el mismo lo integran el DP, FGR y CGR. (1). También nos hemos referido en múltiples oportunidades a las ejecutorias de estas dependencias -indignas en la actualidad por subalternas-  en el manejo de las políticas de Estado. Deseo, en esta ocasión, referirme a la Contraloría General de la República. Algunos politicastros y pragmáticos de ocasión sostienen que la ética y la moral son elementos no significativos que impiden el cabal y real ejercicio de la política. No es mi intención, en este artículo, ahondar en el tema. Quiero solamente resaltar que es la propia constitución la que incorpora la creación del “Consejo Moral Republicano”. La moral y por consecuencia la derivación ética necesaria del órgano se encuentran severamente cuestionadas por la actuación recurrente del Contralor y de sus familiares cercanos. Nelson Bocaranda, el respetado comunicador social; autor de de Runrunes, ha publicado una especie de “organigrama” donde se establece diáfanamente, con vocación didáctica, la actividad administrativa desplegada por la parentela contralora: El cuñado del contralor; su sobrino y la sobrina (con el novio de ésta incluido); su hijo con la esposa; su hija con el novio; otra hija con el esposo; el nieto con la novia, quien a su vez es hermana de la mano derecha del contralor en su despacho y otra hija con el cónyuge. Pareciera galimatías, pero no es así. Concluiríamos entonces, persuadidos de que el nepotismo, lacra amoral y para nada ético, instaurado por el inmoral Contralor contradice y hace nugatorio el cabal funcionamiento republicano en el rimbombante Consejo. El mismo no es ni moral ni ciudadano… sino de “otoño”.

Lo aleatorio: Se han producido declaraciones de prebostes burocráticos que merecen, por su gravedad, un breve comentario: Los “kalashnikov” están prestos para ser utilizados en defensa de la “robolución”… Esto no es una metáfora inoficiosa pronunciada al desgaire. Proviene de una negrura; casi de oscurantismo, por lo prieto del pensamiento, forma y acción de quien, lo único que le falta, es ser Arzobispo de Caracas. En las puertas del cementerio y basurero político, donde ya se encuentran, están envalentonados a lo Jalisco: “…Cuando no pierden, arrebatan”. En San Félix el obeso mayor fue rociado; a punta de huevo, entre otras cosas, con un contundente y viscoso manto de protesta ciudadana. Vale la pena resaltar dos cosas: El pueblo demostró que ha perdido el miedo para hacer valer el ya indetenible sentimiento nacional de repulsa; en una especie de “Fuenteovejuna renovada”. Lo segundo lo constituye la generosidad ciudadana expresada en tiempos de penurias económicas al prodigarle al presidente una cuantiosa –por el número y valor monetario- e indiscriminada posturas de gallinas. En la actualidad casi imposibles de adquirir por su exorbitante precio.

Cantos de Sirenas: Maduro y su combo están conscientes de la situación. Por ello no es gratuita su aparente manifestación de voluntad de realizar las elecciones regionales este año y estirar la arruga, una vez más, al proponer las dos inciertas elecciones, -por los antecedentes conocidos- gobernadores y alcaldes en evidente retraso y la presidencial de diciembre de 2018. Como la olla de presión está a punto de implosionar, demagógicamente pretenden abrir las válvulas para prolongar la agonía creando falsas expectativas. Lo cierto es que el gobierno ha demostrado –y pretende continuar haciéndolo- que hace lo que le da la real gana. Que le importa un comino las previsiones constitucionales de todo tipo; incluyendo las que se refieren a elecciones. No es la primera vez que impunemente lo han realizado: La ¡mora constitucional! continúa vigente.

Lo trágico: Nuevamente tierra venezolana ha sido regada con sangre (Cinco fallecidos –por ahora-en Caracas, Barquisimeto, Valencia, Táchira etc.) derivada de la acción represiva del gobierno. Los testimonios gráficos de guardias nacionales y policías con letales armas de guerra desenfundadas y prestas para disparar. La inútil admonición de que estos métodos e instrumentos represivos no son cónsonos con regímenes de talante democráticos donde funcione el estado de derecho. La responsabilidad política, civil y penal de tales acciones deberán ser objeto de pronta implementación en el nuevo régimen. Oí la inverosímil declaración del milico represivo mayor y de otros altos personeros burocráticos en el sentido de que se le debe administrar la “justicia penal” (Léase carcelazo) a los dirigentes políticos que han encabezado las últimas manifestaciones públicas. Por “carambola” estos peculiares especímenes reconocen -de manera oblicua-que los policías y sus jefes, ministros y hasta el propio presidente  de la república son responsables política, civil y penalmente por todos los desafueros cometidos en el uso y manejo de sus funciones y atribuciones.

Colofón parcial: Culminó la Semana Santa con hechos importantes que deben ser resaltados: La mayoría de los venezolanos estamos conscientes de que por encima del humano disfrute festivo en el periodo religioso-vacacional; se impone, y debe prevalecer por sobre todas las cosas, la suerte suprema de la república. Creo, si mi memoria no me falla, que es la primera vez que se producen manifestaciones políticas en este tipo de temporadas. De tal manera que rompimos la cómoda e irresponsable  tradición de que en los carnavales, la semana mayor, las fiestas patrias y el periodo navideño eran contradictorios con el uso solidario de los derechos constitucionales de protesta establecidos en la Carta Magna y demás leyes de la república. Lo que demuestra que hemos adquirido una magnífica y nueva manera de madurez política.

Nota: (1). Inexplicablemente al constituyente de 1999 se le olvidó incluir dentro del novedoso Poder Ciudadano, y, por consecuencia, al Consejo Moral Republicano; al también denominado Poder Electoral. Este, por ser árbitro garante de imparcialidad; debería ser un órgano efectivamente idóneo, constituido a través de las personas que lo integran, de incuestionables valores cívicos, cualidades morales, éticas y republicanas que garanticen, sin desviaciones, trapacerías ni máculas de ninguna naturaleza, que se cumpla y se acate a cabalidad lo dispuesto en el artículo 5 de la constitución: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”.

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