Días cruciales y definitorios presenciamos en Venezuela. En primer lugar, la Asamblea Nacional el pasado 05/01/2019 ha decidido desconocer definitivamente el nuevo mandato para el que pretende Nicolás Maduro ungirse el próximo 10 de enero; y, en segundo término, el próximo jueves de forma desafiante, con el estilo típico de las tiranías, pretende ser reconocido como mandatario nacional para un nuevo período presidencial por dos instancias fraudulentas, el TSJ y la ANC.
Por primera vez desde 1959, cuando asumió Rómulo Betancourt la Presidencia de la República, se desconoce el principio constitucional del inicio del mandato del período presidencial, de prestar juramento ante el vigente Poder Legislativo como requisito para el ejercicio de su mandato. Es decir, luego de haberse sucedido 12 gestiones presidenciales originadas a partir de elecciones universales directas y secretas, el hasta hoy mandatario nacional violenta la carta magna para juramentarse ante instituciones írritas, a partir del proceso electoral presidencial ilegal y viciado del pasado 20/05/2018.
Como vemos, los hechos y los tiempos no se conjugan en literatura y en política en el mismo contexto; los hechos capitales marcan épocas, eras, acordes con la dimensión del contenido de los acontecimientos y decisiones que los acompañan, siendo en nuestro caso fundamental reconocerlos para el futuro inmediato de la nación, ya que la tiranía gobernante lanza al precipicio nuestra tradición republicana, al destruir el legado conjunto de dos constituciones la de 1961 y la vigente de 1999, las conquistas de sesenta años de democracia en Venezuela, con sus bemoles y paréntesis, pero al final expresada en la permanencia, aunque maltrechas, de las instituciones emanadas del marco legal y constitucional.
De consumarse el 10/01 la estafa del régimen de imponer un nuevo mandato, cruzará de manera irreversible el punto sin retorno hacia la dictadura, decisión similar que asumiera Pérez Jiménez en 1952 al desconocer su derrota en el proceso electoral de la constituyente e imponer una carta magna como traje a la medida del tirano, que luego violara con el plebiscito de diciembre 1957, hecho que desató la rebelión militar y popular de enero de 1958.
El talante dictatorial del régimen se despliega desde inicios de su cuestionada gestión de 2013, caracterizada por ejecutorias violatorias del marco institucional, teniendo como máxima expresión el desconocimiento y agresión física a la Asamblea Nacional, el manejo corrupto de las finanzas públicas, persecución alevosa a los medios de comunicación, a sindicatos, a empresarios privados, centenas de presos políticos, las masacres de 2014 y 2017 y la ominosa entrega de nuestra soberanía nacional, a un nivel tal que superó en todo margen de tropelías al comandante de Sabaneta.
Cómo escogerá llamarse, no sabemos; en todo caso, en la galería de dictadores hay diversas opciones, Benemérito, Generalísimo, Caudillo por la Gracia de Dios, Salvador de la Patria. No nos extraña que el grado de postración de las FABN del actual ministro de Defensa le otorgue, más allá de comandante en jefe, un generalato de cinco soles. Lo cierto del caso es que la calificación de dictador se hará cada día más evidente tanto para la comunidad internacional, que ya se pronunció, como para todo el pueblo venezolano que defiende sus conquistas democráticas. Aspirando a tener una vanguardia política, como manifestara recientemente el constitucionalista J. Haro (2019), «que no sea solo cronista de la tragedia llamándolo solo usurpador, sino artífice de una solución urgente» ante el impasse histórico que vivimos como nación.