El día después de la elección primaria chilena del 18 de julio para elegir a dos candidatos presidenciales, uno de la izquierda y otro de la derecha, la bolsa de valores tuvo una subida de casi dos puntos. Por primera vez en meses el mercado respiraba con la derrota del candidato del Partido Comunista, Daniel Jadue, ante el candidato del Frente Amplio, Gabriel Boric. Sin embargo, días después el presidente de la Bolsa de Valores de Santiago afirmaría que “en el discurso del candidato Boric hay una serie de peligros”.
Chile está cambiando y esto no solo afectará al sistema financiero. El país admirado por su estabilidad institucional y las políticas públicas implementadas durante las últimas tres décadas se ha transformando en un país donde gran parte de la ciudadanía quiere reformar profundamente el modelo de desarrollo. “No son 30 pesos, son 30 años”, decía una señora cuando le preguntaban sobre las causas del estallido social del 18 de octubre de 2019.
El país suramericano se encuentra ante un punto de inflexión que muy probablemente le llevará a cambiar la estrategia de desarrollo y a reemplazar los principales aspectos heredados de la dictadura militar: la Constitución política y el modelo económico basado en un Estado subsidiario. Tras el estallido social, el camino hacia esta transformación ha estado marcado por tres procesos institucionales.
Cuestionamientos al modelo, estallido social y procesos electorales
Chile logró generar un modelo de desarrollo con luces y sombras. Si bien la pobreza fue reducida de 45% en 1989 a menos de 15% dos décadas después y hubo un fuerte crecimiento de la economía, en especial en las primeras décadas desde el retorno a la democracia, el incumplimiento de las expectativas de gran parte de la población disparó el cuestionamiento del modelo. Esto se manifestó en un aumento nunca antes visto de la conflictividad entre ricos y pobres como lo reflejan estudios de opinión como la Encuesta Bicentenario UC de 2019.
En este contexto y tras el estallido social, el primer proceso institucional en este sentido fue el plebiscito del 25 de octubre pasado, en el cual 78% de la población aprobó crear una nueva Carta Magna. Se aprobó además que la composición de la constituyente encargada de redactar la nueva constitución no incluiría a parlamentarios, en un claro rechazo a las tradicionales elites políticas.
El segundo proceso institucional fue la elección de la asamblea constituyente de mediados de mayo pasado donde fueron elegidos numerosos candidatos independientes —alejados de los partidos tradicionales— que buscan implementar reformas estructurales en el país. De hecho, en torno a la mitad de los constituyentes, de un total de 155, buscan implementar cambios profundos o incluso radicales.
Ante el desastre electoral para el oficialismo, el presidente Piñera declaró públicamente que la ciudadanía había enviado un claro mensaje al Gobierno y a todas las fuerzas políticas tradicionales: “no estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y con los anhelos de la ciudadanía».
La reciente elección primaria del 18 de julio fue el último proceso institucional en este sentido, donde más de 3 millones de personas eligieron a dos candidatos jóvenes y sin militancia en partidos tradicionales para competir por la presidencia el próximo 21 de noviembre. En la izquierda ganó Gabriel Boric, el representante de la alianza “Apruebo dignidad” nacida en enero del 2021 y que agrupó a numerosos movimientos y partidos de izquierda, incluido el Partido Comunista y el Frente Amplio. Mientras que por la derecha, fue escogido para competir por la presidencia el candidato independiente sin afiliación partidaria, Sebastián Sichel de Chile Vamos.
¿Chile sufrirá cambios estructurales?
Todo indica que sí, que es el camino más probable. Uno de los cambios podría ser el sistema de gobierno. Algunos hablan de adoptar el parlamentarismo, otros de un posible semipresidencialismo a la francesa, mientras que de acuerdo con encuestas del Programa de Estudios Sociales de la Pontificia U. Católica de Valparaíso, un porcentaje importante prefiere continuar con presidencialismo, pero con mayor poder del parlamento.
También podrían cambiar el modelo de desarrollo y pasar de un Estado subsidiario, donde el Estado no asume actividades que en teoría son desarrolladas adecuadamente por los particulares, a una variante de Estado de Bienestar a la chilena. La sumatoria de estas transformaciones provocaría, a su vez, cambios en la política exterior y la inserción de Chile en el mundo.
Chile pasó de elegir hace unos años a Sebastián Piñera como presidente, a ser un país en el que la ciudadanía exige mayor presencia del Estado, un desarrollo más sustentable y más derechos sociales. Pero estas exigencias a su vez acarrean un nuevo y enorme desafío: ¿cómo se financiará este “Estado de bienestar”?
Más allá de los cuestionamientos, para muchos analistas Chile despierta un gran optimismo y esperanza, y es un ejemplo de democracia donde los cambios son encauzados a través de mecanismos institucionales. Para otros, este quiebre representa el fin de la estabilidad y diluye la posibilidad de convertir a Chile en un país del primer mundo. Solo el tiempo dirá si Chile vuelve a convertirse en un modelo institucional para el mundo.
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Fernando Alvarado es politólogo e investigador, “Fulbright Chair in Democracy and Human Development” del Kellogg Institute de la Univ. de Notre Dame, Estados Unidos. Doctor de la Freie Univ. Berlin, Alemania. Fue director de Relaciones Internacionales en las Pontificias Univ. Católica de Chile y de Valparaíso.