La expresión golpe de Estado debe ser pensada en su significado más amplio. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que golpe de Estado es “la actuación violenta y rápida, generalmente por fuerzas militares o rebeldes, por la que un grupo determinado se apodera o intenta apoderarse de los resortes del gobierno de un Estado, desplazando a las autoridades existentes”. Esa es una forma, pero existen otras.

Si meditamos un poco sobre el tema nos damos cuenta de que la definición de la Real Academia es restringida porque no contempla otros modelos de golpes de Estado que no requieren el uso de las armas, aunque en última instancia se apoyen en ellas. En esencia, golpe de Estado es toda acción mediante la cual se violenta el régimen legal de un país para secuestrar el poder. El uso de las armas para ese fin es la forma rápida y directa, pero el mismo fin se logra por otros medios, como utilizar los recursos del propio Estado para enajenar el poder e impedir su renovación.

Nicolás Maduro ha venido practicando un golpe de Estado continuo desglosándolo en sucesivas etapas. Lo inició en enero de 2016 con el desconocimiento, mediante manejos inconstitucionales, de la Asamblea Nacional, cuyas elecciones ganó la oposición con un amplio margen de dos tercios en diciembre del año anterior. Lo continuó con la obstrucción y suspensión final, también por vías ilegales, del referéndum revocatorio del mandato presidencial, establecido en la Constitución nacional, que la oposición inició correcta y oportunamente en 2016. Mantuvo su curso en 2017, al convocar de manera inconstitucional, y alterando la forma de votación e inflando groseramente los sufragios emitidos, una “asamblea nacional constituyente” (que nadie reconoce) que acapara los poderes del Estado y adultera, por añadidura, la naturaleza misma de ese órgano supremo del poder popular. Finalmente, culminó su acción golpista con las elecciones presidenciales del 20 de mayo, convocadas a destiempo y en condiciones inaceptables para la oposición, la cual, como era el propósito de la maniobra, se abstuvo de votar en forma mayoritaria.

Tanto el referéndum revocatorio de 2016 como las elecciones presidenciales del año en curso, de haberse realizado sin trampas, hubieran revocado a Maduro del cargo, porque la inmensa mayoría de los venezolanos desaprueba su gestión y anhela desesperadamente un cambio de gobierno. Burlar descaradamente el anhelo popular, desconocer olímpicamente la voluntad nacional, violar la Constitución y las leyes, y llevar a cabo acciones fraudulentas de todo tipo para mantener ilegítimamente el poder, como lo ha hecho Maduro a lo largo de su desastrosa gestión, es algo mucho más grave que insurgir con las armas para reponer el orden constitucional violentado, como debería ocurrir hoy en Venezuela, de conformidad con las disposiciones de la propia Constitución mancillada.

El golpe de Estado intentado por Chávez contra el presidente Carlos Andrés Pérez en 1992, el tan celebrado y recordado 4-F, destacado con letras gigantescas en el mausoleo del comandante eterno, tendría hoy la justificación que no tuvo en aquella oportunidad.

Lo expuesto en este artículo es ampliamente conocido por la opinión pública nacional e internacional. Por eso, los venezolanos y los países que se mueven en la órbita democrática, que no se aprovechan de la desgracia nacional con fines vergonzosos, desconocen los resultados de las votaciones del 20 de mayo y consideran ilegítima la investidura presidencial de Nicolás Maduro.