La burda inhabilitación a la candidatura de María Corina Machado, es un acto que demuestra la inmensa debilidad del gobierno de nicolás maduro y que confirma lo que hemos dicho innumerables veces: el madurismo sabe que no está en condiciones de ganar ninguna elección popular, por ello, actúan como una vulgar dictadura.
El gobierno trata de cerrar la vía electoral, de mantener desmovilizado al pueblo, que éste se resigne a la “normalidad» del madurismo o que se vaya del país. El gobierno seguirá interviniendo y violando la ley, hasta garantizar que las elecciones estén hechas a su medida, es decir, hacer unas elecciones amañadas, sólo con los candidatos “que maduro diga”.
La inhabilitación de MCM es solo una actuación más en esta dirección. El gobierno ha actuado sistemáticamente a través de su poder judicial, fiscalía, contraloría u órganos represivos, para arrebatar los derechos políticos a los venezolanos. Desde encarcelar y exiliar a miles de dirigentes políticos y sociales, levantar falsas acusaciones y montar falsos positivos contra cualquiera que se le oponga, intervenir judicialmente a los partidos políticos, mover y nombrar a los autoridades del CNE a su antojo, hasta inhabilitar o golpear cualquier candidato, que presuponga un peligro a su precario gobierno.
En mi propio caso, cuando desde el exilio y respondiendo a la propuesta de compañeros de las bases chavistas, anuncié mi disposición a postularme como candidato chavista a unas eventuales elecciones, el gobierno, a través de su ministro estrella, el intocable Tareck el Aissami, y su fiscal sicario, Tarek William Saab, desató una andanada de nuevos ataques judiciales en mi contra y en contra de mi familia, a la vez que la DGCIM se llevaba arbitrariamente detenido a mi hermano, el médico Fidel Ramírez, en una clara represalia a mi postura politica, aplicando el sippenhaft nazi, patrón de violaciones de los DDHH que aplica el gobierno en contra de los familiares de sus enemigos politicos, tal como lo ha deunnciado la Facts Finding Comission del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, en sus Informes sobre Venezuela.
Es decir, el gobierno utiliza la violencia no solo para reprimir y desarticular el movimiento popular, encarcelando a cientos de trabajadores, dirigentes políticos y sociales, imponiendo la desmovilización y el miedo en la sociedad, sino para cerrar la vía electoral, la elección universal, directa y secreta establecida en la Constitución, como la forma por medio de la cual el pueblo, es decir, el poder originario lo ejerce indirectamente mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público, quienes están subordinados a la Soberanía Popular.
Con su actuación, una vez más, el gobierno viola la Constitución y pretende cercenar los derechos políticos de los venezolanos, entre los más importantes de ellos, el derecho al voto, es decir, el ejercicio de la soberanía popular.
El tema central aquí es que los derechos y principios consagrados en el Texto Constitucional no dependen de la voluntad del gobierno de turno. El Constituyentista dejó abierta todas las vías para que el pueblo ejerciera de manera permanente e irrevocable la soberanía sobre todos los asuntos y otorgó la responsabilidad de velar por ellos a la Fuerza Armada, es decir, éstas deben ser garantes de la defensa de la Constitución y de la soberanía del país.
Hay que decir que, lamentablemente, la Fuerza Armada actual ha incumplido este Precepto Constitucional, ha faltado a su responsabilidad, lo que ha permitido que la Constitución sea violada permanentemente por el madurismo, conduciendo al colapso a nuestras instituciones democráticas y a la destrucción del país.
Pero ello no siempre ha sido así. Recuerdo aún claramente cuando el 12 de abril de 2002, una vez consumado el golpe de Estado en contra del presidente Chávez, y mientras el Decreto de Carmona abolía la Constitución e Instituciones y derogaba la Ley Orgánica de Hidrocarburos, entre otras, desde la 42.ª Brigada de Paracaidismo en Maracay, el General Raúl Isaías Baduel se negó a seguir órdenes de Carmona y se aprestó a defender militarmente la Constitución, tal como hicieron otros generales del pueblo, entre ellos, el general Carneiro.
En aquellas horas de desconcierto y de hegemonía de la propaganda de los golpistas, que aseguraban que el presidente Chávez “había renunciado”, y que había que acostumbrarse a la nueva normalidad, mientras la dirigencia y diputados del MVR de entonces estaban en desbandada y se escondían donde podían, solo dos voces se alzaron contra el miedo: la del entonces fiscal Dr. Isaías Rodríguez, quien denunció lo que sucedía como un golpe de Estado y la del general Baduel, quien, desde la 42.ª Brigada de Paracaidismo señaló que defendería con las armas la Constitución.
A la vez que se alzaban estas voces valientes, el pueblo pobre de Caracas se movilizaba y se trasladaba masivamente a Miraflores a exigir el retorno del presidente Chávez y el restablecimiento de la Constitución.
Estos eventos históricos y recientes pusieron a prueba los principios de la Constitución y el efecto indetenible de la acción conjunta del pueblo y la Fuerza Armada, para restablecer el hilo constitucional, violado por cualquier dictador.
Un aspecto fundamental para la discusión de la situación actual es que la Constitución establece como principio fundamental que la soberanía reside en el pueblo, es decir, en el Poder Originario. Este Precepto Constitucional le permitió incluso existir al Texto Constitucional actual, cuando, el poder constituido de entonces pretendía conducir y condicionar el Proceso Constituyente de 1999.
El poder constituido de ahora, el madurismo, pretende, tal como hizo la IV República en sus estertores, cercenar el Texto Constitucional y derogar el principio fundamental de que la soberanía reside en el pueblo, por lo que éste, siendo Poder Originario, está en el derecho de ejercerla directamente cuando así lo considere, o cuando el gobierno viole la Constitución.
De allí, la existencia del voto universal, directo y secreto, la consagración del referéndum revocatorio y la previsión del artículo 350, donde se establece que el pueblo de Venezuela …“desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.
Resulta evidente que el gobierno hará todo lo que pueda para desconocer este principio fundamental, desconocer la soberanía popular, pues saben que si el pueblo alcanza conciencia de ello y la Fuerza Armada asume sus responsabilidades constitucionales, el madurismo está perdido, será barrido del mapa político, por ello están aterrorizados y actúan con la violencia típica de las dictaduras, no están dispuestos a medirse con nadie, a menos que la contienda electoral sea parte de un acuerdo para mantenerse en el poder.
La situación de hastío del pueblo venezolano y el masivo rechazo al gobierno de nicolás maduro hace que cualquier candidatura de las distintas que apenas se asoman al escenario electoral le mueva el piso al madurismo, carente en absoluto de respaldo popular, como ya se ha demostrado en la propia Barinas.
Es por ello, que, desde el campo bolivariano, insistimos en una opción chavista que esté en la calle junto al pueblo, pero ésto quiere decir, junto a sus luchas, junto a sus problemas, con una agenda de acción revolucionaria, que le dispute el poder al madurismo, reivindicando la Constitución y el Plan de la Patria. Es decir, reivindicar por la calle del medio a Chávez y su programa.
Por esto insistimos en la responsabilidad histórica del liderazgo bolivariano, agazapado y en silencio, para que asuma las banderas de Chávez, desplace el madurismo y salgamos con nuestros propios pies de esta crisis, producto del sacudón derechista de maduro.
Los esfuerzos de todo el espectro político del país deben estar concentrados en movilizar al pueblo y acompañarlo en sus luchas, poner en la calle una perspectiva de cambio político, real, plausible, que no signifique un retroceso peor al existente.
El gobierno sigue perdiendo legitimidad, a pesar de los pactos secretos y la entrega del petróleo, porque ésta se pierde, en la medida en que se viole la Constitución y las leyes.
Lo que le otorga “auctoritas” a los gobiernos es la legitimidad, no es el cargo o el nombramiento, y la legitimidad no la otorga cualquier amigo internacional o acuerdo secreto, la otorga o la retira el pueblo.