La sustitución de Zeid Ra’ad al Hussein como alto comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas por Michele Bachelet generó en las fuerzas democráticas venezolanas razonables preocupaciones e interrogantes, toda vez que mientras ocupó la presidencia de Chile no  dio muestras de preocupación ante la tragedia del sistema de derechos humanos venezolano,  indolencia agravada  por tratarse de la hija de un preso torturado y asesinado por la dictadura de Pinochet. Su indiferencia hacía suponer la priorización de la  solidaridad política por encima del sufrimiento humano. Cierto es que al final de su mandato hizo algunas declaraciones condenatorias al gobierno de Maduro.

La animosidad hacia la nueva comisionada se atenuó luego de que en marzo de 2019 una delegación de su oficina viajara a Venezuela a hacer un reconocimiento de la situación de los derechos humanos que concluyó con una evaluación bastante negativa para el régimen de Maduro. El informe oral presentado por Bachelet de esa indagación reseña un panorama amplio de violaciones a los derechos humanos documentadas por su oficina en materia de educación, salud, ataques a la libertad de expresión, criminalización de la protesta, colapso de los servicios públicos, ejecuciones durante actuaciones policiales, torturas y el uso de grupos armados para atacar a la población.

Agregó la negativa de las autoridades a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos  y expresó  su preocupación por la magnitud de la repercusión de la crisis actual  como un inquietante factor de desestabilización regional.  

La concreción de la tan esperada visita de Bachelet despertó grandes expectativas, especialmente entre los familiares de las víctimas, las organizaciones defensoras de derechos humanos, los integrantes de la AN, los partidos políticos…En fin, en la ciudadanía democrática. Pero al lado de las preocupaciones genuinas, no faltaron los anticipados juicios descalificadores, que lejos de tratar de favorecer un acercamiento, se fue por el camino de la ya tan repetida acusación de complicidad y de esfuerzos perdidos para todo aquello que no coincida con cierto radicalismo primitivo y ciego.  

 Cualquier observador puede encontrar falencias  y ambigüedades en el informe y  también desagrado sobre algunos actores incluidos en la visita, pero me pregunto, en justicia cuál debe ser  el criterio para evaluar los resultados de la visita de Bachelet,  así como del  informe  que presentará el 5 de julio. A mí no me cabe la menor duda de que la guía debe ser la opinión de las muy dedicadas y respetadas organizaciones y defensores de los derechos humanos del país, críticos sistemáticos e intransigentes del régimen en esos predios, que en lugar de destacar  las carencias del informe preliminar de Bachelet, mayoritariamente han expresado satisfacción por los resultados. Ha sido considerado como un buen resumen del drama que vivimos, al que se une el señalamiento hecho a las autoridades venezolanas por no reconocer la magnitud de la crisis.  Señalamiento que obtiene gran relevancia al tratarse de la voz de mayor autoridad internacional en la materia, orientadora para todos los países y todas las organizaciones  interesadas en la situación venezolana, con lo cual  se despeja cualquier duda sobre el deplorable estado de los Derechos Humanos en  nuestro país.

Un logro destacado  es  la permanencia de miembros de esa oficina en Venezuela que en un plazo máximo de seis meses pudiera dar lugar a la instalación una verdadera Oficina de Alto Comisionado de Derechos Humanos, uno de los  principales petitorios de la sociedad civil.

Es por supuesto importante recordar que los tratados sobre derechos humanos no tienen carácter vinculante desde el punto de vista jurídico, pero no es menos   cierto que seguramente impulsará a la comunidad internacional a  incrementar acciones de protección y apoyo al pueblo venezolano. Por supuesto nadie puede asegurar que haya voluntad política de la dictadura de Maduro para cumplir los acuerdos y compromisos asumidos (el día siguiente de la partida de Bachelet fueron apresados  varios militares). Es muy probable que haga todas las trampas a las que nos ha acostumbrado, pero lo que no puede eludir es esa ampliación significativa de un campo de batalla en el que no tiene armas para la defensa.