Si la Fiscalía de la Corte Penal Internacional –en uso de sus atribuciones y con vistas a las decenas de denuncias fuertemente soportadas con pruebas que se le han presentado– gestionara apertura de investigación con visita en el territorio y una orden de detención contra Nicolás Maduro, este y su dictadura se derrumbarían. Obvio que esto sería más factible que montar una intervención militar, pues en tal exigencia podríamos sumar a los 56 países que reconocen la presidencia de Juan Guaidó, que son casi la mitad de los que integran el Estatuto de Roma y la cuarta parte de la Asamblea General de la ONU. Para esto lo primero sería plantear en términos dilemáticos la separación de la roñosa Fatou Bensouda o la retirada en masa de dicho Estatuto tal como hicieron los 36 países africanos cuando exigieron su nombramiento.
También sería una alternativa para Estados Unidos
Podría ejercer a fondo todo su poder diplomático recabando apoyo a tal proposición aun cuando no esté adscrito al Estatuto de Roma, pues además de ser nuestro principal soporte en el escenario internacional, tiene en la mira a la Bensouda.
Estados Unidos sancionó a la fiscal de la Corte Penal Internacional
En abril de 2019, Estados Unidos sancionó a la fiscal Bensouda retirándole la visa. Con esta medida ella quedó en la misma situación que el embajador de Maduro ante la ONU, Samuel Moncada, contra quien emitió una medida similar y por ello su ingreso y estadía en Estados Unidos ha de limitarse a un radio de 25 kilómetros en Nueva York, donde están las instalaciones del organismo. Resulta oportuno que desde los sectores democráticos venezolanos se impulse una ofensiva para remover el criminal obstáculo que en esa corte existe para enjuiciar a Maduro y que radica en la fiscal Bensouda y los agentes del castro chavismo que allí ha incrustado.
En los años dorados del chavismo-kirchnerismo
Recordemos que la señora Bensouda accedió a ese cargo como consecuencia de las presiones que se hicieron desde dictaduras africanas encabezadas por la de Gambia, que estaba tiranizada por el teniente coronel Yaya Jameh, de quien ella fue mano derecha ocupando varias posiciones ministeriales y hasta la tuvo como su fiscal para asuntos penales, cargos desde los que le amparó latrocinios y crímenes horrendos. Desde aquel continente se ejerció presión en la Asamblea General de la ONU para su designación tejiéndose una combinación con el kirchnerismo que llevó como fiscal jefe de la CPI al abogado Luis Moreno Ocampo y como fiscal adjunta a la abogada Fatou Bensouda, ambos involucrados con escándalos de corrupción. La penetración ha sido tan fuerte que los Kirchner luego también se hicieron de la presidencia del tribunal, donde colocaron a otra pieza propia, la abogada Silvia Fernández de Gurmendi. Y enlistado para suceder a la Bensouda ya tienen a otro abogado argentino, kirchnerista, Fabricio Guariglia, actual director de la División de Acusaciones de la CPI, llevado de la mano de Luis Moreno Ocampo, quien también allí colocó como asesor a Baltasar Garzón, muy allegado a la señora Kirchner.
La penetración chavo madurista
Campo fértil para el emporio de la corrupción organizado por este “socialismo del siglo XXI” se fijó tempranamente en la importancia de controlar la CPI y desde un principio Chávez le relacionó a Haifa el Aissami, quien apenas graduada de abogada fue designada fiscal para ensañarse contra presos políticos en amañados procesos judiciales, actividad que compartía como activista de Hezbolá, igual que su hermano Tareck, contra quien incluso pesa un indictment de una corte norteamericana por narcotráfico. Maduro profundizó la participación de esta señora dándole rango de triple embajadora (ante la CPI, ante Tribunales Internacionales y ante la Organización para la Prohibición de Armas Químicas) según Resolución publicada en Gaceta Oficial 40823 del 7 de enero de 2016.
Ella, Haifa el Aissami, maneja la cartera de los dineros que el régimen aporta a las finanzas de la CPI y de lo cual nadie más que ellos y la propia Bensouda saben su cuantía.
Ha sido ignorado por la fiscal que nueve países le denunciaron a Maduro
En septiembre de 2018 Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Canadá, Costa Rica, Francia y Alemania pidieron a la fiscal Bensouda abrir proceso de investigación a Nicolás Maduro. En apoyo se anexó un informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y un informe producido por Luis Almagro. Dicha solicitud permitiría abrir el procedimiento cortando el trámite por ante la Sala de Cuestiones Preliminares, pero ni a eso ha atendido la fiscal, quien ha cometido la grosería de ignorar dicho pedimento.
Presidente Guaidó
Aquí le dejo en el derecho de palabra. Destituya a Haifa el Aissami de esos cargos fraudulentamente dados por el usurpador y confiéraselos a Walter Márquez, que ese sí sabe cómo hacer las cosas por aquellos lares. Tenemos amplio apoyo para sacar a Maduro, pero nadie quiere guerra, aquí tiene como satisfacer tal aspiración. ¡Rescate y esgrima la espada de la justicia internacional!