Los derechos ciudadanos están estipulados no solo en nuestra Constitución, sino también en la Carta de los Derechos Humanos fundamentales establecidos por las Naciones Unidas.
El Estado en todas las sociedades avanzadas ha venido cediendo mayores derechos a los ciudadanos, encontrándonos con que en la mayoría de las naciones del mundo el Estado tiene limitaciones en sus disposiciones constitucionales, en buena parte sujetas a aprobación previa por mayoría mediante consulta ciudadana. Los resultados están a la vista en constantes mejoras para los ciudadanos que se sostienen como prioritarias para lograr una mejor calidad de vida, tales como: salud, educación, alimentación, seguridad y servicios públicos. Es lo que se denomina niveles de felicidad de la población acordes con la sostenibilidad de estas prioridades sociales, mantenidas con los recursos que el Estado maneja.
El Estado todopoderoso que concentra un mayor número de derechos frente a los ciudadanos ha venido transformando su estructura de poder en una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones prioritarias para el bienestar de los ciudadanos, así lo observamos en los países donde se sostienen los mayores niveles de crecimiento económico y social de la población. Esto se hace evidente cuando las instituciones públicas dan prioridad a los derechos ciudadanos, cuando se hace necesario para mantener su capacidad de crear iniciativas en procura de obtener mejores medios para alcanzar su bienestar y felicidad familiar.
Cuando analizamos los distintos niveles de poder del Estado y los derechos ciudadanos, nos encontramos que donde el Estado concentra mayores poderes y los ciudadanos derechos limitados, los niveles de calidad de vida y felicidad familiar son menores que donde los derechos ciudadanos no están sujetos al poder del Estado, que donde este actúa como el promotor y facilitador del crecimiento social.