Debiendo abordarse temas cruciales en el contexto del Primero de Mayo 2017, como lo es la destrucción del mundo del trabajo en todas sus dimensiones, que presenciamos dramáticamente en nuestro país, porque impacta a los 30 millones de habitantes, por la emergencia hay que ocuparse en dar respuesta a la irresponsabilidad presidencial de convocar una constituyente, como artilugio para mantenerse en el poder con la pretensión de distraer a una población diezmada y agotada por la ruina y las calamidades que padece.

Al ritmo de los discursos destemplados característicos y ante un escenario de marchantes obligados desde todos los rincones del país, anunció el tan mentado desencadenante histórico que anunciaría en la avenida Bolívar al manifestar: «Convoco una constituyente ciudadana, no una constituyente de partidos ni élites, una constituyente ciudadana, obrera, comunal, campesina, una constituyente feminista, de la juventud, de los estudiantes, una constituyente indígena. Pero sobre todo, hermanos, una constituyente profundamente obrera, decisivamente obrera, profundamente comunal. Convoco a los comuneros, a las misiones».

Propuesta emparentada con los sistemas corporativos fascistas de Primo de Rivera, Francisco Franco y Benito Mussolini, cuyo contenido en el caso de España estableció un seudoparlamento, donde la facultad legislativa la mantenía el dictador con una composición de diputados, provenientes de los sindicatos, de las comunidades, los empresarios, de las mujeres casadas, reunidos en las cortes franquistas (1942); y si es en el caso italiano, el Consejo Nacional de Corporaciones sustituyó el parlamento (1927), donde no se representaba a los partidos, sino a los gremios, sindicatos y a las organizaciones comunales.

Esta propuesta madurista es un contrabando pretendido en nombre de la vigente CRBV y de su artículo 347, cuya intención es sustituir el voto universal, directo y secreto establecido en los artículos 5 y 63 del vigente texto constitucional, por el voto sectorial de grupos, característico de los regímenes corporativos que desconocen la soberanía popular sustituida por la voluntad unipersonal del caudillo de turno.

Venezuela tuvo una experiencia democrática en 1999, allí se eligió una Asamblea Nacional Constituyente donde participaron todos los venezolanos, nacionalmente y desde sus estados, en un momento justificado por el agotamiento de las instituciones políticas establecidas en el contexto del puntofijismo.

Por tanto, someter al pueblo venezolano en circunstancias que ameritan por parte del Ejecutivo nacional una conducta de respeto a la Constitución y de atender los grandes problemas nacionales es un crimen de lesa humanidad, que debe ser rechazado por toda la población, por las organizaciones políticas, sindicales, gremiales, juveniles, académicas, en fin, por toda una nación sedienta de que se recuperen los valores democráticos, y la recuperación de una economía que le permita una vida digna acorde con la riqueza nacional.


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