En la primera parte de este artículo señalé los errores políticos cometidos por Nicolás Maduro desde que el chavismo perdió la mayoría popular. La derrota que sufrió el PSUV en las elecciones parlamentarias no fue nunca asimilada ni interpretada por los incapaces capitostes del régimen. No entendieron que esa derrota indicaba que había sido un gravísimo error no rectificar la equivocada orientación política y económica del régimen mantenida por Hugo Chávez, apenas Nicolás Maduro asumió la presidencia, mediante un muy dudoso triunfo electoral. Sus últimas jugadas políticas, la criminal represión a la protesta ciudadana, la elección fraudulenta de una inútil asamblea nacional constituyente comunal, la utilización del presidente dominicano Danilo Medina para que invitara a un nuevo diálogo gobierno-oposición y la intempestiva convocatoria a las elecciones regionales, lo único que han logrado es evidenciar aún más que la precariedad de su gobierno no le permite enfrentar, con una mínima posibilidad de éxito, la grave crisis nacional.
Esta visión del colapso del régimen madurista fue ampliada desde el punto de vista económico por Ricardo Hausmann en los siguientes términos: “La catástrofe económica de Venezuela eclipsa cualquier otra de la historia de Estados Unidos, Europa Occidental, y América Latina… Claramente una disminución de 40 % del PIB per cápita es un hecho muy poco frecuente (…), pero también hay que considerar que el declive del ingreso nacional, incluyendo el efecto de la caída del precio petrolero, es de 51% (…) El despilfarro en la época de las vacas gordas dejó pocos activos que se pudieran liquidar en el periodo de las vacas flacas, y los mercados no estuvieron dispuestos a otorgar créditos a un prestatario con tal exceso de deuda. Entre 2012 y 2016, los ingresos fiscales no petroleros se desplomaron en 70% en términos reales y durante el mismo periodo la aceleración de la inflación hizo que los pasivos monetarios del sistema bancario cayeran en 79% a precios constantes. En dólares el declive fue de 92% (…) Inevitablemente, también colapsó el nivel de vida…”.
Tan grave situación demuestra que el gobierno de Nicolás Maduro no tiene ninguna capacidad de respuesta a los ingentes problemas que aquejan a la sociedad venezolana. Su permanente irrespeto al orden constitucional y la constante violación de los derechos humanos han comprometido totalmente su escasa legitimidad de origen. Es tal la gravedad de lo ocurrido que los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y la gran mayoría de los países de América Latina han decidido aplicar sanciones económicas en contra del gobierno de Maduro y de algunos de sus funcionarios. Esta situación, aunada al desconocimiento nacional e internacional de la ilegítima e ilegal asamblea nacional constituyente comunal, así como el pleno reconocimiento de la Asamblea Nacional, han fortalecido significativamente a la oposición democrática. La creciente crisis social, política y económica, en medio de un indetenible descontento popular, son delicados factores que muestran la necesidad de que en Venezuela se produzca urgentemente un trascendente cambio político.
Los venezolanos están más que convencidos de esa imprescindible solución. El desacuerdo en la opinión pública surge en la determinación de la forma de lograrlo. En este sentido, existen actualmente tres visiones sobre la vía para forzar el ansiado cambio político: la protesta de calle, la cual se desarrolló con gran fuerza durante cuatro meses, pero, a pesar de que logró desenmascarar a la dictadura ante la opinión pública internacional, disminuyó progresivamente debido a la criminal represión del régimen, dejando en la conciencia de nuestro pueblo el recuerdo de los numerosos muertos que sacrificaron su vida en defensa de la libertad y la democracia; la intervención militar en sus dos formas de acción: la presión como factor de poder, con la finalidad de alcanzar un determinado fin político y la negativa de los cuadros militares al cumplimiento de órdenes inconstitucionales. Esta posible solución siempre tiene un número importante de partidarios. Nuestro pasado histórico la fortalece. La tercera forma de acción es el camino electoral. La cercanía de las elecciones de gobernadores obliga a una más larga discusión sobre sus ventajas y desventajas.
El régimen madurista tiene una marcada tendencia totalitaria, militarista y antidemocrática. No existe la menor duda al respecto. Sin embargo, a pesar de que su triunfo electoral dejó mucho que desear y la duda sobre su resultado no se ha disipado, este fue finalmente aceptado ante la ausencia de poderes públicos libres e imparciales que atendieran los justos reclamos del sector opositor, pero, también, esa circunstancia lo obliga a someterse a los procesos electorales establecidos en la Constitución Nacional. Sus triquiñuelas son más que conocidas. Ellas se mantendrán, pero ha quedado demostrado que si se vota masivamente y la oposición se activa efectiva y eficazmente en la defensa del voto, las posibilidades de realizar trampas disminuyen de manera importante. Así se demostró en las elecciones parlamentarias de 2015. Es verdad que después se cuestionó la mayoría calificada de la oposición, pero el éxito internacional y la legitimación de la oposición se originan fundamentalmente por el resultado de esa elección.
Estoy convencido de que el pueblo venezolano, víctima de la ineficiencia y la corrupción de Nicolás Maduro y su camarilla, no se va a dejar embaucar con las desgastadas campañas de manipulación y guerra psicológica implementadas en la Sala Situacional de Miraflores para desmotivar y desmoralizar a los electores. Analicemos algunas de ellas. “Los gobernadores electos deben subordinarse a la asamblea nacional constituyente”. Totalmente falso. En primer lugar, los nuevos gobernadores estarán subordinados a la Constitución Nacional y a la voluntad popular; además, todos los candidatos opositores han manifestado su rechazo a esa espuria asamblea. Delcy Rodríguez, la flamante presidente de una asamblea nacional constituyente comunal no reconocida en su legitimidad por la mayoría de nuestro pueblo y por más de ochenta países, mantiene que dicha asamblea fue la convocante a las elecciones regionales. Absolutamente falso. Esa asamblea no está en capacidad de ordenar nada por sí sola. La verdad es que esas elecciones fueron convocadas por el CNE a instancias de Nicolás Maduro pensando que esa sorpresiva convocatoria lo favorecería. Se equivocó una vez más.
Entre otras mentiras, Nicolás Maduro se ha dedicado a mantener engañosamente que existe un acuerdo entre gobierno y oposición. La oposición democrática aceptó la invitación del presidente Danilo Medina de manera acertada y prudente. No hacerlo podía comprometer el apoyo internacional. A la segunda convocatoria no asistió. El comunicado fue terminante: “No asistiremos a una nueva reunión mientras el gobierno nacional no libere a los presos políticos y se inicien las gestiones para permitir el acceso de donaciones de alimentos y medicinas a Venezuela”. En este momento no existe diálogo entre gobierno y oposición. Esa es la verdad. Lo demás son intrigas de baja monta para hacerles creer a los venezolanos que existen componendas a sus espaldas y desmotivarlos en su deseo de participar en la elección. Afortunadamente, el impacto negativo que tuvo esa campaña ha disminuido vertiginosamente y la tendencia se ha revertido hacia la participación. La encuestadora Datos, en su último sondeo, concluye: si vota 65% de los venezolanos, la oposición gana todas las gobernaciones; si vota 55%, gana 19; si vota 50%, gana 17; si vota 45%, queda empatada.
Los venezolanos debemos entender que nuestra participación, en esta nueva justa electoral, representa no solo la legítima expresión de nuestra voluntad sobre la designación de un gobernador en particular, sino, también, la voluntad de manifestar firmemente ante el mundo nuestro rechazo a la oprobiosa dictadura de Nicolás Maduro y su corrupta camarilla. Así que todos a votar. Sería casi un suicidio no aprovechar la oportunidad para demostrar el rechazo generalizado al deplorable régimen madurista.