Mientras la amenaza de un conflicto mayor se hace presente con la llegada de militares y armas rusas hace unos días, la crisis, la más grave que ha sufrido el país en su historia, se agudiza. Estamos ante una emergencia humanitaria, una crisis compleja traducida en hambre y enfermedades, en la violación masiva de derechos humanos, que pone en peligro la vida de millones de venezolanos que no tienen acceso a las medicinas y a los alimentos, principalmente.

La crisis está allí y desde hace mucho tiempo, aunque la tiranía lo había negado sistemáticamente hasta ahora que la acepta y la politiza. En junio de 2016 lo denuncié responsablemente en el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, gracias a la invitación que me hiciera la organización no gubernamental UN Watch, destacando entonces ante la comunidad internacional la urgencia de una ayuda humanitaria que lejos de significar una acción militar, buscaba solo aliviar el sufrimiento de los venezolanos que se agravaba frente a un Estado fallido cada vez más incapaz y menos dispuesto a enfrentarla. El régimen usurpador desde entonces venia negando criminalmente la posibilidad de abrir un canal o corredor humanitario para hacer posible el ingreso y la distribución de alimentos y medicinas, como lo hizo hace unas semanas cuando la detuvieron y atacaron en la frontera con Colombia y con Brasil, sin piedad alguna, causando lo que vimos: muerte y angustia entre los más necesitados.

El presidente interino, Juan Guaidó, lo precisó de nuevo el pasado viernes. Se trata de una ayuda o asistencia indispensable para aliviar el dolor de los venezolanos. No es una acción política, mucho menos militar como el bandidaje usurpador lo pretende presentar cuando la confunde tendenciosamente con la intervención humanitaria, muy distinta a su vez esta de la intervención militar y de otras acciones de esta naturaleza, a lo que me he referido en notas anteriores. La asistencia humanitaria es definida como el conjunto de “actos y actividades para la provisión de material y servicios de carácter exclusivamente humanitario, indispensable para la sobrevivencia y la satisfacción de las necesidades básicas de las víctimas de un desastre” (Resolución de Brujas, del Instituto de Derecho Internacional), expresión que abarca, situaciones de emergencia, como la que lamentablemente vivimos hoy en el país.

Debemos estar claros ante todo en que la ayuda humanitaria es un derecho humano colectivo que junto con el derecho a la paz, a la preservación del ambiente y a la democracia han sido calificados de derechos humanos de tercera generación: derechos de solidaridad, esbozados por primera vez por el derecho humanista de origen checo Karel Vasak en el Correo de la Unesco, en 1977, quien recurrió para su fundamentación a los postulados de la Revolución francesa: libertad, igualdad y fraternidad.

La ayuda humanitaria es un derecho y por lo tanto genera obligaciones al Estado receptor y subsidiariamente a la comunidad internacional, cuando el primero no puede o no tiene la intención de enfrentarla para satisfacer las necesidades de la población en emergencia. En pocas palabras ella debe ser aceptada por todos: desde luego, si se ajusta a los principios reconocidos y aceptados por la comunidad internacional de los cuales no podemos separarnos: humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia; y, como agrega el Grupo de Contacto que se reunió en Quito en días pasados para examinar la crisis venezolana, la ayuda humanitaria debe estar en plena conformidad con la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 46/182, que constituye el marco de acción para hacerla efectiva conforme a las reglas y principios establecidos.

La ayuda humanitaria no puede ser politizada como lo pretende ahora el régimen usurpador, al reconocer la crisis que escondieron por años, es decir, su distribución no puede estar sujeta a criterios políticos o ideológicos; es inaceptable cualquier discriminación que pueda pretenderse imponer. Ella debe considerar simplemente las prioridades, las necesidades, las urgencias. El gobierno interino de Guaidó ha exigido el ingreso de una verdadera ayuda humanitaria, no una simple ayuda basada en relaciones comerciales, como la que pretende el régimen al acordar la recepción y distribución sesgada de productos chinos y rusos.

El ingreso y la distribución de alimentos y medicinas es un logro más del proceso de cambio que vivimos, un proceso que tiene su ritmo y en el que confiamos todos. No se pretende de ninguna manera politizarla, como lo quiere el régimen moribundo y usurpador de Maduro. La politización del hambre y de la miseria, de las precariedades y del sufrimiento, resulta inaceptable y así debe entenderlo la comunidad internacional, los Estados, las organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales como la Cruz Roja Internacional, llamada a ejercer un rol absolutamente independiente e imparcial, exclusivamente humanitario.