Mucha agua ha corrido por el rio del escándalo de Odebrecht desde que este fue destapado en diciembre de 2016 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. 12 paises de nuestro continente parecían estar implicados en los sobornos millonarios de la empresa brasileña ocurridos entre 2001 y 2016 y que alcanzaban la estrafalaria suma de 800 millones de dólares.

Esta semana grandes titulares de la prensa daban cuenta de la condena del jefe de campaña de Juan Manuel Santos, Roberto Prieto, por haberse beneficiado ilícitamente con 230.000 dólares resultantes de pagos de la multinacional. 5 delitos le fueron imputados al colaborador del ex presidente.

Las investigaciones en el país vecino tocaban de cerca dos campañas electorales –la de Juan Manuel Santos y la de Oscar Iván Zuloaga– al igual que importantes obras de infraestructura –La Ruta del Sol II– en las que habrían participado figuras públicas colombianas para beneficiar a la transnacional brasileña. En relación con estos sobornos 12 personas ya han sido detenidas.

El hecho de que las investigaciones en relación con estos casos hayan podido avanzar y que se encuentren detenidos un número importante de sus protagonistas hace pensar que ha habido una colaboración activa del Estado para el esclarecimiento de los casos.

Sin embargo, no todo luce tan sencillo como lo pintan. En apenas un mes testigos dentro de los procesos investigativos –tres en concreto– han muerto en muy extrañas circunstancias, por ponerlo de manera elegante. Pareciera tener sentido que, al existir un buen número de peces gordos señalados en las investigaciones de estos casos, la desaparición forzada de declarantes claves haya sido el arma utilizada por los implicados para salir airosos de las situaciones que se les imputan.

Aun estas muertes no han sido debidamente investigadas y es justamente en este momento que un nuevo fiscal general de la nación hará aparición en la escena. Le tocará a aquel que seleccione la Corte Suprema para el cargo vacante apersonarse en un caso en el que su predecesor tuvo que inhibirse en más de una ocasión por vinculaciones más o menos directas con las empresas envueltas en el caso Odebrecht. El fiscal saliente – Nestor Humberto Martínez- estuvo en el ojo del huracán desde el inicio de su gestión por los señalamientos que le hacen desde varios sectores ya que él supuestamente conocía de la corrupción de Odebrecht en el país.

Es posible que por todos estos antecedentes de nuevo en Colombia se inclinen por disponer de un fiscal ad hoc para tener entre sus manos la resolución de este caso que ha manchado manos de altos personeros del gobierno anterior. El presidente de Colombia, Iván Duque, en noviembre del año pasado se mostró partidario de disponer de un fiscal «especial “ para que asuma la investigación.

 A este nuevo no podrá temblarle la mano en administrar este turbulento caso. De acuerdo con las pesquisas emprendidas hasta noviembre de 2018, el monto de los contratos espurios según lo identificado en las investigaciones de la Fiscalía podrían superar los 60 millones de dólares.


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