Carmen Sulay Rojas

El Estado, o lo que una vez fue como estructura del país, ha despreciado y humillado a los docentes, maestros y profesores en todos sus niveles. Esta acción despótica vulnera los derechos humanos consagrados en los tratados y contratos colectivos firmados entre ambas partes, y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Los salarios de hambre obligan a la declaratoria de emergencia humanitaria de los educadores. Es imposible que el Estado a través de los subsistemas de educación básica y de educación universitaria garantice una formación permanente en la pedagogía del amor y la educación de los derechos humanos para los corresponsables de la gestión educativa con el fin de lograr la formación integral como ser social para la construcción de la nueva ciudadanía, si por causa deliberante el mismo “Estado docente” no garantiza la estabilidad en el ejercicio de la carrera educativa y mucho menos un régimen de trabajo y nivel de vida acorde con su elevada misión. Los reclamos son justos, y con la razón y las leyes en la mano, y sin “preámbulos”, el magisterio exige respeto a los derechos consagrados en las leyes vigentes.

Lamentablemente, la aberración partidista de encargar directivos que solo están guiados por cumplir con los lineamientos de una “revolución” con el discurso pueril de que para ellos todo está “bien” o “excelente” de entrada niega a mirar la realidad ante la cantidad de estudiantes que presentan desnutrición, que sufren porque sus padres emigraron a otro país y se sienten abandonados y desolados, y, para colmo de los males, ni siquiera les importa negar el derecho y deber a la educación y no dejarlos entrar a clase porque tiene un “pantalón negro” en vez de azul, como indican los acuerdos de convivencia escolar y comunitaria. Todo esto, y más aún, ha depravado y degenerado la educación como derecho humano y deber social fundamental.

La imposición de la misión “chamba juvenil” con “educadoras(es)” o, mejor dicho, personas que no tienen las condiciones ni la formación para el ejercicio docente ha ocasionado desmotivación en colegas egresados de diferentes universidades públicas y privadas que cuentan en su haber profesional con especialización, maestría y doctorado con la calamidad de pasar hasta 12, 15 o más años en condición de “contratados”, mientras que irónicamente para los egresados de tal “misión” su ingreso es “inmediato”, haciendo la salvedad de una que otra excepción que por su condición de investigador, creatividad e innovación ha logrado el objetivo, no obstante, su participación en apoyo a las actividades políticas no es causal de vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Tanto, va el cántaro al río que se rompe, y hoy en día los profesionales de la educación no quieren participar en actividades pedagógicas orientadas por el Ministerio de Educación (sábados pedagógicos, congresos, conversatorios), ya que los docentes piensan que al “ministerio” hace rato dejó de interesarle tener docentes con idoneidad académica, con moral y ética reconocida.

El magisterio venezolano considera que no hay condiciones para dar una atención integral a nuestros estudiantes. El deterioro de la infraestructura escolar. El Programa de Alimentación Escolar (PAE) no cumple con el menú del Instituto Nacional de Nutrición (INN). El problema del transporte público por falta de baterías, cauchos y autopartes es una “bomba de tiempo” tanto para los estudiantes como para docentes que deben padecer horas en espera por un autobús o encaramarse en las mal llamadas “perreras”, poniendo incluso en riesgo su integridad física, son elementos que revelan la depauperación de la educación.

Lo anterior se agrava con el hecho de que muchos docentes se han ido del país, dejando las aulas de clase, situación que conlleva a que un número importante de estudiantes no tienen ni cuentan con profesores de inglés, química, física, matemáticas, entre otras áreas del saber.

El Estado docente es la expresión rectora en educación en cumplimiento de su función indeclinable y de máximo interés como derecho humano universal y deber social fundamental, inalienable e irrenunciable, y como servicio público que se materializa en las políticas públicas, razón por la cual ese Estado debe regirse por los principios de integralidad, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad, pero eso no ocurre en nuestro país.

No hay condiciones para la educación en Venezuela porque se vulneran derechos fundamentales de todos los que conforman la comunidad del conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje. Mientras el Estado no garantice una educación de los derechos humanos, seguiremos en medio de la oscuridad educativa.

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