La estrategia que redujo la acción del Estado venezolano a la administración perversa del hambre y la pobreza se puso en marcha hace casi 20 años, el 27 de febrero de 1999, con el nombre del Plan Bolívar 2000. El palabrerío con que entonces se hizo el anuncio puede constatarse en cualquier hemeroteca: se dividiría el país en 26 “teatros de operaciones”, nada menos que para “reconstruir el país”. Dijo Chávez entonces que las 6 áreas serían infraestructura, educación, salud, empleo, seguridad y alimentación. Se daría inicio inmediato a la reparación de escuelas, hospitales y carreteras. Esto es importante recordarlo: la primera lista del régimen se elaboró en ese momento. Se convocó a los desempleados a suministrar sus datos con la promesa de que serían llamados para concederles un empleo.

El Plan Bolívar 2000 es un hito en la historia de la destrucción de Venezuela, por al menos cuatro razones que es pertinente recapitular brevemente. Uno: puso en circulación el argumento de la unión de lo cívico y lo militar que, a fin de cuentas, no era sino un primer paso en el propósito de hacer uso de las fuerzas armadas para fines políticos y de sometimiento de la población venezolana. Dos: invocó una supuesta situación de emergencia –Chávez dijo entonces que 86% de los venezolanos vivía en condiciones de pobreza extrema– para evadir los controles exigidos por la ley y crear condiciones que hicieran posible, a velocidad del rayo, la corrupción. Tres: estableció la política de comprar bienes de forma directa fuera de Venezuela –en una primera etapa, básicamente alimentos–, a precios estrambóticos, para venderlos a los consumidores a precios por debajo del mercado, lo que constituyó la avanzada del proceso que derivaría en la destrucción de la economía venezolana. Cuatro: logró que en decenas de ciudades del país padres y madres comenzaran a invertir su tiempo en largas colas para obtener el beneficio de unos productos subsidiados: precios de una economía ficticia que, en muy poco tiempo, acabaría por destruir la economía real.

Todo el mecanismo antes descrito, al que podrían añadirse otros elementos fundamentales como el personalismo que Chávez le imprimía al programa, estableció los parámetros de un modo de proceder destinado a fomentar una sociedad dependiente del dictador. Desde entonces, el régimen ha repetido y empeorado sus errores. Aunque la realidad y los hechos han demostrado la inviabilidad económica, logística, operativa y organizacional del modelo, ha vuelto a él, una y otra vez. La creación en 2003 de Mercal y sus centros de acopio –la llamada Misión Mercal–; la creación del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y de las casas de alimentación en 2004; de la Fundación Programa de Alimentos –Fundaproal– en 2005; de la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas –SADA– en 2006; de la Comisión Presidencial Misión Alimentación y de Alimentos La Casa –Venalcasa–, en 2007; de Productora y Distribuidora de Alimentos –Pdval–, en 2008; de la Corporación Venezolana de Alimentos en 2010, a la que se adscribieron decenas de empresas improductivas y de nombres ridículos como la Empresa Socialista Ganadera Agroecológica Bravos de Apure; la red de Abastos Bicentenario en 2011; de Farmapatria en 2012; de Comercializadora y Distribuidora Red Venezuela –CDR Venezuela– en 2013; de Corporación Productora, Distribuidora y Mercado de Alimentos S. A. –Corpo-Pdmercal– en 2014; de los comités locales de abastecimiento y producción –CLAP–, de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano y de los centros de empaquetado de alimentos –CEAC–, en 2016, son una demostración inequívoca de una patológica vocación por el fracaso, la corrupción, el engaño y la incompetencia.

Ningún venezolano debe olvidar que, de forma simultánea al objetivo de crear una sociedad dependiente, se ha destruido el sector privado y productivo venezolano: se expropiaron fincas que fueron arrasadas y arruinadas; se tomó el control de empresas agroindustriales –lácteos, aceites, arroz, azúcar, café y otras–; de suministros para el sector agrícola como Agroisleña; de tierras y cadenas frigoríficas, y que nada de esto, léase bien, nada de esto arrojó un mejor resultado que escasez, descenso de las tasas de productividad, empobrecimiento del país y un universo de colas cada vez más frecuentes, más largas y con peores resultados.

En diciembre de 1999 se produjeron las primeras confrontaciones entre uniformados y personas ansiosas por adquirir productos por debajo de su costo. En la avenida Bolívar, en Caracas, y en Maracay, la lucha por comprar pollos derivó en desórdenes. La oferta era insuficiente con respecto a la demanda. Cuando las personas que permanecían en las colas se percataron de que no habría producto para ellos, se abalanzaron para exigir que les garantizaran, cuando menos, un pollo. No tardaron en ser reducidos a patadas y golpes.

A lo largo de estos años, bajo el impacto del empobrecimiento, el hambre, la escasez y la inflación, la violencia en las colas se ha vuelto cada vez más frecuente y más intensa. Las disputas entre personas que madrugan y pasan horas y horas a la espera, y los uniformados, son cada vez más recurrentes y feroces. Muchas de ellas ni siquiera se divulgan. La práctica del régimen de ofrecer lo que no puede dar está en el meollo de estos hechos.

Los lectores deben recordar que el 31 de diciembre de 2017 un sargento de la Guardia Nacional mató de un disparo a una joven embarazada durante una jornada de repartición de perniles. La atrocidad del crimen cometido reclama nuestro repudio y también nuestra reflexión sobre su significado de fondo: el poder desesperado promete lo que no puede dar, porque ha destruido la economía, las instituciones, la confianza de los proveedores, los sistemas de distribución. Pero cuando los ciudadanos exigen y protestan, y levantan la voz, y salen a la calle a reclamar sus derechos, no reciben atención, ni explicaciones, ni soluciones, ni medicamentos, ni servicios, ni seguridad personal, ni siquiera pollos ni mucho menos perniles navideños. Reciben gases lacrimógenos, golpes, prisión, tortura, juicios militares o balas.