Los últimos ocho años de gobiernos alternos bipartidistas en Estados Unidos la política exterior hacia Venezuela se caracterizó por reiteradas decisiones administrativas por violación de la Constitución nacional por Nicolás Maduro las cuales aumentaron su rigurosidad con el paso de los años.
A principios de marzo de 2015 el mandatario Barack Obama firma una orden ejecutiva de emergencia nacional sancionando a la administración de Maduro por ser un peligro para la seguridad nacional por la radicalización del ejercicio político.
Aun cuando ya se habían adoptado penas puntuales en contra de funcionarios por violar los derechos humanos en Venezuela; la inclusión de siete altos miembros del gobierno junto con la decisión institucional le da un grado de mayor severidad y señalamiento de hechos punibles nunca antes observado en administraciones previas.
Maduro Moros asimila las condenas y solicita a las autoridades minimizar el impacto de las mismas. La respuesta de la administración Obama fue prorrogar estas un año más por la corrupción reinante en la nación suramericana.
Una vez Donald Trump asume la presidencia de Estados Unidos evalúa la relación existente con el dictador comunista y en febrero 2017 sindica por delitos graves al vicepresidente Tareck el Aissami penándolo.
Luego Trump exige ser llevados a tribunales en Estados Unidos a 13 personeros por estar incursos en supuestos hechos de corrupción administrativa.
Los extremistas al mando en Venezuela deciden constituir un parapeto legislativo para burlar la legítima Asamblea Nacional. La respuesta ante el bochornoso hecho no se hizo esperar por parte del neoyorkino llevando a los extremos las penalidades, al solicitar el congelamiento de los bienes de Maduro Moros y su familia como por igual a familiares de Hugo Chávez Frías al prohibir el acceso de Adán Chávez a territorio estadounidense.
Funcionarios de la Tesorería de ese país ven peligrar los bienes de la nación en la geografía federal al intentar prestamistas cobrarse bonos y pagarés adquiridos de dudosa gestión y fines durante las directivas de Pdvsa que formaron parte de la administración de Rafael Ramírez.
Las operaciones que ponen en perjuicio de los venezolanos y su industria petrolera los haberes en el exterior son de la absoluta responsabilidad de los ejecutivos de la casa matriz.
Ante el pretendido despojo por sociedades poseedoras de bonos vencidos, reclamos judiciales sobre cantidades de dinero por varios conceptos adeudadas por Citgo o la matriz energética y reclamantes de expropiación de sus patrimonios sin compensación; Donald Trump protege con un manto legal las propiedades y cualquier rédito, circulante y transacción del Estado venezolano representado en el presidente interino de la república, Juan Guaidó, designación apegada a derecho por la Asamblea Nacional.
Ello paralizó hasta nuestros días cualquier reclamo o querella judicial bajo jurisdicción federal, incluyendo ultramar.
Una vez iniciada la campaña electoral para el nuevo período presidencial, los adversarios del chavismo residentes en Estados Unidos destacan en el trabajo proselitista por Donald Trump o Joe Biden.
La expresión de Trump “Todas las opciones están sobre la mesa” retumba en los oídos de los venezolanos cual clarinada por el retorno de las libertades.
No fue suficiente la buena intención ni las iniciativas de sanciones de Barack Obama y Donald Trump; Maduro aún está en Miraflores.
Las opciones de intervención en territorio venezolano de una misión humanitaria de paz custodiada por las armas de países solidarios con la causa de la democracia a Venezuela estaba sobre la mesa, pero hasta ahí llegó.
La oferta de ambos candidatos de enfrentar al tirano Maduro Moros incluyendo a Daniel Ortega y Raúl Castro es la misma retórica que han escuchado los cubanos por sesenta años en cada campaña; y nada.
Biden en una primera intervención pública de arranque electoral había indicado flexibilizar los castigos para los regímenes extremistas de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Luego rectificaría pero la duda dolorosa ha quedado sembrada en el ánimo de muchos.
La decisión unilateral de la autoridad federal de otorgar a los venezolanos un trato de protección temporal en la jurisdicción del Tío Sam la hemos percibido desde la época del padre de la tiranía moderna en Venezuela, el fallecido Hugo Chávez Frías.
Las ambiciones grupales y el concurso de personalidades por lograr ser aceptado en el Departamento de Estado norteño como el salvador en el país hace dudar a los asesores de política exterior de las verdaderas intenciones de la oposición, ya que los visitantes en la capital norteamericana fuera de descalificar al oponente es poco lo que ofrecen por el consenso de iniciativas por poner en práctica.
Cuando renuncien los aspirantes a detentar el poder para sí y comulguen para avanzar imitando al pueblo que ya dan pasos firmes, lograrán la unidad popular que la democracia chilena concilió para salir del general Augusto Pinochet en 1990, luego de treinta años de una férrea dictadura.
Solo unidos vivirán pronto todos en libertad.