Las formas de robar han evolucionado tanto que en vez de pistolas y ametralladoras ahora se usa como arma al sistema judicial internacional. Dos bandas delictivas la han pretendido utilizar, primero en Estados Unidos, y al fracasar ahora lo están intentando en Suiza. Estamos hablando de sofisticadas agrupaciones hamponiles que manejan softwares desde donde se controlan las operaciones comerciales de la que hasta hace poco fue una de las empresas petroleras más importantes del mundo, Pdvsa.

Esta es la historia

El negocio petrolero venezolano fue la “joya de la corona” de nuestras riquezas, en la que Hugo Chávez clavó los ojos para utilizarla como poderosa arma de su proyecto de dominación socialista continental que incluyó a Estados Unidos. Desde 2005, a través de la filial Citgo, inició y mantuvo por años un increíble proceso para abastecer gratuitamente combustible a familias pobres en New Jersey y en lo cual se declaró haber invertido 700 millones de dólares. En esa política invasiva con dinero Chávez mantuvo en primer lugar a Cuba, pero también a 18 naciones caribeñas y centroamericanas y para lo cual se crearon estructuras como el ALBA y Petrocaribe, integrado por 18 naciones caribeñas y centroamericanas.

Siendo Rafael Ramírez presidente de Pdvsa, y Wilmer Ruperti uno de los ungidos de Chávez, un grupo de alta confianza atrapó el control de los centros computarizados desde donde se manejaban los negocios de la empresa, las licitaciones para compras y ventas de sus productos. De antemano sabían cuales eran los precios mínimos a los que se podía vender y los máximos a los que se podía comprar. Este grupo incluso hizo duplicados –clonó– los cerebros de las computadoras de Pdvsa y las manejaban fuera, todo en complicidad con los que estaban dentro, y así llegaron a robar más de 10.000 millones de dólares, todo lo cual aparece explicado con detalles en la demanda que interpuso una famosa firma de abogados en un tribunal de Miami reclamando ese dinero a la parte del grupo delictivo que al dividirse formó tienda aparte.

La demanda

El 5 de marzo de 2018, Boies Schiller Flexner, mismo bufete de abogados que bajo contrato del empresario petrolero Wilmer Ruperti representó a los sobrinos de Cilia Flores en el juicio por narcotráfico en una Corte de Nueva York, consignó una demanda en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida contra 40 empresas de diversas partes del mundo, reclamando la devolución de los dineros defraudados a Pdvsa, que según el escrito ocurrió durante 14 años.

En la demanda se describen los detalles del delito y de su ejecución se imputa específicamente a los demandados, entre los que figura incluso un banco, así como importantes compañías dedicadas al comercio petrolero, y se exige la devolución de la gigantesca fortuna que robaron a Venezuela; pero el detalle es que dicho retorno no lo pedían para nuestro país sino para una firma privada a la que insólitamente Pdvsa le cedió esos derechos mediante un documento notariado en Nueva York el 27 de julio de 2017 y que en su nombre firmaron el entonces ministro de Petróleo y presidente de la petrolera venezolana Nelson Martínez, el tesorero Miguel Bolívar, la consultora jurídico Vicki Zárate y el abogado de la nación, el procurador Reinaldo Muñoz.

Detalles inexplicables

1. En la demanda se relata que la trama fraudulenta fue descubierta tras una intensa labor de investigación privada realizada durante dos años, es decir, desde 2015. Esto lleva a la pregunta ¿por qué no denunciaron en Venezuela, lugar desde donde partía el delito?

2. Dicen que la investigación abarcó desde 2004 hasta 2014, es decir, exactamente el lapso durante el cual Rafael Ramírez presidió Pdvsa A) ¿Fue Rafael Ramírez partícipe de este robo? ¿Por qué ni lo mencionan? B) ¿Sería posible que él siendo jefe absoluto de la empresa no tuviera conocimiento de ese escandaloso robo?

3. La referida cesión de derechos que sin autorización de la Asamblea Nacional se firmó en Nueva York sin duda constituyó un intento de fraude, con el cual se pretendió utilizar al sistema judicial norteamericano para consolidarlo, lo que constituyen hechos delictivos perseguibles en Venezuela y en Estados Unidos.

Se les cayó el primer intento en Miami

Como ha sido público, un grupo de venezolanos intervinimos en el juicio para denunciar su ilegalidad. La Corte de Miami rechazó la demanda y cerró el caso. Hasta allí llegó el intento delictivo de US Pdvsa Litigation Trust, pero los complotados no se han rendido en su empeño. Ahora están litigando en Suiza, específicamente en Ginebra, donde se quitaron la máscara de dicha firma privada y accionan directamente en nombre de Pdvsa con la misma historia. Esto evidencia lo truculento que fue lo de la cesión firmada en Nueva York, lo cual tiene connotaciones delictivas que deben ser perseguidas penalmente, y quien teniendo esa responsabilidad no lo haga se convierte en cómplice y también tendrá que responder por la omisión en el cumplimiento del deber de salvaguarda de los intereses de la patria.

Juicio penal ahora en Ginebra

El nuevo episodio en tribunales suizos extiende la territorialidad del delito que se viene cometiendo con este asunto, pues ahora se pretende allá utilizar aquel sistema judicial por acción interpuesta ante el Ministerio Público de Ginebra. Ya se abrió una investigación criminal fundamentalmente contra Francisco Morillo, quien luego de ser el principal socio de Wilmer Ruperti en esta trama se pelearon y es lo que ha dado lugar al conflicto. Es rencilla personal y pelea por el botín, pero ese dinero no es de ellos, es de Venezuela y debe regresar para la reconstrucción del país que también requiere castigo ejemplar para los partícipes de este crimen que ha llevado a la tragedia humanitaria que hoy se vive.

Esta historia continúa.

¡Ya estamos preparando viaje para ir donde ese fiscal y los jueces de Ginebra!