Es inaudito tener que insistir en esto semana tras semana, pero exijo al Estado cumplir nuestra Constitución y al CNE respetar los derechos políticos de los ciudadanos.
Es inaceptable la persecución política y las restricciones contra la disidencia opositora, a la que no permite realizar sus actividades políticas en todo el territorio nacional con libertad y en igualdad de condiciones. Son incontables los cierres de vía, la clausura de hoteles por haber ofrecido alojamiento, la prohibición de vuelos comerciales, la detención de dueños del sonido que prestan sus equipos para las actividades de campaña, la privación de libertad de jóvenes que se han expresado públicamente en actos y, lo más reciente, el uso del Seniat para cerrar una venta de empanadas… Todo esas acciones se catalogan como delito de odio, no hay duda alguna. Estamos en presencia de una parcialidad descarada por parte del CNE a favor del candidato oficialista.
El Estado está en la obligación de promover la paz electoral y permitir que todos los factores políticos puedan hacer una campaña con plena libertad. El CNE debe asumir sus atribuciones y funciones establecidas en nuestra norma suprema para garantizar a los venezolanos información oportuna con respecto al cronograma electoral, centro de votación con su ubicación y cambio de residencia si lo solicitó.