María Corina, a quien admiro por su valentía y perseverancia en la lucha contra la tiranía, escribió una carta a la jefe del gobierno alemán, Ángela Merkel, agradeciéndole “apoyo a los exámenes preliminares de la Corte Penal Internacional en el caso de Venezuela”, y con esto se ha sumado a la especie idílica de que los venezolanos podemos esperar solución en una sentencia judicial que nos libre de esta tragedia condenando prontamente a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad, y en ejecución de la cual surja del cielo un poderoso brazo que cogiéndolo por los pelos lo arranque de Miraflores y lo meta en “una fría celda en La Haya”, como antes han vaticinado otros cándidos luchadores por la libertad. Es ese extraño mundo onírico que a veces nos atrapa en inconsciente escape de la realidad.
A la querida luchadora María Corina Machado, pues, con el mayor de los respetos, le dedico estas letras y quiero comenzar recordándole esto de Andrés Eloy Blanco: “Desengáñese, comadre, que no hay angelitos negros”.
Qué es La Haya
Es una bella ciudad llena de teatros, cafés, museos, restaurantes, monumentos, un sitio ideal para cualquier ricachón retirarse a disfrutar de la vida. Es calificada como la ciudad mundial de la paz y la justicia. Por tales bondades citadinas es sede de grandes corporaciones multinacionales, entre ellas la Corte Penal Internacional, que funciona en un lindo edificio lleno de escribientes, secretarias, magistrados, asesores, fiscales. Cerca de 1.000 personas en total, que la pasan rico, con unos jugosos salarios y muy poco trabajo, tanto que desde 2002 hasta acá, 16 años después de creada, solo ha producido 4 sentencias, una de las cuales fue revocada por su propia Sala de Apelaciones.
El dinero, el dinero
La CPI tiene un presupuesto que ronda los 150 millones de dólares al año, que en 16 años operando suman 1.800 millones, o sea, 4,5 millones de dólares por sentencia. Esto aparte de que el Estatuto de Roma asombrosamente autoriza recibir donaciones.
No sabemos cuánto dinero venezolano ha ingresado a las arcas de ese tribunal, pero no es difícil imaginarse la prodigalidad que tal autorización para darle “donaciones” genera en unos gobernantes de la naturaleza mafiosa de la que hay en nuestro país. Y es que en el artículo 116 de la ley que rige la CPI (Estatuto de Roma) hay puerta abierta para el ejercicio de la influencia económica, allí se autoriza recibir “contribuciones voluntarias de gobiernos, organizaciones internacionales, particulares, sociedades y otras entidades”. Y si a esto sumamos la oscuridad con la que se manejan nuestros dineros públicos, tenemos derecho a deducir que hay fuerte drenaje financiero hacia aquella organización judicial donde algunos incautos creen que Maduro será enjuiciado y condenado por aquellos que le pueden recibir –y muy seguramente le estarán recibiendo– tales donaciones.
Anuncio
En lo sucesivo haré unos artículos sobre las experiencias de la Corte Penal Internacional con otros países, hoy comenzamos con México
Caso México y la Corte Penal Internacional
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) con sede en Francia, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), junto con otras 100 organizaciones de la sociedad civil de México, apoyados por el gobierno de Finlandia, presentaron denuncias con acopio de pruebas ante la fiscal de la CPI en los años 2012 y 2014 (Archivo OTP-CR-325/12) referidos a recurrentes crímenes de lesa humanidad como asesinatos, torturas y desapariciones forzadas ocurridas entre los años 2006 y 2012 atribuidos a fuerzas militares y policiales con saldos de 200.000 asesinatos y 32.000 desapariciones forzadas como parte de un ataque sistemático contra la población civil, los cuales no fueron procesados por los tribunales nacionales o no se hicieron procesos reales contra los verdaderos responsables, los altos jefes militares y policiales.
Esas denuncias las respondió la fiscal Fatou Bensouda en octubre de 2015 mediante comunicación donde dice: “Luego de analizar cuidadosamente la información recibida, la fiscal ha concluido que las alegaciones descritas en su comunicación no parecen estar comprendidas en la competencia material de la Corte y, en consecuencia, ha determinado que no existe fundamento jurídico en este momento para avanzar en el análisis”.
El muy acreditado periodista mexicano Jorge Carrasco Araizaga, quien ha escrito mucho sobre esto, denunció que el gobierno presionó a la fiscal Bensouda con el tema del dinero de los aportes de México, y agregó que la citada negativa a investigar la emitió después de que una delegación de funcionarios del gobierno del presidente Peña Nieto y de la Procuraduría General fueron varias veces a La Haya a entrevistarse con ella. “El cabildeo del peñanietismo incluyó acercamientos con la fiscal Bensouda en el marco de la Asamblea General de los Estados Partes del Estatuto de Roma de la CPI, así como en reuniones privadas”.
El periodista citó una declaración del embajador de su país en La Haya: “México es uno de los principales contribuyentes de la Corte Penal Internacional y tiene un legítimo interés como Estado Parte del Estatuto de Roma en el tema mencionado. Apreciaríamos que se le diera la debida consideración a estas preocupaciones”. Y al margen acotó que su país aporta 27 millones de euros a la Corte. Eso fue una clara alusión coercitiva.
La tragedia mexicana y la indolencia de la justicia internacional están dolorosamente plasmadas en un video, Los olvidados de la justicia (https://vimeo.com/250650290), hecho por un equipo de varios cineastas y el laureado escritor y poeta Javier Sicilia, a quien le mataron un hijo en esas carnicerías recurrentes en la nación azteca, allí abre diciendo estas lapidarias palabras: “El país es una fosa común sobre la cual caminamos ciudadanos sin seguridad y con posibilidad de que un día vengan por nosotros y nos maten sin posibilidad de que el gobierno haga absolutamente nada”. Y ese no hacer lo santificó la fiscal Bensouda al rechazar las denuncias “por falta de fundamento jurídico”. Ese video es verdaderamente impactante, invito a que lo vean y luego me digan si fue justo el dictamen que sobre esos casos emitió la fiscal Fatou Bom Bensouda.
En el próximo artículo trataremos el caso de Colombia.