Con una superficie de casi 1.286.000 kilómetros cuadrados, Perú es uno de los países de mayor diversidad geográfica, altitudes, climas, flora y fauna y, en suma, con una paleta más amplia de paisajes. En blogs y columnas de viajes especializadas en América Latina, Perú –también Brasil– destaca como uno de los destinos predilectos entre viajeros con espíritu aventurero.

A uno de esos exploradores, el norteamericano Hiram Bingham (1875-1956) se debe la divulgación –el redescubrimiento– de la ciudad santuario de Machu Picchu. Aunque Bingham, modelo para la creación del personaje de Indiana Jones, no fue quien descubrió el imponente lugar –él mismo reconoció que el hacendado Agustín Lizarraga había estado allí antes, en 1902–, sí fue quien dio a conocer a escala planetaria la maravilla declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1983.

Previamente, Bingham había explorado las regiones selváticas de Colombia, Venezuela y del propio Perú. En 1911, con apoyo financiero de sus compañeros de la Universidad de Yale, capitaneó una expedición que partió del Cuzco en búsqueda de “la ciudad perdida de los incas”. El 24 de septiembre, tras superar innumerables dificultades, avanzar al borde de precipicios y sortear zonas infectadas de serpientes, Bingham, un militar de apellido Carrasco y el campesino Melchor Arteaga, alcanzaron un punto desde donde vieron la magnificencia del lugar. Estupefacto, logró recorrerla y hacerse una primera idea de lo extraordinario de su hallazgo.

A su regreso a Estados Unidos, la National Geographical Society patrocinó expediciones en los años 1912, 1914 y 1915 (esta última iniciada ya la Primera Guerra Mundial). Inesperadamente, la ciudad santuario estaba intacta. En abril de 1913, la revista National Geographic hizo una edición monográfica para narrar la expedición y mostrar fotografías de Machu Picchu, la ciudad construida por los incas en el siglo XV, a 6.000 metros de altitud, y que había sido redescubierta por este tesonero arqueólogo (algunas extraordinarias fotografías hechas hace 107 años están disponibles en la web).

Una mirada panorámica a la historia reciente de Perú sorprende por la capacidad de resiliencia y recuperación mostrada por el pueblo peruano. En los últimos 40 años, los hechos acumulados resultan sobrecogedores. En los años ochenta del siglo pasado, para empezar, se produjo la guerra interna terrorista promovida por los grupos comunistas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru contra el Estado y la sociedad peruana, cuyo balance es comparable a las guerras que desangraron Centroamérica: más 70.000 personas asesinadas, entre campesinos, guerrilleros, policías, miembros del ejército, periodistas y habitantes de las grandes ciudades. Varios de los más importantes escritores de Perú de los últimos años –Ricardo Uceda, Alfonzo Cueto, Lurgio Gavilán, José Carlos Agüero, Santiago Rocagliolo y Marcos Avilés, entre otros– han publicado libros estremecedores basados en aquellos terribles hechos, que dejaron heridas aún abiertas.

En 1981 se produjo un acontecimiento que causó estupor en el mundo, y que cayó en el olvido en las dos últimas décadas: el conflicto militar con Ecuador –conocido como el Conflicto del Falso Paquisha– que, por fortuna, logró controlarse a once días de iniciado. En 2000 estalló –la palabra no es exagerada– el caso de los “vladivideos” y los “vladiaudios”, uno de los tantos episodios protagonizados por Vladimiro Montesinos, quien fue jefe del Servicio de Inteligencia Nacional –SIN–, y que desde 2001 permanece en prisión por cargos como asesinato, tráfico de armas, corrupción y muchos otros delitos.

Perú, sin duda, merece especial consideración en el ámbito regional. Al contrario de Venezuela, donde se ha producido un colosal decrecimiento económico sin producirse cambios políticos con respecto a la dirigencia y el régimen responsable de esta debacle, Perú ha experimentado, desde la segunda presidencia de Alan García, un impresionante crecimiento económico sostenido, sin que pueda observarse consolidación de un liderazgo político o sistema de partidos que capitalice los alcances de la gestión de la economía. De hecho, Perú ha alcanzando el promedio interanual en su rata de crecimiento más alto de toda la región.

Desde julio de 1985 a marzo de 2018, Perú ha tenido siete presidentes: Alan García, dos veces; Alberto Fujimori, tres veces, una de ellas, con el añadido de un autogolpe de Estado; Valentín Paniagua Corazao, quien asumió tras la destitución de Fujimori; Alejandro Toledo, una vez; Ollanta Humalla, una vez; y Pedro Pablo Kuczynski Godard. El actual presidente, Martín Vizcarra Cornejo, asumió el cargo en marzo de 2018, una vez que Kuczynski renunció. Tal como se ha divulgado en medios de comunicación de todo el planeta, como un dato sintomático del avance de la corrupción en Perú, cinco ex presidentes, Fujimori, Toledo, Humala, Kuczynski y García –quien se quitó la vida el pasado 17 de abril– están presos, prófugos o siendo investigados. Perú debe ser el país donde el caso Odebrecht –incluso más que en Brasil– ha producido las más duras tormentas para la clase política.

De la misma manera, el crecimiento económico no ha venido acompañando de una mejor distribución de la riqueza. Los contrastes y desigualdades siguen siendo muy importantes, quizás por eso no termina de calzar la correlación entre crecimiento económico y consolidación de un liderazgo político, atascado este en una asombrosa trama de corrupción.

La semana pasada, el 16 de mayo, la popular ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, ingresó en prisión preventiva por el caso Odebrecht. También la dirigente política, Keiko Fujimori Higuchi, ex parlamentaria, ex candidata presidencial e hija del ex presidente Alberto Fujimori, está en prisión preventiva, acusada por el mismo delito que Villarán: haber recibido fondos de la empresa para su campaña electoral. A estos procesos legales, ya no por el caso Odebrecht, podrían sumarse muchos otros, incluso algunos que involucran a ex autoridades del Poder Judicial, casos que, en su conjunto, constituyen un panorama inquietante por la profundidad con que la corrupción se ha incrustado en el sector público peruano.

El Ministerio Público de Perú fue creado en 1979 como poder autónomo. En 1993, cuando se aprobó el texto Constitucional vigente, se ratificó ese principio de autonomía. Y es sobre el fundamento de autonomía que se han producido numerosas investigaciones y decisiones judiciales que, en opinión de muchos analistas, ha venido a salvar la democracia peruana, porque ha devuelto a los ciudadanos la confianza en el funcionamiento de las instituciones. La Fiscalía cuenta hoy con más de 6.500 fiscales, con áreas verdaderamente especializadas en asuntos como violencia de género, lavado de activos y medio ambiente. Zoraida Ávalos Rivera, fiscal de la nación, ha insistido en que el presupuesto y la acción de esa entidad deben entenderse no como gasto sino como inversión. La institución goza de prestigio internacional, porque se la tiene como una de las que han logrado los mayores avances en todo el mundo en su actividad contra la corrupción política y judicial; y ha logrado resistir a las presiones para evitar que cumpla sus propósitos.

Este panorama sufrió una alteración el pasado 16 de abril, tras el suicidio del ex presidente Alan García, quien acabó con su vida en el momento en que funcionarios fueron a buscarlo para una detención preventiva. Dos días después, por petición de la Fiscalía, un juez impuso prisión preventiva contra el ex presidente Kuczynski, de 80 años de edad, quien estaba en una clínica afectado por una dolencia cardíaca. Así las cosas, comenzaron a aparecer voces críticas que acusan al Ministerio Público de excederse en el uso del recurso de la prisión preventiva, que se aplica en la fase de investigación y que está estipulada en el Código Procesal Penal. En esta coyuntura, el presidente Martín Vizcarra Cornejo, que hasta ahora se había mantenido ajeno a escándalos y procesos judiciales, se dirigió al país con un sobrio discurso en el que se preguntaba si las medidas judiciales de carácter excepcional que se han venido aplicando responden solo a criterios de excepcionalidad o están movidas por otros criterios. Además, señaló que la lentitud de los procesos de investigación castiga a los investigados con largos períodos de presión preventiva.

Estos y otros hechos han puesto sobre la mesa el debate de la necesaria regeneración de la política peruana. Pero hay una cuestión fundamental que merece el seguimiento de los ciudadanos de América Latina: Perú puede considerarse una especie de laboratorio de proyección continental en los esfuerzos de algunas instituciones por controlar y castigar la corrupción. Los resultados que logre el Ministerio Público de Perú bien podrían convertirse en modelos de acción para otros países.

Simultáneamente, el gobierno del presidente Vizcarra –quien ha hecho de la lucha anticorrupción el más destacado de sus emblemas, y que enfrenta una constante oposición por parte del Congreso de la República, dominado por mayoría fujimorista–, tiene la tarea de continuar avanzando en la senda de crecimiento económico y la reducción de la pobreza, que Perú ha logrado, a pesar de algunos vaivenes y sobresaltos, a lo largo de las últimas dos décadas.

De acuerdo con cálculos del Fondo Monetario Internacional, Perú crecerá casi 4% este 2019 y mantendrá una tasa semejante hasta 2023. La inflación estimada estará alrededor de 2,5%, lo cual le asegura ventajas para incrementar la inversión y el consumo interno. Las principales actividades económicas del país, como agricultura, pesca, minería, construcción y sector servicios, presentan cifras que fundamentan las proyecciones optimistas.

Con una población superior a 32 millones de habitantes, alrededor de 21% –poco más de 6 millones de peruanos–, vive en condiciones de pobreza o de pobreza extrema. Este porcentaje se incrementa de forma dramática entre las poblaciones que viven en zonas selváticas –alrededor de 15%–, y las mayoritariamente indígenas. Otro asunto grave, que requiere de respuesta inmediata, es la violencia de género, que creció en 2018. Según el Ministerio de la Mujer, el año pasado fueron asesinadas 147 mujeres por sus parejas o ex parejas. Estadísticas del Ministerio de Salud confirman que la tendencia es innegable: de 107.000 casos de violencia registrados en 2018, más de 70.000 fueron contra mujeres. Basta añadir que el Comité de la ONU contra la Tortura emitió en diciembre pasado un comunicado donde expresaba su preocupación por los indicadores de violencia de género en Perú.

Como en cualquier país de América Latina, se podría agregar otras problemáticas a esta visión general. Pero en el caso de Perú, referirse a la cuestión ambiental es inexcusable. Una de las cuestiones más urgentes es la Hidrovía Amazónica, que implica convertir las aguas de 4 ríos –Huallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas– en una vía acuática de 2.600 kilómetros para el uso de transportes de carga, pasajeros y turismo. Agrupaciones indígenas, universidades y organizaciones defensoras del medio ambiente mantienen férrea oposición al proyecto no solo por su impacto ambiental, sino por las bases técnicas de los estudios, que según señalan, han sido penetradas por la corrupción.

Aunque se refiere a realidades distintas, el otro proyecto polémico es la Ley de Hidrocarburos –en fase de discusión en el Congreso de la República–, porque en él confluyen los intereses de los sectores involucrados y afectados: un sector aboga por una ley que estimule la actividad petrolera, mientras otro –ambientalistas, expertos en sostenibilidad, organizaciones políticas, grupos étnicos– se opone a los peligros que para el ambiente supondría una ley fundada en criterios desarrollistas, que rebaja o flexibiliza las exigencias ambientales, otorga un poder omnímodo al Ministerio de Energía y Minas, y abre la puerta para el uso de la controvertida técnica del fraking.

Cuestiones como la gestión efectiva de las áreas protegidas, el control de la deforestación ilegal, la revisión de las penas por delitos ambientales, el establecimiento de reservas marinas son solo parte de la amplia agenda de asuntos pendientes que tiene el Perú. Sus líneas de acción sostenida contra la corrupción, reducción de la pobreza y la desigualdad, así como la protección de los recursos ambientales de los peruanos, están llamadas a constituirse en el cimiento para el progreso económico sustentable que los peruanos demandan.

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