Poco le faltó a la Corte Constitucional decidir que los acuerdos de paz de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC pasaran a formar parte de la carta magna del país vecino. Por fortuna, no fue así, pero lo que acaba de ser decidido en el país vecino es que durante los próximos 12 años los gobiernos que vengan, del corte o la orientación que sean, no podrán alterar la letra de lo convenido con los criminales guerrilleros. Mucho más que eso, el acto legislativo número 2 de este año 2017 del tribunal más alto de la república vecina fue claro al establecer que el cumplimiento de los acuerdos es obligatorio durante ese lapso por parte de todas y cada una de las instituciones que constituyen el Estado colombiano.
Tres períodos presidenciales desde este momento en adelante estarán amarrados al articulado del instrumento legal que obliga al Estado colombiano al cumplimiento de una miríada de compromisos de cara a los guerrilleros y este blindaje, que recibió el voto unánime de todos los altos magistrados, impedirá que sea interpuesto cualquier recurso en contra de su aplicación, aunque con los años y con la instrumentación de las acciones previstas en el mismo se determine la inconveniencia de los acuerdos, su transgresión de otras normas, su injusticia o simplemente la necesidad de su derogatoria.
Pereciera temprano, a los ojos de los neófitos de los asuntos legales como es la suscrita, que un convenimiento que recibió un No contundente de más de la mitad de la población colombiana en un acto re reconocida validez, como lo fue el plebiscito del 2 de octubre de 2016, sea blandido como una espada justiciera cuando apenas Colombia está dando los primeros pininos en la construcción del nuevo país a cuya política y a cuya dinámica doméstica se están incorporando quienes mantuvieron a los colombianos arrodillados y ensangrentados por medio siglo entero. Es propio recordar que en esa ocasión se abstuvieron de opinar tres de cada cinco colombianos y que entre los que decidieron acercarse a las urnas más de uno de cada dos no quiso darle su aval. No es hoy un secreto que, incluso dentro del grupo de colombianos que están de acuerdo con la orientación general de los acuerdos de la paz, son mayoría quienes no comparten la decisión de abrirles las puertas a la participación política a los líderes guerrilleros, ninguno de los cuales pagara cárcel por sus fechorías a través del mecanismo de validación inventado a este fin que es el de la impunidad a través del reconocimiento de sus crímenes.
Concomitantemente a estas trascendentes decisiones que le imponen una camisa de fuerza a las instituciones nacionales, el vecino país continúa siendo asediado por los actos terroristas provenientes de las filas de las FARC y del ELN, como si no existiera un cese el fuego pactado, sellado y rubricado por dos lados.
Esta misma semana, mientras las fuerzas del orden se esmeraban en encontrar los culpables de las agresiones que produjeron 6 campesinos muertos y más de 20 heridos en Nariño (Tumaco) –un hecho que no es aislado–, algunos jefes insurgentes pedían no ser calificados de disidentes sino de frentes guerrilleros activos que aún luchan por su causa revolucionaria y que “no se acogen al proceso de paz por estimar que del mismo se benefician solo algunos de los jefes guerrilleros”.
En definitiva, de eso se trata esta paz de cuño Santos: de una prerrogativa para unos pocos cuyos términos aún siguen siendo oscuros para muchos e inconvenientes e indeseados para la mitad de los neogranadinos.
Sin embargo, de acuerdo con la Corte Constitucional, esa paz chucuta se encuentra ahora labrada en piedra.