En la contención que sostenemos, desde hace más de un siglo, contra el imperio inglés, primero; y luego con su causahabiente la República Cooperativa de Guyana, las posibles alternativas de solución han derivado hacia aristas escabrosas. Aunque complejas, a la vez interesantes que estamos enfrentando.
Como se sabe y es del dominio público internacional, todo el reclamo devino en un litigio; a partir de la interposición de acciones que hizo la excolonia británica contra nosotros, el 29 de marzo del 2018.
El gobierno guyanés, al enterarse de la determinante decisión de Venezuela a hacerse parte del juicio ante la Corte Internacional de Justicia, ha desatado un propagandismo exagerado e inusitado con “descomunal ferocidad”, en varias vertientes: en Georgetown, con la utilización de la televisión a diestra y siniestra contra nuestro país; haciéndonos pasar como avaros en la reclamación, o imbéciles e ignorantes del Derecho Internacional Público.
Otra burda estrategia ya la conocemos: vienen organizando sistemáticas visitas a la Guayana Esequiba del presidente Irfaan Ali, de ministros, miembros de las Fuerzas Armadas, empresarios, representantes de todas las organizaciones políticas e iglesias.
Han sistematizado una campaña de intimidación hacia las poblaciones ubicadas en la Zona en Reclamación (que no acepten cedulación venezolana), precisamente en la Guayana Esequiba que nos ha pertenecido históricamente.
Han firmado pactos y demás convenios de entrenamientos y asesoría militar con algunos gobiernos.
Han invitado y recibido visitas de funcionarios de alto rango del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Las instrucciones – desde el gobierno central—para todos los organismos de la administración pública centralizada y descentralizada, extensivas a las empresas privadas – para todos con carácter obligatorio- es colocar en sitios visibles el mapa de Guyana, donde aparezca incluida para ellos la Guayan Esequiba.
A todos los anteriores, súmese este otro elemento a considerar, en su desatada estrategia: no es casual, desprevenidas o ingenuas las destempladas declaraciones del señor Robert Persaud, ministro guyanés de Relaciones Exteriores, quien ha tenido la desfachatez de solicitar a las plataformas digitales Facebook, Google, Instagram, Twitter que se abstengan de colocar en sus publicaciones la extensión territorial en disputa, como perteneciente al mapa de la República Bolivariana de Venezuela.
Incluso nos han acusado ante el nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, de estar utilizando falsas cartografías del área en controversia; por cuanto, según exponen los voceros guyaneses tal espacio geográfico se encuentra bajo su domino y soberanía, y dicen ser sus “propietarios”.
Añádase el despropósito del señor Brian Nichols, subsecretario de Estado para el hemisferio occidental de Estados Unidos, de pedirnos que aceptemos –tentativamente- al inexistente (por nulo e írrito) Laudo Arbitral de París, del 3 de octubre de 1899, hasta que la Sala Juzgadora de la ONU, dicte sentencie al respecto. Tamaño injerencismo, para nosotros es inaceptable.
Analizadas las cosas hasta aquí, no caben dudas; han estructurado todo un entramado: político, diplomático, económico, comunicacional.
Y lo hacen porque saben que jurídicamente, en estricto Derecho, no tienen nada que buscar.
Por lo visto, han arreciado, en los dos últimos años. Se las están jugando completa; pero queremos que sepan que nosotros también vamos con todo, con nuestro incuestionable acervo probatorio.
Que lo tengan claro, además, las 59 empresas transnacionales que han recibido concesiones ilegales y fraudulentas para operar en una zona sometida a un arreglo judicial. “Quien siembra en conuco ajeno…”
Estamos observando y examinado –críticamente- el despliegue inusitado en los canales internacionales; también en los diarios de mayor circulación — los de mucha credibilidad y prestigio y los más leídos en el mundo– la ilimitada propaganda que el gobierno guyanés” ha cancelado”, con la finalidad de darse un barniz favorable en torno al histórico caso del Esequibo. Tratan de diseñarse una matriz de opinión acomodaticia.
No hay sorpresas para nadie, toda la detestable parafernalia mediática, que estamos denunciando, recibe cuantioso financiamiento de las compañías, de distintas procedencias; con lo cual pretenden resguardar sus intereses en la exploración, explotación y comercialización de los inmensos recursos de la zona en controversia.
Debemos ser enfáticos en pronunciar con insistencia ante el mundo: no le estamos quitando las dos terceras partes del territorio de Guyana, como ellos “arguyen” en sus vocinglerías por los medios de comunicación a nivel internacional.
Nuestra nación ha sido la víctima, hace más de un siglo, del vil despojo perpetrado con mala fe y añagaza jurídica.
Nosotros tenemos enjundiosa documentación y respaldo cartográfico: pruebas constituidas y constituyentes para demostrar que fue el Imperio Británico que nos usurpó y despojó, mediante las trampas y demás tratativas políticas-diplomáticas urdidas a finales del siglo XIX, de una séptima parte de la geografía venezolana; incluso tenían la aviesa intención de arrebatarnos hasta el Delta del Orinoco y una considerable parte del estado Bolívar.
Lo que hemos descrito, de manera somera, es lo que vergonzosamente ha emprendido Guyana; que pensó que el mandado estaba hecho; que nos quedaríamos de brazos cruzados y bocas silentes.
Considerando lo antes planteado y frente a tales desmanes: ¿Qué debemos hacer nosotros para defendernos y atacar; para que se conozcan nuestras verdades sobre este asunto litigioso?
Primeramente, comparecer el próximo 17 de noviembre a la Corte, para consignar nuestros alegatos sobre la Excepción Preliminar, que introdujimos el 7 de junio pasado. Esperar la contestación de la contraparte y la sentencia de la citada Entidad Juzgadora sobre esa cuestión incidental.
Conforme a la decisión de la Corte –sin perder tiempo— debemos declararnos y dedicarnos a trabajar tiempo completo ( en la conformada comisión multidisciplinaria) en la discusión, análisis, investigaciones documentales, formular la narrativa de los hechos fundamentales; compendiar las alegaciones de derecho; hacer las precisas consultas públicas y privadas; en fin, todo cuanto haya que diligenciar para elaborar el Memorial de Contestación de la demanda, que deberíamos consignar en la Corte, – si así lo autoriza el Jefe de Estado—para el día 8 de marzo de 2023.
Si la Corte no admite la demanda de Guyana, nos corresponde fijar otras estrategias, que informaremos en su debida oportunidad.
De ser factible la opción de demanda, en el Memorial de contestación ratificaremos el contenido del artículo primero, del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, que ellos aceptaron (sin presiones ): el Laudo es nulo de e írrito; por tanto, sobre ese abominable documento no hay nada que discutir, no es oponible a nada; porque ha resultado insubsanable, históricamente, de nulidad absoluta –ipso jure—. Inexistente y en esa condición arrastró la supuesta causa de pedir de la contraparte. No hay causa.
Como nuestra segunda estrategia –para poner las cosas en claro–, en simultáneo con la consignación de la Contestación, nos encontraríamos en la precisa y mejor ocasión para estructurar una contrademanda o interponer acciones de reconvención, por todo el daño que Guyana ha venido perpetrando a Venezuela.
La delegación venezolana que comparecería ante la Corte, en la fecha arriba señalada, tiene pleno derecho, en nombre de nuestro Estado para incoar una demanda o instaurar un juicio en paralelo contra quien nos ha demandado. Todo, relacionadamente, en el mismo proceso.
Siendo de esta manera, entonces, el Jurado sentenciador –conforme en pleno y justo derecho– debe admitir la solicitud reconvencional; porque existirá absoluta conexidad entre nuestras pretensiones (la restitución) en nueva litis reconvencional y las que ya han sido identificadas objeto de la demanda principal, introducida y ratificada por la contraparte.
El jurado sentenciador de la Corte Internacional de Justicia, que tramita en juicio el fondo de la controversia, pasará a conocer también – por economía procesal—nuestra causa petendi en reconvención, que es –como queda dicho- la restitución in integrum de la extensión territorial que nos la arrebataron y desde entonces ha sido usurpada.
Nuestra solicitud de restitución constituye una petición procesal legítima e irrebatible; cuya finalidad procura concluir mediante una Resolución coherente y satisfactoria, donde se haga justicia a nuestro país