Con la torpeza que lo caracteriza, Maduro ha escogido para ejercer la presidencia de la nación la feroz confrontación contra la disidencia y la sumisa entrega política y económica a intereses foráneos como forma de hacer y entender la política.
En tal sentido, además de los ya conocidos frentes de controversia abiertos por su gobierno a escala internacional y en el plano interno, se suma ahora el empeño de imponerle al país un endeudamiento complementario por 5.000 millones de dólares con la República Popular China, que incrementará sustancialmente la deuda que debemos pagar todos los venezolanos y significará la entrega, en forma exclusiva, al gobierno de aquel país, de importantes recursos naturales y la realización de proyectos de diversa índole en los que no tendrá cabida la participación de la inversión privada nacional.
Pero lo más grave de este asunto es que no sabemos, a fe cierta, para qué fines utilizará el régimen los referidos recursos de financiamiento adicionales a la enorme deuda –aproximadamente 50 millardos de dólares– que ya ha contraído con ese país, habida cuenta de la inveterada opacidad y misterio con que el régimen suele negociar y utilizar los recursos que obtiene, mediante esos endeudamientos criminalmente irresponsables y por el hermetismo sobre el uso que ha dado a los recursos del Fondo Chino.
El desboque del proceso inflacionario, la creciente devaluación y pérdida de poder adquisitivo de nuestro signo monetario, la destrucción del aparato industrial, el ineficiente control de cambios, el acelerado crecimiento del gasto público, el consecuente desorden fiscal, la contracción que, desde hace mucho tiempo, se viene operando en el crecimiento de la economía son algunos de los indicadores que dramáticamente muestran el fracaso e inoperancia del modelo económico gubernamental. De allí que las autoridades chinas, conscientes de los profundos desequilibrios que experimenta la economía venezolana, en esta ocasión han exigido al régimen, para la aprobación y desembolso de este nuevo financiamiento, la concepción de un programa de acciones asertivo que les garantice presencia política e influencia en las decisiones gubernamentales, el repago del nuevo préstamo y de los atrasos en la amortización de la deuda vieja, así como decisiva participación accionaria en los proyectos que se realicen y la consecuente adquisición, en forma obligada y exclusiva, de tecnología, servicios, materias primas e insumos a empresas de aquel país.
Desde esa óptica, el programa que el régimen ha presentado y las políticas públicas asociadas se orientan fundamentalmente a satisfacer plenamente los requerimientos del prestamista en lugar de haber sido concebido para recuperar los equilibrios macroeconómicos perdidos de la economía nacional; por tanto, el referido programa, vistas la opacidad de sus fines, sus limitaciones conceptuales, su vaguedad y los condicionamientos exigidos por China, lo más probable es que contribuya a profundizar aún más los desequilibrios mencionados a un costo creciente per cápita.
Es así como hemos visto hasta ahora que los primeros efectos de la aplicación del programa se han expresado en fuertes incrementos del precio de varios productos y servicios, mayor control gubernamental a la ciudadanía y menor libertad para la acción de los empresarios, cierre de empresas, desempleo, escasez y un creciente desagrado de la población a la gestión de Maduro, que se traduce en un gran rechazo popular al régimen.
A nuestro juicio, estas son algunas de las razone fundamentales que explican la urgencia del gobierno para contratar, sin el debido análisis y la obligatoria aprobación legislativa constitucional, tan inconveniente y oneroso endeudamiento público. Financiar parcialmente una pésima gestión de gobierno con tan enormes costos para el país y sus ciudadanos, en un ambiente de franco deterioro del liderazgo gubernamental y de profundo malestar, desconfianza y decepción colectivas por la falta de probidad y realizaciones del gobierno, es una empresa de gran envergadura que demanda grandes recursos de financiamiento que el régimen no dispone. En consecuencia, y ante el inminente riesgo de perder el poder, el gobierno, con la falta de escrúpulos que le caracteriza, ha decidido imponer por vía de la fuerza, que no de la racionalidad, las acciones que le garanticen un determinado flujo de caja para sus actividades, sin importarle los costos y las consecuencias económicas y sociales asociadas a la asunción de tales medidas. Es evidente que los organismos responsables de la gestión financiera pública deberían oponerse a tal desaguisado, pero, como la independencia de poderes no existe, el régimen seguirá actuando con total impunidad y misterio.