Nos encontramos en una dificilísima etapa en nuestro camino hacia la transición democrática. El régimen de Nicolas Maduro ha generado un colapso social, económico y político sin precedentes y se enfrenta al rechazo generalizado del país, la región y el mundo. Ya no son suficientes los controles sociales, el aprovechamiento criminal de la crisis, el chantaje ideológico ni el fraude electoral para seguir sometiendo al país.
Los intentos de la Venezuela democrática, apoyada por la comunidad internacional, para producir una salida pacífica son burlados de manera reiterada por la dictadura, en medio de un discurso hipocrático de falsa conciliación y entendimiento. Una estrategia criminal para ganar un tiempo que el país ya no tiene.
La necesidad de cambio nacional se enfrenta ahora a un régimen acorralado que, ante su indetenible metástasis, solo encuentra en la violencia el único recurso para sostenerse en el poder.
Las masivas violaciones de los derechos humanos sobre comunidades y grupos -periodistas, médicos, sectores académicos, entre otros- se han recrudecido de forma aguda. Igualmente, Maduro ha hecho llamados directos a grupos paramilitares para agredir a la población y realizar acciones de terrorismo, asesinato e intimidación. Esto se ha evidenciado en días recientes con el nombramiento de José Miguel Domínguez como nuevo director de la FAES, un reconocido líder de los llamados “colectivos”, implicado en los hechos en los que se produjo el asesinato de Bassil Da Costa.
Esta “paramilitarización” gubernamental se suma a la generación desde el régimen de un colapso nacional, que afecta todos los espacios de nuestra vida. También, a la pérdida definitiva del Estado de Derecho: lo vemos en las detenciones arbitrarias y el uso de violencia en contra de manifestantes indefensos en las protestas, en el secuestro del diputado Gilber Caro (de quien se desconoce su paradero y estado a casi dos semanas de su desaparición forzada). En la persecución que desde la espuria asamblea constituyente se lleva a cabo en contra de los diputados de la Asamblea Nacional, único órgano legítimamente electo por los venezolanos.
La respuesta de las comunidades en esta escalada de violencia, ilegalidad y represión ha sido la de reforzar y cohesionar las distintas redes de apoyo y solidaridad que han venido formándose. Sin instituciones que velen por los ciudadanos y conscientes de la instrumentalización de la violencia que el régimen ejerce en amplios sectores de la población, en muchas comunidades las redes se han robustecido y ampliado, generando mecanismo de comunicación y protección que permitan contrarrestar, en la medida de lo posible, la brutal represión y hostigamiento a las que son sometidas por la dictadura.
Una resistencia que se articula en los valores convivenciales y en la que se expresa categóricamente la necesidad imparable de cambio. Como bien lo ha afirmado el profesor Alexander Campos, en comunidades como las de Petare o en La Vega en Caracas, es palpable el “resteo” de las personas para materializar el fin del régimen y la construcción de una nueva democracia, a pesar de las terribles condiciones que sufre el país.
Es prioritario que los distintos liderazgos sociales y políticos visibilicemos y denunciemos los estragos que la violencia del Estado está produciendo en nuestras comunidades. Con igual importancia, debemos mantenernos hombro con hombro con estas, consolidados en una causa única de cambio y transformación que nos permita enfrentar y superar esta etapa terminal del régimen, compleja, extrema y de violencia.
¿Hasta dónde llegará esta violencia? Es el único recurso y la única vía que ha asumido esta dictadura que, en su caída, busca arrastrarnos a todos con ella.
Es por eso que seguimos insistiendo en nuestro llamado a quienes todavía hoy ocupan cargos en estructuras de poder, a que se unan y contribuyan a que pueda haber una transición pacífica en Venezuela.
Roberto Patiño