El uso racional y eficiente de la energía implica abordar tres flancos que son altamente consumidores de energía: el transporte, la construcción y la industria.

Siendo así: el sector transporte es responsable de 22% de emisiones mundiales de C02, por uso de combustibles fósiles; a nivel de construcciones (edificaciones) siempre se necesita normativa para uso final de iluminación, acondicionadores de aire, refrigeración, electrodomésticos, etc. y finalmente políticas para el sector industrial: más uso de electricidad en comercios y procesos y cadenas industriales.

Chile tiene una política energética definida, traducida en una ley sectorial que tiene objetivos claros para, por ejemplo, 2035, que 100% de grandes consumidores de energía industrial (minería/transporte) deben hacer uso eficiente de la energía y para 2050, que 100% de las nuevas construcciones tengan estándares OCDE de construcción eficiente con sistemas de control y gestión inteligente de la energía, y que 100% de los artefactos de uso cotidiano sean de alta calidad y energéticamente eficientes.

El Parlamento chileno aprobó una Ley de Eficiencia Energética con el objetivo de “promover uso racional de los recursos energéticos para contribuir a mejorar la productividad, la competitividad económica y la calidad de vida de las personas, y reducir las emisiones de contaminantes”.

Esta normativa pretende ahorrar al Estado chileno –por la reducción de 10% de la denominada “intensidad energética” de 15.200 millones de dólares con una apuesta para “limpiar” el entorno ambiental al evitar que se echen al aire 28,6 millones Ton/CO2, conforme indica el ministro sectorial, Juan Carlos Jobet.

Ahorrar energía implica ahorro en todos los frentes: mejora el uso de recursos y, de paso, se ayuda al ambiente.

La reducción de la “intensidad energética” es que cada cierto período se puede medir el desempeño de las políticas sectoriales, en reducción de uso de energía en residencias, industrias, transporte, con etiquetado de artefactos, viviendas amables con el ambiente, y todo en el marco de nuevos estándares de resiliencia e innovación permanente para construir las nuevas smart cities.

En políticas de eficiencia energética, como la recientemente aprobada nueva ley chilena se toman en cuenta grandes consumidores de energía (que deben incorporar prácticas y gestión de eficiencia), construcciones nuevas realizadas bajo calificación energética (etiquetado, normas europeas), de manera que los hogares sean mejor y más eficientes al ser construidos, los edificios públicos utilicen sistemas de reducción de costes de electricidad y principalmente la promoción y estímulo a la renovación del parque con vehículos más eficientes (electromovilidad).

Bien por Chile, siempre a la vanguardia democrática, de libre empresa y de normativa relacionada a la eficiencia energética. Ejemplo latinoamericano.

@BorisSGomezU


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