La crisis colombo venezolana pudiera estar dando origen a un nuevo Estado-nación criminal, si no se interviene a tiempo.
Recientemente acudí, en la ciudad de Cúcuta, al segundo encuentro del movimiento Puentes Ciudadanos Colombia–Venezuela, una organización que comienza a ejercer la diplomacia ciudadana en el marco del track two diplomacy, el tema central fue: Una estrategia de frontera.
En el evento se dieron cita, junto con el Instituto de Paz de Estados Unidos – USIP, ciudadanos colombianos y venezolanos pertenecientes al mundo académico; de investigación; empresarial; religioso; comunitario; social; organizaciones no gubernamentales; el alcalde de Cúcuta; y una representación de la gobernación del Norte de Santander.
Fuimos diversos los ponentes y los enfoques que se le dieron al tema, para llegar a una conclusión: es urgente que las autoridades de Colombia y Venezuela hagan una tregua en la confrontación política para atender la emergencia fronteriza, la cual comienza a salirse de control.
De los cinco ejes tratados, la seguridad y el control criminal fronterizo sigue siendo el más alarmante. La frontera entre Colombia y Venezuela es un límite internacional continuo de 2.219 kilómetros. Son siete cruces fronterizos activos a lo largo de seis departamentos limítrofes desde La Guajira hasta Guainía, de los cuales Cúcuta es el principal corredor humano.
A raíz de la crisis venezolana, que es multiorigen y multidimensional, los departamentos fronterizos están dejando de ser polos migratorios temporales para convertirse en el refugio permanente de quienes están huyendo de una crisis humanitaria compleja, es así como los problemas naturales, de una frontera históricamente activa y estrecha, se han multiplicado exponencialmente.
Lamentablemente, la narrativa sobre el tema migratorio se ha politizado. Wilfredo Cañizares, de la ONG Progresar, decía: “Se pasa toda la responsabilidad a los venezolanos, obviando los problemas estructurales que ya existían”. Es evidente que la crisis y la migración venezolana han tenido un impacto en los indicadores socioeconómicos y de seguridad, tanto en frontera como en el interior de Colombia, pero lo que está ocurriendo en ese espacio territorial que divide a Colombia y Venezuela tiene raíces estructurales, es decir, estos problemas no son nuevos.
Los grupos irregulares colombianos, por ejemplo, hacen vida entre Colombia y Venezuela desde los años setenta; desde los años ochenta el Cártel del Norte creó su propio corredor para el narcotráfico; el contrabando es un problema histórico que viene desde la época de la Colonia; la gran diferencia con lo que ocurre hoy día es que los gobiernos de ambos países, embarcados en una confrontación política, parecen haber entregado el control a la criminalidad.
La frontera colombo-venezolana se ha convertido en un centro de informalidad, ilegalidad e inestabilidad sociopolítica. El crimen es la empresa multiagencial, binacional y transnacional más favorecida por la ruptura de las relaciones diplomáticas; son ellos quienes están imponiendo la ley; son ellos quienes determinan el nuevo asentamiento social; los esquemas de seguridad; la convivencia; el ejercicio de la política; la reconfiguración del territorio; y las relaciones comerciales.
Aparte de los grupos binacionales, en las zonas fronterizas hacen vida organizaciones criminales de otros países como, por ejemplo, los “Z mexicanos”, el Cártel de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación, entre otros. Es así como la solución a esta problemática requerirá un enfoque más complejo, fuera de la geopolítica clásica.
A pesar de que Venezuela ha cambiado su mercado de exportación alejándose exponencialmente de Colombia, siendo su principal cliente la India y su principal mercado de abastecimiento China; el flujo económico fronterizo no ha cesado, por el contrario, ha crecido, con la salvedad de que pasamos de un mercado formal en contracción de 250 millones de dólares, para finales de 2019, a un mercado informal que registra más de 2.000 millones de dólares de acuerdo con cifras de Cavecol.
Los dividendos generados por el sistema informal se van a las mafias, a las bandas criminales y al sistema ilegal; como en una película de terror, se destruye al empresariado binacional para darle todo el poder a quienes asesinan, secuestran y destruyen el futuro de nuestra gente.
Muchos nos preguntamos: ¿Qué están haciendo nuestras autoridades?. Pareciera existir una “política de brazos caídos” por ambos lados. No hay comunicación entre el gobierno de Duque y quien ejerce el poder efectivo en Venezuela, Nicolás Maduro, por tanto, es imposible aplicar acciones conjuntas de seguridad. Colombia reclama al oficialismo de Maduro por su complicidad en el tema, pero es válido preguntarse qué está haciendo el gobierno colombiano para combatir de forma efectiva y directa esta situación.
Según Ariel Ávila, de la ONG Pares, en la dinámica fronteriza intervienen más de 28 entidades entre estructuras criminales y grupos armados, que van desde el ELN hasta el Tren de Aragua.
En este escenario, podemos afirmar que estamos en presencia de una reconfiguración paulatina del territorio que se ubica entre Colombia y Venezuela, el cual puede convertirse en un tercer Estado-nación, “el Estado criminal”, bajo el control y la hegemonía de las bandas criminales.
Este fenómeno ya ha comenzado a evidenciarse, principalmente en las llamadas “trochas”, donde hay una transfiguración territorial. Allí manda la impunidad, la ilegalidad y la criminalidad en todas sus expresiones; el tráfico; el contrabando; la explotación sexual; la esclavitud laboral para la minería, el raspado de coca y los “toderos”; la trata de personas y el tráfico de órganos, entre otros.
El llamado es a la opinión pública internacional. Si ambos gobiernos, tanto de Colombia como de Venezuela, no prestan atención a lo que está ocurriendo en nuestra frontera, entonces será necesario que los organismos internacionales intervengan en el conflicto antes de que sea tarde.