Si algún elemento refleja en toda su amplia dimensión, la descomposición institucional, económica y ética del Estado venezolano, es el de la comercialización de la gasolina. La imagen de lo que ha sucedido, sucede y sucederá con el combustible, proyecta nítidamente el desastre que encarna el populismo.

Es un espejo, la gasolina, en la que puede verse nuestra sociedad, cada vez que se le ofrezcan villas y castillos. Una proyección nítida de lo que es el populismo.

El populismo como estrategia de acceder y amarrarse al poder, asume con absoluta irresponsabilidad, la gestión de una sociedad hasta conducirla a niveles de destrucción, de la que luego levantarse, representa un esfuerzo, con unos costos humanos y materiales colosales.

El populismo de Hitler produjo el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. El populismo de Chávez y su entorno han producido este holocausto, que es la Venezuela del presente.

La izquierda y el militarismo fascistoide de Chávez siempre cabalgaron con la demagogia populista de hacer del petróleo, y en especial de la gasolina, el caballo de Troya para justificar la dilapidación y robo de nuestra riqueza petrolera.

En la medida que el país creció, y con ese crecimiento se elevó la promoción social, con el surgimiento de una vigorosa clase media, los costos de ofrecer un combustible subsidiado a niveles absurdos, fueron comprometiendo de manera creciente, la salud financiera de nuestra principal industria y fuente de ingresos fiscales. Tan grave dificultad se hacía más evidente, en los periodos de precios bajos del petróleo en los mercados internacionales.

A finales del siglo XX, un sector significativo de la dirigencia democrática, entendió que los precios viles de la gasolina constituían un daño severo a la economía nacional, generando una cultura de despilfarro en la población, con la cual terminaban comprometiendo su propia calidad de vida. Comenzó entonces un tímido proceso de valoración del combustible. 

En enero de 1989 comienza un plan de ajuste progresivo del precio de la gasolina. El tema fue tomado por los sectores políticos tocados por el populismo irresponsable, como palanca para la agitación y la acción política.

“No al aumento de la gasolina” y “El petróleo es del pueblo” eran consignas de esos tiempos. Se había creado la cultura de la existencia de un derecho, como país petróleo, a una gasolina a precios viles, casi que regalada.

Esto generó una reacción de protesta popular, que fue estimulada y orientada a la violencia, por parte de los equipos de agitación  de la ultra izquierda radical venezolana. Aplicando la técnica del foquismo, ese sector político dio lugar al evento conocido como el Caracazo, los días 27 y 28 de febrero de 1989.

El Caracazo produjo, con toda razón, un efecto político y social muy fuerte en nuestra sociedad. Toda la responsabilidad del mismo se le imputó al aumento del precio de la gasolina, y a otros factores de naturaleza sociopolítica. El creciente populismo de esos tiempos, construyó un discurso para negar el ajuste de los precios en los combustibles.

Luego de la cruenta tentativa de golpe de estado, comandado por Hugo Chávez el 4/2/1992, el tema tomó mayor relieve. El chavismo se amarró al discurso populista de que era “un crimen” cobrar un precio, económicamente razonable, por la gasolina. 

El Caracazo fue convertido por el chavismo, en su narrativa histórico política, como un hecho justificador de su irrupción en el escenario político. Historia que crea el dogma de un derecho a gasolina barata, casi que regalada. Es “la gota de petróleo” que nos corresponde, por vivir sobre una de las reservas de petróleo y gas más grandes del planeta.

Llegados al poder, reforzaron con su discurso político y su propaganda enfermiza, ese dogma de la gasolina regalada. “Ahora Pdvsa es del pueblo” es el lema que puede leerse, en la cada vez más reducida flota de vehículos que transportan el combustible hacia las estaciones distribuidoras.

En veinte años se han negado a sincerar los valores reales de este estratégico derivado del petróleo, hasta el punto de llegar no solo a regalarse, sino a financiar su entrega a los ciudadanos.

Los costos financieros han estado alrededor, en pérdidas, de 10.000 millones de dólares por año, en ya casi 20 de gestión socialista. 

Pero lo más dramático de todo ese crimen no solo es esa pérdida financiera, sino los perversos efectos culturales, materiales, gerenciales, éticos, políticos, humanos e institucionales que esta política ha producido en nuestra sociedad.

Pdvsa es una empresa destruida. La producción petrolera ha caído a niveles catastróficos y alarmantes. Endeudada y caotizada en su estructura gerencial. Con 70% de nuestros pozos paralizados. Con las refinerías obsoletas y abandonadas.

Los efectos directos de ese desastre esta ya ante los ojos, del más desprevenido y desinformado ciudadano o habitante de este sufrido país.

Venezuela, que llegó a ser el primer productor y exportador de petróleo, el que tiene las mayores reservas probadas de hidrocarburos del mundo no tiene gasolina. El régimen desesperadamente compra gasolina en otros países, para seguir aparentando que cumple con su consiga: “Ahora el petróleo es del pueblo”.

Pero la realidad está a la vista. Todo el país, salvo Caracas por ahora, ofrece una imagen de colapso general por la ausencia del carburante. Ciudades como Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, San Cristóbal y Mérida hechas un pandemonio con las kilométricas filas de vehículos, buscando acceder al poco combustible disponible. Hasta 72 horas se debe esperar para acceder a una limitada carga de gasolina.

Nuestras ciudades y poblados, próximos a la frontera con Colombia, tienen años padeciendo el fenómeno. Una gasolina regalada en territorio venezolano ha producido un gigantesco mercado negro de extracción, con un lastre de violencia, corrupción y daños inconmensurables.

Comenzó siendo un modesto comercio ilegal, de lo que podríamos llamar “los buhoneros” de la gasolina, hasta convertirse en un monumental negocio de mafias de militares y ejecutivos de la Pdvsa socialista.

La destrucción institucional del estado, llegó a permitir la extracción de buques y gandolas completamente cargadas de combustible. La industria de la pesca, en todas las costas venezolanas, sirvieron de fachada al verdadero negocio: la extracción de diesel y gasolina hacia las islas del Caribe.

Toda esa gigantesca operación de robo a la nación venezolana la llevaban a cabo altos ejecutivos de la industria petrolera, en combinación con altos mandos militares, que permitían la salida del combustible robado a nuestra principal industria.

Si los jefes hacen su negocio, al por mayor, en el mar; los subalternos tomaron para sí la frontera terrestre. Se organizaron verdaderas empresas (mafias y bandas criminales) de extracción de combustible hacia Colombia, y en mucho menor grado a Brasil. Una multitud de operadores se dedican diariamente a sacar la gasolina. En motos, automóviles, camiones y gandolas extrayendo diariamente millones de litros de diesel y gasolina.

La destrucción de la economía nacional, y con ella la de fuentes formales de trabajo, y en los últimos años la pulverización del salario, han fortalecido la red de contribuyentes al saqueo de la ya agonizante riqueza petrolera.

El cierre de los puentes fronterizos no ha paralizado la salida del combustible. Por el contrario, lo ha potenciado, y ha potenciado las poderosas bandas crimínales, que en combinación con factores militares controlan ese paso del combustible, por caminos irregulares hacia la vecina Colombia.

La cúpula roja en general, con Hugo Chávez y Nicolás Maduro en particular, actuó y ha actuado con absoluta irresponsabilidad y desdén ante el avance destructivo del fenómeno.

Prisioneros de su discurso populista, nunca han asumido el problema en su verdadera causa. Nunca han entendido que los precios viles de la gasolina, y su regalo ahora, han generado un efecto tan perverso, que ya no hay nada positivo que rescatar de esa nefasta política socialista, y que por el contrario sus efectos demoledores saltan a la vista.

La revolución ha buscado evadir la verdadera causa del caos del combustible. Antes que enfrentar el problema por el lado de la política económica, lo asumieron desde la perspectiva policial y militar. La solución al fenómeno de la salida del combustible fue instalar controles y reforzar la presencia militar y policial en la frontera. Los controles han incrementado la corrupción en todos los órdenes.

Comenzaron en el Táchira instalaNdo una libreta de racionamiento electrónico de la gasolina. Con el famoso “chip” aseguraron que frenarían de cuajo la extracción del combustible. En absoluto. El desangre continuó igual. El “chip” limita al ciudadano de bien. Las mafias tenían y tienen “chips” a granel para acceder al combustible. Flotas de taxis, camiones y carros particulares se usan de fachada para sacar la gasolina. Miles de vehículos, cada día, se apuestan en las carreteras, avenidas y calles para obtener “su gota de petróleo”.

La presión llevó al régimen a militarizar las bombas. Gran fiesta para los uniformados, que ahora tiene otro control con el cual incrementar sus ingresos. Comienza la práctica de pagar en pesos colombianos (10.000 por vehículo) el acceder de forma rápida a la estación.

Los hechos a la vista demuestran, hasta la saciedad, que ese asunto no se resuelva con militares y policías en las bombas de gasolina y en los pasos de frontera. Es un problema de precios, de política económica.

Más allá del colosal daño causado a la industria petrolera nacional, a las finanzas públicas, está el daño causado a la cultura de nuestra ciudadanía.

A la corrupción general que esa política produce, se le suma el estímulo al facilísimo de una renta rápida y sin mayor esfuerzo: aunque ya en estos últimos tiempos, con la falta de combustible, el acceder al mismo se ha hecho más trabajoso por las largas horas que toma.

La economía normal se ve muy afectada porque no encuentra recurso humano para su desempeño. A la diáspora brutal que padecemos, se suma que la población disponible, en un segmento significativo, está dedicada a la extracción de combustible, lo cual dificultad severamente contratar personal para las actividades agrícolas, pecuarias, industriales, comerciales o de servicios. La economía normal no puede pagar los precios que la extracción del combustible genera.

De esa forma hemos llegado a la destrucción de las refinerías, de las flotas de trasporte de combustible, de las estaciones de servicio, hoy depauperadas. El resultado es que no tenemos combustible. Para quienes tenemos otra actividad diferente a la de su extracción, acceder a él es un sacrificio cuyos costos son ya muy elevados en términos de calidad de vida, en horas hombre dedicadas a conseguirlo. Muchas veces tenemos y tendremos que acceder al combustible en el ya existe mercado negro interno del combustible, con los riesgos que él mismo genera. 

Al final de la historia, estamos pagando muy caro, en términos económicos y humanos, esta irresponsabilidad del chavismo.

Como dice el viejo adagio popular, lo barato sale caro. La gasolina regalada ha terminado trayendo unas consecuencias devastadoras., y saliendo extremadamente costosa.

Esto sin contar los efectos devastadores de la hiperinflación, que ante la quiebra de Pdvsa, genera la emisión de dinero inorgánico digital. Los ciudadanos comunes, no poseedores de vehículos a motor, también pagan con la pulverización de su salario esta colosal irresponsabiliad.

Ahí está el espejo en el que debemos vernos, cuando el populismo nos ofrezca sus regalos.


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