A cortas horas del cierre de la primera sesión de diálogo entre el gobierno revolucionario y los representantes de la oposición, ya nadie en el país puede apostar en favor de un buen resultado del proceso de conversaciones que están teniendo lugar en la República Dominicana.
Estaban aún calientes las sillas de los asistentes a este encuentro cuando la máxima autoridad del país anunciaba heroicamente a sus subordinados ciudadanos que “todo en el país, en lo sucesivo, se hará a través del carnet de la patria”, al tiempo que se ufanaba de anunciar que más de 15 millones de compatriotas cargan con una de estas tarjetas plásticas de identificación en su bolsillo y que, a través de este instrumento, es ya posible calibrar las necesidades de la ciudadanía.
No puede menos que calificarse de torpe la coincidencia entre ese glorioso anuncio presidencial con el contenido de la primera tenida bilateral de Santo Domingo. Es elocuente el hecho de que dentro de los platos fuertes del diálogo los voceros del gobierno han ofertado procesos electorales transparentes y confiables si la oposición trabaja en el sentido de suspender las sanciones internacionales a las que está sometido el país y su élite gubernamental o ideológica.
Hace falta un sarcasmo monumental para exigir públicamente concesiones del interlocutor que este no puede ni transar ni cumplir. No puede ser mayor la desvergüenza de los representantes del gobierno cuando declaran estar dispuestos a garantizar el proceso electoral que se avecina, lo que es un sagrado derecho en toda sociedad libre, pero, eso sí, mediando el requisito de que sean levantadas las sanciones internacionales que han sido impuestas al país por entes internacionales y por otros Estados, tras haberse comprobado las violaciones sostenidas del gobierno de la revolución a los derechos más básicos de los individuos.
Al lado de ello, que sea el propio presidente quien se derrita en épicas alabanzas frente al instrumento que está haciendo posible el más completo chantaje a la población de a pie –el famoso carnet rojo– es francamente aberrante. Para nadie es un secreto la manera como el carnet de la patria y los puntos rojos fueron usados para presionar y verificar la votación por los candidatos gubernamentales en las pasadas elecciones regionales.
Es decir, lo que está a la vista no necesita anteojos, mientras en Santo Domingo se le ofrece a los interlocutores que representan a la mayoría del país condiciones transparentes para la próxima votación presidencial, en el Palacio de Miraflores se aseguran de atornillar, de labrar en piedra, aquello que las haría írritas e inválidas de nuevo: la obligada carnetización del pueblo venezolano.
Cinismo en su más diáfana expresión.