Como respuesta a la ilegítima renovación de poder del presidente Nicolás Maduro hoy, 10 de enero, los países del Grupo de Lima –bloque creado en 2017 para abordar la crisis política, económica y humanitaria en Venezuela– presentaron una declaración conjunta condenando al régimen y ratificando su pleno apoyo y reconocimiento a la Asamblea Nacional, elegida legítimamente en 2015 y ahora el único órgano constitucional elegido democráticamente que queda en Venezuela.
Todos los países del Grupo de Lima, con excepción de México, firmaron la declaración. Incluso Estados Unidos, que no es oficialmente un miembro del Grupo de Lima, apoyó la declaración especial, que esta vez fue más allá de su posicionamiento habitual al pedir que se restrinja la entrada de altos funcionarios del régimen venezolano al territorio de los países miembros del grupo, una medida que ya existe por parte de Estados Unidos.
México, miembro fundador del Grupo de Lima y defensor constante del restablecimiento de la democracia en Venezuela, ahora ha reducido su apoyo a la coalición regional y decidió invocar una política no intervencionista alineada a la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador de “no involucrarse en los asuntos de otros países”. ¿Sorprendente? No. ¿Inquietante? Mucho.
Como hemos estado informando antes de las elecciones de julio en México, la decisión del gobierno de AMLO no es inesperada. Tanto AMLO como el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, declararon repetidamente que la política exterior mexicana adoptaría una postura de no intervencionismo, revirtiendo una política de comunicación abierta pro derechos humanos y pro democracia que comenzó bajo el mandato del ex presidente Vicente Fox y el ex secretario de Relaciones Exteriores Jorge Castañeda hace 18 años.
Maximiliano Reyes, subsecretario de México para América Latina y el Caribe, justificó la abstención del país de emitir cualquier tipo de pronunciamiento sobre la legitimidad del gobierno venezolano al señalar los principios constitucionales de autodeterminación y no intervención que México debe seguir.
Y aun cuando Reyes confirmó que México seguirá siendo un miembro activo del grupo y promoverá el diálogo para encontrar una solución pacífica a la situación en Venezuela, una respuesta silenciosa por parte de México en cualquier asunto relacionado con Maduro transforma la postura en una complicidad a favor del régimen, faltando a su compromiso de servir como un puente para el diálogo basado en normas entre los socios del Grupo de Lima, y por supuesto, con Venezuela. Este retroceso deliberado es una pérdida significativa para el ya frágil estado de salvaguarda de los derechos humanos en América Latina.
Mientras que el resto de los países del Grupo de Lima se abstendrán de asistir a la ceremonia de juramentación de Maduro e incluso consideraran sanciones económicas y el corte de relaciones diplomáticas con Venezuela, Juan Manuel Nungaray, encargado de negocios en la Embajada de México en Caracas, representará al gobierno mexicano en la inauguración de Maduro. Lejos de simplemente asistir a un evento público, la presencia de Nungaray implica una legitimación del régimen de Maduro, respaldo que algunos miembros de la coalición de AMLO Juntos Haremos Historia incluso favorecen públicamente. Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del Partido de los Trabajadores y asiduo asistente de la reunión anual de izquierda del Foro de São Paulo, anunció a través de Twitter su intención de asistir a la inauguración de Maduro.
Por otro lado, Yeidckol Polevnsky, presidente del partido titular Morena, se refirió al Grupo de Lima como «una aberración, una transgresión y una intromisión en la política de países extranjeros», a pesar de que la declaración del grupo condena enérgicamente cualquier provocación, ataque militar o despliegue de la fuerza en Venezuela que amenace la paz y la seguridad en la región, incluida la acción propuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Nadie niega que los países del Grupo de Lima tienen muchos asuntos pendientes que atender en casa. Ni México ni ningún otro miembro es, de ninguna manera, el estándar de oro en cuanto a derechos humanos. Pero seguir esa lógica evitaría que casi todos los países participen en cualquier tipo de convención multilateral. Los pendientes en casa no deben representar un obstáculo hacia el compromiso internacional de cada país de salvaguardar la democracia y los derechos humanos, especialmente en un momento en que se espera que la crisis venezolana empeore. México, un país que está orgulloso de su historia reciente en democracia y elecciones y cuyo nuevo líder se ha comprometido en eliminar la corrupción, debería saberlo.