La fiscal Luisa Ortega Díaz ha presentado al TSJ en el exilio su acusación formal contra Nicolás Maduro “por ladrón”, como ella lo califica, referido a la coima que este recibió de Odebrecht, y para apoyarlo consignó 18 piezas principales y 46 anexos digitales. Seguidamente hizo un discurso en el cual explicó las dificultades que tuvo para salvaguardar esos recaudos y exigió al tribunal que tramitara pronta y eficazmente el caso y hacer cumplir la orden de captura que antes emitió a Interpol y también dar publicidad a todos los elementos acusatorios.
La acusación de Luisa Ortega no es realista
Es obvio que la fiscal no está siendo realista en cuanto al reclamado propósito de la efectividad que pueda tener el caso en manos de este tribunal que opera en el exilio debido a las grandes limitaciones jurídicas y físicas que tal condición conlleva, con sus magistrados dispersos por el mundo agobiados por penurias para la obtención de los medios de sus propias subsistencias. Todos sabemos que las decisiones de este Alto Tribunal son más que todo unas pautas para el futuro que para realizaciones inmediatas; no son lo mismo las órdenes de captura que la fiscal tramitaba cuando ejercía funciones en Caracas, que de inmediato eran cumplidas por los cuerpos policiales y por los jueces, desde Gladis Gutiérrez y Luisa Estela Morales para abajo, fuera quien fuera el imputado, que en los tiempos actuales.
En varias oportunidades he expresado mi opinión de que debemos y podemos recurrir a medios judiciales más reales en vez de estar lanzando piropos a la luna, como son esas denuncias ante la Corte Penal Internacional y ante el TSJ en el exilio.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional o Convención de Palermo es un instrumento jurídico internacional dictado para la persecución sin fronteras contra los delitos sin fronteras dictado en diciembre de 2000 en la Convención de la ONU que se celebró en Palermo, Italia, que rige para todos aquellos países que la suscribieron y ratificaron (Venezuela lo hizo el 13-05-2002) y en cuyo primer artículo se da su definición: “El propósito de la presente Convención es promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional”.
El juicio es en Brasil
En el Tribunal Federal de la 13ª Sala Criminal Federal de Curitiba, Brasil, cursa el expediente del caso Lava Jato (Odebrecht) a instancia del fiscal Deltan Dallangnol, quien ha removido cielo y tierra para hacer justicia en esa trama de corrupción que tanto daño ha causado a nuestros pueblos. Nuestra fiscal Ortega Díaz, cuando todavía ejercía su poder en Venezuela, viajó allá el 16 de febrero de 2016 a reunirse con el procurador (fiscal) general de aquel país, Rodrigo Janot, y con otros fiscales latinoamericanos en un evento donde se coordinaron acciones para la persecución penal del caso. De aquella reunión salieron acuerdos de colaboración para efectuar tales actuaciones en distintos países en el entendido de que se trataba de una persecución internacional, dado que esa es la característica del delito; específicamente se firmó un convenio en el cual se acordaron ocho puntos, entre los que están la creación de equipos conjuntos para la investigación y trabajar en la recuperación de activos para la reparación de los daños.
Aquel convenio produjo resultados en todos los países menos en Venezuela, a pesar de ser donde más dinero público fue robado en aquella trama corrupta. En Brasil pusieron en prisión al presidente de la empresa Odebrecht y lo condenaron a 19 años de cárcel; se formularon cargos contra el ex presidente Lula, a quien pusieron en prisión, y la empresa se obligó a pagar multas a Estados Unidos y Suiza por 3.500 millones de dólares. En Colombia se ha dado cuenta de detenciones de varios altos funcionarios e incautaciones de bienes. En Ecuador el fiscal firmó un acuerdo con Estados Unidos para asistencia penal en la investigación y congelaron 40 millones de dólares a la constructora. En Perú la Fiscalía celebró un acuerdo con Odebrecht para la devolución de dinero, de lo cual adelantó 8,9 millones de dólares; tienen en la cárcel a 7 altos funcionarios, han dictado detención a un ex presidente y destituyeron al presidente. En República Dominicana se hizo un acuerdo entre la Procuraduría (Fiscalía) y Odebrecht según el cual la empresa devolvería el doble del dinero que se repartieron en sobornos, para un total de 184 millones de dólares. En Panamá el gobierno canceló los contratos hasta que se devuelvan los dineros sustraídos, la Fiscalía ha formulado cargos a 17 funcionarios. En Argentina se abrió una investigación respecto a los contratos de 3 proyectos en los que se reportaron beneficios de 278 millones de dólares para Odebrecht cuyo reintegro ha sido exigido, se ha acusado al jefe de los servicios de inteligencia y al secretario de transporte de haber recibido sobornos. En Venezuela la fiscal se limitó a informar que había pedido la detención de una persona a la cual no identificó ni ofreció más detalles.
Se lo he pedido a Luisa Ortega Díaz
La fiscal Ortega Díaz rompió con Nicolás Maduro y tuvo que huir de Venezuela a comienzos de agosto de 2017, pero tomó las precauciones de poner a buen resguardo los medios de prueba del caso, que son los que ahora ha consignado ante el TSJ en el exilio como soporte de su acusación, pero esta debió hacerse en el antes mencionado tribunal de Brasil donde cursa el expediente del caso, pues allí sí hay los medios materiales para llevar ese procedimiento y para librar la orden de captura internacional contra Nicolás Maduro Moros, quien no es reconocido como presidente de Venezuela, es una persona común y corriente implicada en un delito transnacional con implicaciones en aquella jurisdicción, así como también en otras donde se haya lavado el dinero. Dejo constancia que así se lo he pedido pública y privadamente a la señora fiscal general de Venezuela, doctora Luisa Ortega Díaz, pero lamentablemente no me escuchó.
Esa acusación de Luisa Ortega contra Maduro ante el TSJ en el exilio está destinada al fracaso pues el tribunal no cuenta con medios físicos necesarios para procesarla, ni siquiera tiene una oficina, ni un local donde sesionar, tampoco hay personal de secretaría ni computadoras, ni nada, mucho menos fuerza coactiva para ejecutar sus determinaciones. En los pocos casos que se le han llevado le ha sido sumamente difícil dictar autos de admisión, emitir oficios, y otros menesteres, ahora, en esta acción contra Maduro la fiscal consignó un grueso escrito y como pruebas 18 piezas principales y 46 anexos digitales. Ella sabe perfectamente que es una misión imposible.
Qué se debe hacer
Hay una posibilidad real de que esta acción ofrezca resultados positivos y es que la tramite el tribunal de Brasil mediante la cooperación de su fiscal, la cual está pactada en aquel convenio que se firmó en febrero de 2016. Para que eso sea posible hay dos vías procesalmente factibles: 1) Que el TSJ en el exilio decline jurisdicción proclamando que el caso debe tramitarse allá donde cursa la causa principal, y donde consta la delación del representante de Odebrecht, Euzenando Azevedo, quien le entregó a Maduro los 35 millones de dólares de coima, o 2) que la doctora Ortega Díaz desista de su acusación y la proponga directamente por ante aquella otra jurisdicción.
Estoy esperando que se me admita como tercero adherente en ese caso
En fecha 10 de abril de este año presenté un escrito ante el TSJ en el exilio adhiriéndome a la querella de la fiscal. Aún no he recibido respuesta, no se me ha tramitado, pero mi intención es precisamente plantear allí la petición de declinatoria de jurisdicción para que el juicio se lleve en Brasil, donde en tal caso estoy dispuesto a trasladarme a litigar para que en verdad esa acusación pueda tener esperanzas de concreción.