Esta expresión, tomada de un usuario de las redes sociales, me parece que describe de manera precisa lo que está sucediendo en Venezuela: el gobierno de nicolás maduro, luego de diez largos años en el poder, ha dejado en ruinas el proyecto y la obra del presidente Chávez y, más allá de ello, ha destrozado a todo el país, sepultando las más importantes conquistas económicas y sociales de –por lo menos– los últimos 60 años, en un proceso de destrucción constante de todo lo que toca, convirtiéndolo en chatarra.
El último mensaje de maduro al país nos permite mencionar aspectos emblemáticos de esta situación. Aunque el gobierno no le rinde cuentas a nadie, amparado en la Ley AntiBloqueo y la ausencia de instituciones que hagan control político o administrativo de la gestión, el mensaje, que se supone debería ser una rendición de cuentas, se convierte en un “entramado” –como les encanta decir– de mentiras y medias verdades que no ofrece nada nuevo, sino que se repite en el mismo carrusel de excusas y promesas, pero nos permite señalar elementos que nos indican que el “chatarreo” del país no sólo continúa, sino que se profundiza.
Veamos:
- En búsqueda de El Esequibo entregado
En su mensaje maduro afirma que tiene “un plan” para anexar el territorio Esequibo en disputa con Guyana. Esta afirmación tan grave y ligera, parecen cosas propias de programas como Con el mazo dando o La Hojilla, pero no pueden estar en boca de un jefe del Estado; al menos no en uno que pretenda actuar responsablemente.
Cuando maduro afirma que existe un plan para anexarse el Esequibo, se está actuando de manera irresponsable, dándole una patada a cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo diplomático al diferendo con Guyana y dando más argumentos a este país en sus alegatos ante la Corte Internacional de Justicia, afectando, innegablemente, nuestra posibilidad de defender nuestros derechos inalienables sobre el Territorio Esequibo, ante las instancias internacionales.
Esto es más grave aún, cuando la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ya decidió, en pronunciamiento del 6 de abril de 2023, que sí tiene jurisdicción en el caso y dará un dictamen sobre el fondo del asunto, dando un plazo hasta el 8 de abril de este año para que Venezuela presente sus alegatos.
El país debe entender que la CIJ avanzará en su proceso, independientemente de que Venezuela reconozca o no su jurisdicción. La ausencia del país, la falta de alegatos venezolanos ante dicha institución, solo hará posible que Guyana y las transnacionales que operan en aguas del Esequibo, es decir, Exxon Mobil, Chevron y CNOOC de China, obtengan una decisión favorable a su pretensión de ocupar nuestro Territorio Esequibo e, incluso, las aguas territoriales de Venezuela en la Fachada Atlántica.
La afirmación de maduro, la amenaza de anexarse el territorio, tomando como justificación el Referéndum (que para eso fue hecho), no sólo es irresponsable, sino que, en perfecto costumbrismo venezolano, “es puro aguaje”.
Cuando escucho a maduro y altos personeros de su gobierno en su narrativa guerrerista en contra de Guyana, no puedo dejar de decir –así me ataquen y acusen– que esta situación en el Esequibo es culpa del mismo maduro y la actuación errática de su gobierno.
Recuerdo que, actuando aún como ministro de Petróleo, a inicios de 2013, le alerté a él, directamente, que entre noviembre de 2012 y febrero de 2013 Guyana había emitido licencias a favor de la Exxon Mobil y otras transnacionales petroleras en los Bloques Stabroek, Roraima y Pomeroon, no solamente en aguas del Esequibo, sino, incluso, en nuestro mar territorial, bloqueando nuestra Fachada Atlántica. Pero maduro, ya como presidente electo, NO HIZO NADA al respecto.
En la primera visita de maduro como presidente a Georgetown, en agosto de 2013, estaba en la comitiva y le mostré a él y al presidente guyanés Ramotar, en una reunión junto a los cancilleres, los mapas y las coordenadas de las licencias otorgadas que demostraban, claramente, que las mismas se ubicaban en aguas del Esequibo y del mar territorial venezolano. Pero, nuevamente, NO PASÓ NADA.a
El gobierno, ante una acción tan grave y desafiante de Guyana, ha debido emitir fuertes Notas de Protesta y exigir y actuar para que Guyana retirara las licencias de aguas del Esequibo, tal como hicimos durante el gobierno del presidente Chávez, cuando, en julio de 1999, Guyana entregó licencias a favor de la ExxonMobil en aguas del Esequibo y nuestro gobierno emitió fuertes Notas de Protesta que lograron que la ExxonMobil se retirara del área reconociendo que existía un “problema limítrofe” (Carta Esso Guyana al Ministerio de Petróleo guyanés).
Luego, cuando el 10 de octubre de 2013, la Armada Venezolana detuvo al buque de exploración sísmica Teknik Perdana, operando en aguas del Delta venezolano, le informé a maduro y a la vicepresidencia política, que este tipo de embarcación estaba recolectando información sísmica que permitiría a las transnacionales comenzar las actividades de perforación en el Esequibo, NADIE HIZO CASO.
Ante la protesta de Guyana, el buque fue devuelto con la data sísmica. Igual sucedió en 2018, con el buque Ramform Tethys.
A partir de 2013, la Exxon Mobil, Amerada Hess, Anadarko y CNOOC de China, realizaron más de 49 perforaciones profundas (más de 22.000 pies) en aguas del Esequibo, sobre todo, en el Bloque Stabroek. Estas son operaciones complejas, que requieren una gran logística y despliegue de embarcaciones, personal y equipos, que no pasan inadvertidos para nadie, menos para un gobierno y una Fuerza Armada, cuya razón de ser y existir, es la vigilancia y defensa del territorio y nuestra frontera.
Luego, en 2015, siendo embajador ante la ONU, me enteré por intermedio del entonces ministro de Petróleo, Nelson Martínez –quien en diciembre de 2018 moriría en las cárceles de maduro–, que el gobierno intentaba, en “negociaciones secretas”, llegar a un acuerdo con la administración norteamericana para permitir la explotación de petróleo de la ExxonMobil en el Esequibo, a cambio de apoyo político de la Casa Blanca al gobierno de maduro.
Inmediatamente, pude verificar que la entonces ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, había solicitado reuniones con la Exxon Mobil para tal fin y que la transnacional ni siquiera la recibió. ¡Un desastre!
Al mismo tiempo que esto sucedía, el presidente de Guyana, David Granger, se desplegó en la ONU y el Caribe en una ofensiva diplomática para obtener apoyo a la posición de Guyana. Pero maduro ni siquiera le respondió a Granger en la Asamblea General de la ONU, era lo que correspondía en el medio diplomático, era la oportunidad de hacerlo.
A nosotros, en la Misión de ONU, y a mí, como embajador ante el Consejo de Seguridad, se me impidió hacer algo al respecto; no podíamos hacer nada, pues todo lo manejaría la canciller desde Caracas, con su personal de confianza.
Luego, el 28 de febrero de 2018, el secretario general de la ONU, António Guterres, dio por terminado el mecanismo de Buenos Oficios y envió el caso a la Corte Internacional de Justicia.
En la región, Venezuela perdió los espacios diplomáticos alcanzados con Petrocaribe y los países del Caricom se pronunciaron a favor de Guyana. Incluso Cuba, estrecha aliada del país, ha guardado silencio en este tema.
Entre 2015-2022 la ExxonMobil, Chevron y CNOOC, lograron probar reservas por más de 11.000 millones de barriles de petróleo en aguas del Esequibo. Actualmente producen 380.000 barriles día de petróleo, anunciando que en 2024 llegaran a 620.000 barriles día de petróleo y en 2027 a una producción de 1, 2 millones de barriles día de petróleo en el Campo Liza (del Bloque Stabroek), en aguas del Esequibo.
Estos anuncios (que no son como los de maduro), colocarán a Guyana como el segundo mayor productor de petróleo de América Latina, sólo por debajo de Brasil y por encima de México, Venezuela, Colombia y Ecuador, lo que significa un grave problema estratégico para el país, pues se consolida un despojo territorial.
Todo esto ha sucedido por negligencia y la falta de consistencia de este gobierno entreguista. Es una falta muy grave que constituye TRAICIÓN A LA PATRIA.
Ahora vendrán las promesas, las amenazas, se rasgaran las vestiduras, impondrán el miedo y el silencio, todo lo que quieran, pero la realidad es que la Exxon Mobil, Chevron y la CNOOC (Estados Unidos y China) están allí instalados, porque este gobierno lo ha permitido, porque ha negociado todo y son capaces de entregar la patria para mantenerse en el poder.
- Pdvsa desmantelada
El tema petrolero resulta siempre “el elefante en la habitación”, del que nadie se atreve a hablar. En su discurso maduro, al menos reconoce que en el gobierno de Chávez se producían 3 millones de barriles día de petróleo. Claro, que no tiene la grandeza de decir, que nosotros dirigimos el sector y Pdvsa durante esos 12 años, aplicando estrictamente la Constitución y la Ley Orgánica de Hidrocarburos, en el marco de nuestra exitosa política de Plena Soberanía Petrolera.
Lo que ha sucedido con la debacle de nuestra industria petrolera y el despojo institucional del Ministerio de Petróleo, ha sido consecuencia directa de la política del gobierno, la violencia y la persecución en contra de sus trabajadores y la derogación de la Plena Soberanía Petrolera.
Pdvsa, nuestra empresa nacional, ha sido “chatarreada” y entregada en pedazos a los operadores económicos del madurismo; una empresa militarizada que, al amparo de la Ley Antibloqueo, ha sido saqueada y donde han sido desmantelados los mecanismos de control interno y externo de la misma.
El resultado está a la vista: solamente, entre 2020 y 2022, se llevaron 25.000 millones de dólares en cargamentos de petróleo, cuyo ingreso, producto de la venta de petróleo jamás entró al país. Tareck el Aissami operador de este desfalco y mano derecha de maduro sigue protegido, por aquello de las “solidaridades automáticas” del gobierno.
La producción de petróleo de Venezuela cerró 2023 con un promedio de producción de 750.000 barriles día de petróleo, de los cuales 130.000 barriles día de petróleo corresponden a la producción de la Chevron que –de acuerdo con los términos de la Licencia de la OFAC aceptados por el gobierno– no paga regalías, ni impuestos, sino que ellos (Chevron) toman el petróleo y se lo llevan a sus refinerías en Estados Unidos, como sucedía con Juan Vicente Gómez; esto quiere decir que la producción real de Pdvsa es de 620.000 barriles día de petróleo.
Este nivel de producción (incluyendo la de Chevron) de 750.000 barriles día de petróleo, representa una pérdida de 2,26 millones de barriles día de petróleo, con respecto a nuestros niveles de producción de 2013, una estruendosa caída de 75,4%.
Pero esto no ocurrió por las sanciones, sino por el asalto del madurismo a Pdvsa y al Ministerio de Petróleo. Cuando Estados Unidos impuso sanciones al sector petrolero en enero de 2019, ya la producción de petróleo había caído en más de 1,8 millones de barriles día respecto a 2013, para ubicarse en 1,15 millones de barriles día de petróleo. Es decir que, entre 2015 y 2019, período en el que aún no habían sanciones, la producción de petróleo ya había caído en 62%.
Para ese entonces, el gobierno había detenido arbitrariamente a más 150 gerentes y trabajadores petroleros (muchos de los cuales aún permanecen secuestrados), había desviado los fondos operacionales y de reserva de Pdvsa, incluido el Fondo de Pensionados y Jubilados.
Con la designación del general Manuel Quevedo, la empresa fue militarizada y más de 30.000 trabajadores (la mayoría formados luego del sabotaje petrolero) abandonaron la industria.
En su mensaje maduro informa que el sector petrolero aportó 6.230 millones de dólares a la economía nacional, menos que las remesas que ahora se llama eufemísticamente a esta tragedia “aportes del sector privado” y mucho menos de los aportes de 2013, cuando la producción se ubicaba en 3 millones de barriles día.
Estos aportes petroleros (de ser ciertos) no se sabe por cuál concepto se producen, si son regalías, si pagan impuestos, si son dividendos, como es el desempeño de la empresa, a qué precio se vende nuestro petróleo.
Nadie sabe nada, nadie rinde cuentas. Desde 2016 Pdvsa dejó de emitir Informes Financieros Auditados, pues el gobierno, para ocultar la entrega del país y las privatizaciones con la Ley AntiBloqueo (2020), ha impuesto el secreto como norma.
Si tomamos los datos de Ecopetrol, con una producción de 560 MBD de petróleo, similar a la de Pdvsa actualmente, y exportadora de crudos pesados, tenemos que la empresa petrolera de Colombia obtuvo ingresos por 27.000 millones de dólares en 2023. Es un dato interesante para pedir cuentas a nuestra empresa.
Pero no hay manera de comparar, de saber qué sucede en Pdvsa, ni en el sector de petróleo y gas; solo llegan las noticias de acuerdos que transcurren en secreto, como la entrega del gas del proyecto Mariscal Sucre, que sería el soporte del Complejo Industrial Gran Mariscal de Ayacucho (CIGMA) en Güiria a la Shell en Trinidad y Tobago. Son temas importantes, de lo que nadie del gobierno explica ni dice nada.
Es una gestión opaca, ilegal, inconstitucional, donde el gobierno actúa y compromete asuntos de interés público, la administración y bienes de la República, de espaldas al pueblo.
- Sin sanciones
La administración norteamericana levantó, en octubre de 2023, todas las sanciones sobre el sector petrolero y financiero del país impuestas desde enero de 2019. Las sanciones que quedan, son aquellas impuestas sobre individuos.
La propaganda del gobierno afirmaba que el problema de la producción petrolera eran las sanciones, que Pdvsa estaba lista para incrementar su producción de manera acelerada, tan pronto se levantaran dichas medidas; incluso, de manera sucesiva, maduro y los distintos presidentes de Pdvsa han prometido subir 1 millón, 2 millones, etc, la producción petrolera.
Pero, no es así. El desmantelamiento de nuestra política de Plena Soberanía Petrolera y el daño infringido por el gobierno a Pdvsa, a sus capacidades operativas y a toda la infraestructura petrolera del país, ha sido enorme, y se remonta al mismo 2015, cuando el gobierno entró a saco roto a desmembrar la Pdvsa del pueblo.
Otros países petroleros que han estado sujetos a sanciones o, incluso, guerras, han aumentado su producción de forma extraordinaria tan pronto cesaron estos eventos, porque se han ocupado de preservar sus capacidades, su infraestructura petrolera.
Esto sucedió en Irán, entre el año 2021 y 2022; incluso, aún sancionada, Irán pudo aumentar su producción en 500.000 barriles día en 2023; en Irak, que hoy produce 4 millones de barriles día, y en Libia, que pasó de 100.000 barriles día a 1 millón de barriles día de petróleo en menos de un año, tan pronto cesó el bloqueo a sus áreas petroleras por la guerra civil.
En nuestro propio país, tenemos la experiencia del sabotaje petrolero, cuando la Gente del Petróleo saboteó la empresa, produciendo pérdidas directas a Pdvsa por el orden de los 14.000 millones de dólares, paralizando nuestras refinerías y llevando nuestra producción de petróleo a sólo 23.000 barriles día en enero de 2003, con un barril de petróleo que estaba 33 dólares menos que el que disfrutó el madurismo en 2023.
Pero esta situación catastrófica la pudimos revertir tan pronto derrotamos el sabotaje. Al frente del Ministerio de Petróleo y de Pdvsa, pudimos recuperar plenamente las capacidades productivas de la empresa entre marzo-abril de ese mismo año y pusimos al frente de la industria a una gerencia formada profesionalmente, competente, patriota y comprometida con el país. Curiosamente, la misma que, 20 años después, maduro perseguiría y encarcelaría, luego de su llegada al poder.
Pero también tenemos la experiencia de las sanciones norteamericanas a nuestro país, que se remontan a 2010. Ése año, Pdvsa fue sancionada por Estados Unidos, en el ámbito financiero, operativo y de acceso a tecnología. Pero, a pesar de ello, nuestra producción no se vio afectada, ni los ingresos del país cayeron, no porque el precio del petróleo estuviera a 100 –como dice el madurismo– sino porque nos preparamos para hacer frente a las sanciones (que siempre han sido un riesgo) y teníamos más de 87 buques, más de 300 taladros y equipos de perforación, otras tecnologías, equipos y la moral de nuestros trabajadores estaba en alto.
En conclusión, no son las sanciones, es la gestión y la capacidad de hacer frente a ellas; muchos países son sujeto de sanciones terribles y no colapsan. El ejemplo más reciente de ello, es la Federación Rusa, que, a pesar de las drásticas sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, la UE, Reino Unido, Canadá y el resto de los países del G7, la producción de petróleo, se ha mantenido constante, en 9,5 millones de barriles día de petróleo.
- El salario y la represión
Los anuncios sobre el incremento de los bonos en detrimento del salario, siguen profundizando el paquetazo económico del 2018, ejecutando aquello que el Presidente Chavez denunciaba como “un instrumento perverso del neoliberalismo”: la bonificación de los salarios.
El salario mínimo del país sigue estando en 3,5 dólares al mes, es decir 0,11 centavos de dólar diarios; así lo ratificó, claramente, nicolás maduro. Es el más bajo del hemisferio. Además, el salario y los bonos se pagan en bolívares, que sufren una permanente devaluación (el año 2023 esta se ubicó en 49,58%) en un escenario inflacionario que no cesa a pesar de los reiterados anuncios y promesas del gobierno, solo este año 2023, la inflación se ubicó en 250%.
En este escenario, de inflación y devaluación, con una economía dolarizada por el mismo gobierno, la pobreza de la población seguirá siendo una constante y una consecuencia directa del paquetazo del gobierno. Esta es una de las razones fundamentales por las cuales los venezolanos siguen saliendo del país; hoy día, de acuerdo a cifras de la ACNUR, más de 7,7 millones de venezolanos han abandonado la Patria.
El paquetazo económico va de la mano de la represión y la violación de los Derechos Humanos. Las cárceles siguen llenas de presos políticos, luchadores sociales, familiares secuestrados, trabajadores y militares. El gobierno viola los derechos humanos de estos ciudadanos, detenidos de manera arbitraria y sometidos a todo tipo de violación al debido proceso. Es una situación que no cesa.
Los maestros, eje fundamental del sistema educativo del país, están en la calle luchando por un salario digno, luchando por sus derechos. El día 17 de enero, luego del mensaje y saludo presidencial a los maestros, cuerpos de seguridad entraron violentamente a la sede de Fenatev, en el estado Barinas, donde se desarrollaba una reunión gremial, y se llevaron detenido al profesor Víctor Venegas, dirigente de la Federación Nacional de Sindicatos y Trabajadores de la Educación de Venezuela en esa entidad.
La respuesta de los maestros y todos los trabajadores debe ser continuar y profundizar las movilizaciones y la lucha por sus justos derechos. El gobierno no puede criminalizar la lucha sindical, ni social, ni política. No puede confiscar el Derecho Constitucional a la protesta.
El gobierno sigue actuando al margen de la ley, chatarreando las instituciones y al país. Quita y pone magistrados como si fueran funcionarios del gobierno, transforma a delincuentes en héroes, los pone a dirigir el gobierno, mientras persigue a los patriotas, encarcela a los trabajadores y a los maestros.
Ahora siente que puede hacer lo que quiere, burlarse del país, pero sabe que el sentimiento mayoritario del pueblo es de rechazo, de repudio a su accionar. Por ello harán todo lo posible para impedir que el pueblo se exprese, buscarán la manera de seguir violando la Constitución, conculcando los derechos de los ciudadanos, haciendo lo que sea para mantenerse en el poder mientras el país sigue en el abismo.
Este será un año de lucha, de unidad de los patriotas, civiles o militares, donde quiera que se encuentren, debemos ser capaces de presentar una alternativa bolivariana para salir de este desastre, reconstruir el país y retomar el camino de Chávez.