Utilizaron como señuelo la recién aprobada Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en diciembre de 1999 para camuflar sus verdaderas intenciones, ante un país que aspiraba a iniciar un nuevo siglo y una nueva fase política, bajo signos de prosperidad y de renacimiento de la democracia, ante la tozudez del decadente puntofijismo incapaz de renovarse. Esa legítima ilusión pronto se tornó en vana, al trazar el prócer de Sabaneta la senda y el objetivo de corporativizar la sociedad venezolana.
Los primeros pasos se diseñaron en agosto de 2000 con la convocatoria a referéndum sindical, cuyo objetivo era disolver al sindicalismo, particularmente la CTV, convocando al pueblo a un acto ilegal el 3 de diciembre de 2000, violatorio de la carta magna (artículo 95) y de convenios internacionales (87, 98 OIT) cuyo resultado fue la intervención desde el Estado al movimiento sindical, artimaña por cierto coincidente con el decreto de la Junta Militar de 1949 que proscribiera al sindicalismo y algunos partidos políticos de la época.
La próxima estación fue 2006 con la aprobación de la Ley orgánica de los consejos comunales, cuyo destino ha sido desarticular la base social de la población, agrupada en asociaciones autónomas de vecinos y juntas parroquiales, al sustituir estos órganos de la democracia participativa de expreso rango constitucional (artículos 71, 182, 184), por estos organismos comunales de relación vertical con el Estado, al colocarlos como apéndices del Ministerio del Poder Popular.
La operación no se detuvo allí, desde el Ejecutivo se desarrolló toda una ofensiva, la fallida reforma constitucional de 2007, sancionada con la dolorosa derrota gubernamental el 2D, cuyo despliegue mostró el bojote y la aviesa intención de instaurar el Estado comunal y la nueva geometría del poder, de expresa orientación neocorporativa fascista.
El traspiés sufrido por el régimen no lo detuvo en su plan, cautivó a sectores opositores para implantar la reelección indefinida en 2008, y luego rematar la faena con la aprobación del entramado jurídico de leyes orgánicas comunales en diciembre de 2010, por una Asamblea Nacional carente de legitimidad, al existir otra ya electa en septiembre de ese año cuando el régimen carecía de votos para aprobar leyes orgánicas.
El modus operandi de torcidas intenciones le conllevó a una nueva faena, la aprobación de una Ley orgánica del trabajo en mayo de 2012, mediante un ilegal decreto surgido de una ley habilitante, de las que el régimen ha abusado a placer, violatorio de la disposición transitoria constituyente para imponer el DLOTTT, que sustituye a los directores laborales para imponer los Consejos de Trabajadores (artículos 497, 498).
Contexto previo a la recién aprobada Ley de los consejos productivos de trabajadores, aprobada el 30 de enero de 2018 por la fraudulenta montonera del PSUV autodenominada ANC, ley precedida por un decreto presidencial, el N° 17, en el marco del estado de excepción y emergencia económica de noviembre 2016, ratificado en 2017, cuyo contenido definitivamente establece la instauración en todo el sistema de relaciones de trabajo, tanto público como privado, de comisarios permanentes del régimen sobre toda actividad interna, que conlleva hasta la delación ante innumerables organismos del Estado a quien se aparte del carril estatal.
En resumen, no es especulación; es evidente, estamos frente a un mapa trazado por el castromadurismo rumbo al Estado comunal, donde la elección presidencial es solo un episodio; una situación que amerita, ante la falta de voluntad política, la unidad de todas las fuerzas democráticas con el apoyo de la comunidad internacional, para enfrentar el macabro plan de implantar un apartheid en el que solo existan los sumisos al régimen.
Lo lamentable del trance que nos agobia es cuando una sociedad solo ve el árbol y se niega ver el bosque, bien sea por culpa de sus dirigentes o por simplemente conformarse con su fatal destino.