En los noventa y comienzo de los años 2000 Chile era considerado un país ejemplar para el mundo y para América Latina, debido básicamente a los resultados económicos que mostraba el llamado experimento neoliberal impuesto a comienzos de los ochenta. La dictadura de Pinochet instauró las bases de la economía de libre mercado, asignándole un rol protagónico al mercado en derechos sociales como salud, educación, previsión social, y al Estado un rol subsidiario en distintos ámbitos, incluidos los mencionados anteriormente. La idea del Jaguar de América Latina, la hizo mediática el diario chileno El Mercurio para comparar el crecimiento económico que estaba experimentando el país con lo que estaban logrando con la conquista del mercado, países como Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán, los llamados cuatro tigres asiáticos.
En paralelo a esta folklórica definición -en particular a comienzos de este siglo- se comenzaba a configurar en la sociedad un malestar que estaba haciendo cortafuego a la entelequia del Jaguar. Los beneficios de ese crecimiento económico se estaban concentrando “mucho” en unos pocos y no se lograba distribuir con la misma intensidad a todas las personas ni a todos los rincones del país. Fue así como se fueron encubando diversas protestas, primero en algunos territorios que se sentían apartados y desplazados por el Estado, fue el caso de Chiloé, Loa, Aysén, Punta Arenas, entre otros territorios quienes hicieron sentir su malestar por el abandono del Estado.
Posteriormente, vino la llamada Revolución pingüina del año 2006, que fue liderada por estudiantes secundarios. Esta corresponde al primer alzamiento de masiva participación y manifestaciones protagonizadas por estudiantes a favor del derecho a la educación, en respuesta a la privatización del sistema de educación chileno. Posteriormente, sucedió lo mismo el año 2010, 2012, haciéndose frecuentes las protestas sociales por distintas problemáticas, todas motivadas por la pésima distribución de riqueza y beneficios del mercado, y por la débil participación del Estado en la provisión y garantía de derechos sociales.
La élite política, los partidos y la élite económica no lograron asimilar la solicitud de una sociedad distinta que estaba germinándose en distintos sectores sociales, a través de expresiones de protesta o reclamo. Los gobiernos de Michelle Bachelet I y II hicieron modificaciones en materia previsional, pensiones, salud y educación. Es más, el año 2015 propuso un cambio a la Constitución pero dicha medida no tuvo el apoyo social y político para concretarse en su mandato.
Este contexto de malestar y cambios que demandaba la sociedad, se vio agravada con la creciente desconfianza a las instituciones políticas y económicas, a raíz de los múltiples casos de corrupción sistemáticos y conocidos en actores políticos, empresarios, colusión de empresas, financiamiento irregular de la política, crisis de la iglesia, corrupción en fuerzas armadas, carabineros. De esta manera, se provocó la tormenta perfecta sobre el sistema político y social, cuyo detonante fue el alza al pasaje de transporte del Metro en Octubre del año 2019, lo que provocó el conocido estallido social.
Mucho se ha especulado que nadie vio venir este estallido, no hay consenso sobre esta tesis. Lo cierto es que en parte esto se explica por la indiferencia o distancia de la élite política, especialmente partidos políticos, con las demandas de sectores sociales que no necesariamente participan de las elecciones regulares, pero si se manifiestan y expresan de otras maneras. La participación electoral ha sido baja en los últimos años y a ello se aferran los partidos y líderes políticos, quienes señalan -en este contexto de baja participación- que la ciudadanía los elige democráticamente para tomar decisiones, dando por supuesto, que sus electores también adscriben a sus ideas. Lo cierto es que las ideas del Jaguar hoy están en retirada, y ad portas de ser reemplazadas por ideas que no sabemos aún qué dirección tomarán. De todos modos en la etapa de candidaturas para elegir los constituyentes, se logra distinguir un mínimo consenso sobre la necesidad de contar con una mayor presencia del Estado en materias de derechos sociales.
Chile está construyendo por primera vez una Constitución en democracia, lo que dará lugar a una nueva relación entre Estado, sociedad y mercado. Existe la certeza de que no queremos un Jaguar que para garantizar crecimiento se devore a una parte de la sociedad, necesitamos reglas del juego que reconozcan “personas viviendo en comunidad” que requieren de derechos mínimos garantizados en contextos de equidad e igualdad, sin el predominio del mercado para su provisión o dejándolos a expensas de la subsidiaridad o a la solidaridad de privados.