El régimen de Nicolás Maduro ha desatado una brutal represión que se ha cobrado, hasta el momento, la vida de más de 50 venezolanos, ha permitido la acción de bandas paramilitares que han realizado ataques contra manifestantes y propiciado actos vandálicos y de coerción en urbanizaciones y comunidades de todo el país. Sumado a estas acciones criminales, el gobierno ha restringido la acción de fuerzas policiales locales, con directivas como las órdenes de acuartelamiento emitidas por la Guardia Nacional, dejando desprotegidas amplias zonas urbanas y permitiendo actuar a la criminalidad en medio de una situación de anarquía y violencia cada vez mayores.
En los sucesos ocurridos en El Valle, en Caracas, se evidenció esta estrategia. Efectivos de la GN y la PNB permitieron y fueron indiferentes frente a actos de saqueo y vandalismo, que causaron zozobra, terror y la pérdida de negocios, de gran importancia para provisión de comida, en la localidad. Luego se produjeron actos de contención y represión en circunstancias que cuestionan seriamente a los cuerpos de seguridad involucrados, y en las que se produjeron decesos y enfrentamientos en los que participaron criminales y grupos armados.
El régimen lleva a escala nacional una forma de actuar que remite a los procedimientos de las tristemente recordadas OLP, en las que las comunidades quedan afectadas de forma negativa en varias maneras. Asesinatos e impunidad sacuden a sus habitantes y trastornan su entorno, se establece la desconfianza y el miedo frente a las fuerzas del orden, y aumenta la violencia dificultando aún más las condiciones de vida de las personas. La posterior manipulación de los hechos por parte del gobierno, buscando culpabilizar a la disidencia o criminalizar a las víctimas, también forma parte de esta estrategia. En el caso de El Valle fue sintomática la reacción de rechazo y denuncia de gran parte de la comunidad, que protestó de manera contundente contra efectivos gubernamentales que llegaron repartiendo cajas CLAP al día siguiente y tuvieron que retirarse ante el feroz repudio de las personas.
La tragedia que ha significado la violencia en nuestro país, nos ha afectado a todos los venezolanos en una forma u otra: desde la pérdida de un familiar o persona cercana hasta la vivencia de una experiencia traumática o de una situación de peligro. Todos hemos enfrentado el miedo, la rabia, la impotencia y el dolor que produce la violencia. El régimen madurista ha convertido al Estado en el principal propulsor de la misma. La ha utilizado no solo para someter, agredir y reprimir a las personas sino también para establecer las condiciones adecuadas para mantenerse en el poder.
La protesta que los venezolanos estamos llevando a cabo en contra de la instauración de este régimen dictatorial, tiene como uno de sus grandes retos, para su desarrollo, continuidad y éxito, evitar toda forma de violencia. Ante un régimen agresivo, excluyente y brutal algunos justifican responder en los mismos términos para enfrentarlo y lograr su salida. Ante esto debemos tener presente el inmenso el daño que nos hace la violencia, las terribles secuelas que ha deja en nuestras vidas y el costo que causa sanar las heridas que provoca. Este entendimiento nos muestra el peligro que implica volvernos artífices de ella y reproducirla.
El ejercicio de la violencia solo fortalece al régimen y propicia las condiciones para su permanencia. Genera situaciones de anarquía, división y desconfianza que atentan contra el bienestar común y perjudica la protesta, permitiendo la intromisión de grupos radicales e impidiendo la inclusión de más sectores sociales en ella.
La dictadura es violencia, solo eso tiene y solo eso da. Recordemos que una de las principales razones por las que los venezolanos estamos en la calle, es porque estamos hartos de esa violencia y de la tragedia que causa en nuestras vidas.