Hemos sido críticos de Michelle Bachelet, no tanto por su devoción socialista sino por blandengue, complaciente frente al régimen castro-madurista. No obstante, es de justicia reconocer, el informe superó las expectativas. Categórico, detallado, retrata la realidad, evidenciando que funcionarios oficialistas han pretendido ocultar su cruel, asesina incompetencia detrás de sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países. De recordar, el alto comisionado príncipe Zeid Ra’ad Al Hussein en su escrito anterior fue tan o más severo. Un detalle, fue remitido a la CPI en La Haya, por ahora, el de Bachelet solo hace recomendaciones al usurpador.

Demoledor en parágrafos y enunciados; diplomático, condescendiente e ingenuo, en otros. ¿Hay que alegrarse? ¡No! porque refleja el dolor enorme, sufrimiento inmenso al observar cómo nos ultrajaron a niveles insospechados. Jamás hemos debido permitir semejante ignominia.

La falta de independencia en poderes públicos hace imprescindible una investigación internacional exhaustiva. Y como ciudadanos, estamos obligados a solicitar a la alta comisionada de la ONU remitir el informe final a la Corte Penal Internacional, que se anexe al expediente y constituya prueba. El diagnóstico es contundente, claro y preciso, Venezuela está en peligro, ahora refrendado por la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Resalta que los gravísimos problemas venezolanos comenzaron mucho antes de las sanciones y se deben a fallas oficialistas, en la economía, industria petrolera, sistemas de producción, deteriorados antes de cualquier sanción. No ha sido la ciudadanía la sancionada, son individualidades corruptas, opresoras, maltratadoras, delincuentes, empresas del Estado, como Pdvsa, pésimamente gerenciada, y reconducida para beneficiar amigos cómplices mascarones del régimen.

Es política del castrismo venezolano no impulsar el desarrollo nacional. Han convertido al país en más dependiente de la actividad petrolera que, al caer la producción por la desacertada administración desde Chávez y, aún peor, la increíble incompetencia de Maduro, se vino abajo. Al ser sancionada como fuente de ingresos para bandidos bolichicos corruptos, es inevitable que el país resulte afectado, incluyendo, aunque menos por el empeño sumiso madurista, a la tradicional chulería castrocubana.

Se detalla el creciente estado nacional de catastrófico desplome económico, abrumador abandono en materia de cuidado de la alimentación, salud, educación, respeto a los derechos, hace especial mención del progresivo e inconstitucional control gubernamental al derecho de informar, no se limita a la censura, cierre de medios, sino también amenazas, arrestos, expulsiones de periodistas, incluyendo cargos penales por publicaciones.

Señala el documento el aumento de la militarización en instituciones del Estado, facultades autoatribuidas de represión, utilización de la población en tareas de inteligencia (espionaje, cada camarada un sapo, no lo dice, pero lo da a entender) y defensa, por medio de las UBCH, los CLAP, consejos comunales, organizaciones de control popular. Enumera los organismos de seguridad política y militarmente utilizados para reprimir con uso excesivo de la fuerza responsables de detenciones arbitrarias, maltratos, torturas de opositores políticos y familiares, hace referencia a los colectivos armados para control social en las comunidades locales, en la represión de manifestantes y disidencia. Subraya el desinterés de la Fiscalía General y el sistema judicial para llevar adelante investigaciones serias y objetivas.

El informe es amplio, preciso, prolijamente detallado en la agresión permanente contra la Asamblea Nacional, acoso, persecución de diputados, a quienes se les niega asistencia debida, sufriendo vejámenes, maltratos y torturas.

Sería muy largo este artículo para destacar la exactitud y calidad del Informe Bachelet. Importante para venezolanos, y ciudadanos del mundo, lean con calma, detenimiento, este reporte devastador para el régimen.https://twitter.com/oacnudh/status/1146808991131025444?s=21

Esmerado en cubrir los aspectos de su especialidad, más que campanazo de alarma, un concierto del horror. A pesar de cuidar el lenguaje diplomático, hace un llamado para corregir, cumplir la norma, hacer las cosas bien, establece trabajo por dos años; y a menos que se adopte una política de complicidad, muchos gobiernos se verán obligados a reconocer y expresar contundentemente el rechazo a la tiranía feroz, despiadada e inhumana como la castrocubana en Venezuela.

En el informe se encuentra un abismo entre la demoledora descripción de la situación y timidez en las recomendaciones. Indica ejecuciones extrajudiciales, torturas salvajes, descargas eléctricas, ahogamiento, golpizas, violencia sexual; represión de las protestas por parte de fuerzas de seguridad y colectivos. Falta de acceso a alimentación, servicios de salud, medicamentos, censura, impunidad, abusos contra indígenas. Consumando violaciones de derechos económicos y sociales; solicita disolución de las FAES. Y concluye, sin vacilación, los hechos comprobados, descritos coinciden con la causa por crímenes de lesa humanidad.

La reacción contrariada oficialista para deslegitimar los hallazgos del informe era previsible, demostrando incomodidad en temas clave de la crisis, confirmando que la dictadura no tiene intención o interés de cooperar.

Esta catástrofe requiere reacción inmediata del Consejo de Derechos Humanos –que omite recomendar–. Una investigación de la Corte Penal Internacional producirá decisivos efectos jurídicos, políticos, diplomáticos. El mundo occidental, libre y democrático hallaría maneras para doblegar el castrismo venezolano y reclamar justicia. Aunque el informe adolece de contundencia en las recomendaciones, pues se dedica a exhortar acciones correctivas al mismo régimen cuya práctica violatoria de derechos humanos es sistemática y deliberada, peor aún, está en flagrancia, cometió delitos, que aún continúa ejecutando. Naciones Unidas debe activar el principio Responsabilidad de Proteger (R2P).

@ArmandoMartini