Centroamérica se encuentra en un punto de quiebre. La región está enfrentando una multiplicidad de crisis que la han hecho, a pesar de la fragilidad extrema que arrastra desde hace tres décadas, aún más vulnerable.
La pandemia ha extendido las desigualdades y también la pobreza y la pobreza extrema (33,7 a 40,2% en Nicaragua y 7,4 a 11,9% en El Salvador, respectivamente) y agravó la debilidad estructural de las economías nacionales. Según un informe de la secretaría ejecutiva de la Cepal, el PIB regional sufrió una contracción de 6,2% en el año 2020. Históricamente, las realidades estructurales de las desigualdades socioeconómicas coincidieron con Estados frágiles, cuando no colapsados, y produjeron altas tasas de violencia.
En ese contexto, surgió en las agendas un problema diferente: la evidencia de la urgencia climática en Centroamérica. Con dos huracanes, Eta (13-14 noviembre) e Iota (17-18 noviembre), la región sufre el efecto del cambio climático. Sin embargo, el apoyo a la reconstrucción se vuelve a debatir y ayudar a la región se presenta como un dilema político y moral.
Esa reflexión se fundamenta en dos aspectos: la promesa de una atención renovada por parte de la nueva administración estadounidense con un remozado plan de desarrollo para el Triángulo del Norte y la llegada de la ayuda internacional tras los huracanes Eta e Iota.
¿Por qué un dilema político?
En 1998, la región fue impactada violentamente por el huracán Mitch. Fue una primera manifestación de las devastaciones que podían producir los episodios climáticos frente a la incapacidad (para proteger y reconstruir) y la falta de preparación (para anticipar) de los Estados ante los riesgos climáticos. Ya entonces se planteó el problema de las limitaciones de los Estados centroamericanos en materia regulatoria y de cumplimiento con su deber soberano.
En aquel momento la región fue inundada por fondos de cooperación internacional, en particular a través del grupo de Madrid que ayudó a articular la llamada “Agenda de modernización y transformación para el siglo XXI”, cuyos objetivos fueron fortalecer las capacidades de los Estados.
Después de transcurridos más de veinte años, ¿cuáles han sido los resultados? Capacidades inexistentes o insuficientemente desarrolladas; cooptación y captura de fondos de cooperación externa; masificación de la corrupción. En el período posterior al huracán Mitch de 1998, el caso nicaragüense fue emblemático por la desviación de millones de dólares.
En la actualidad, hay una sensación de déjà-vu. Frente a los impactos de los huracanes Eta e Iota, las promesas de ayuda se multiplicaron: el BID con 1,2 millones de dólares; la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con 750.000 dólares o USAID con 17 millones de dólares, entre otras.
El despliegue de esa ayuda posterior al desastre plantea una vez más la pregunta sobre la capacidad de los Estados para su implementación. En ese marco, se presenta en el horizonte la voluntad de reactivación por el presidente Biden del plan “Alianza para la prosperidad” (2014) para fortalecer la gobernanza de la región con una contribución de 1.000 millones de dólares y que se canceló bajo la administración Trump a inicios del año 2017. Ese compromiso renovado de Estados Unidos con Centroamérica se materializará en un programa de 4.000 millones de dólares para migración, seguridad, Estado de Derecho, corrupción y desarrollo contra la pobreza.
Sin embargo, tanto la ayuda orientada a la reconstrucción como la cooperación estadounidense se inscriben en un contexto de altísima fragilidad institucional, intensificado por la crisis económica, social y sanitaria. Las democracias se han debilitado aún más con graves casos de corrupción y una alta inestabilidad político-institucional.
En este marco, existe el riesgo de desviación, cooptación o captura de recursos. De hecho, cuando el presidente Biden indica que «los desafíos que se avecinan son formidables. Pero si existe la voluntad política, no hay razón para que América Central no pueda convertirse en el próximo gran éxito del hemisferio occidental”, se deja entrever que existe una serie larga de retos. ¿Se replicarán los efectos del post-Mitch en Centroamérica?
Desde 1998, las amenazas climáticas se han intensificado y se diagnostican como irreversibles. En este marco, el istmo centroamericano es una de las regiones más vulnerables del planeta. De político, el dilema se ha vuelto moral.
Tras el paso de los dos huracanes, se vislumbra un futuro oscuro para la región. El cambio climático intensificará los episodios como inundaciones, sequías, huracanes y marejadas, con consecuencias inmediatas tales como deslizamientos, vendavales, destrucción de viviendas, desplazamientos, etc. Centroamérica tendrá que enfrentar una gran variedad de amenazas naturales sísmicas, episodios meteorológicos extremos, elevación del nivel del mar.
Al ver los desastres producidos y especialmente la capacidad limitada de los Estados, la cuestión del despliegue de la ayuda debe de interpelarse bajo nuevos términos. ¿Cuánto tiempo resistirá la idea que se pueden atender a poblaciones y territorios amenazados por el cambio climático a través de la ayuda internacional?
A nivel global, la legitimidad de los Estados es cuestionada al carecer de una estructura adecuada para enfrentar fenómenos de alcance transnacional. En Centroamérica, se suman sociedades altamente vulnerables y Estados deslegitimados y colapsados, con la excepción de Costa Rica y Panamá.
Centroamérica —sustancialmente los países del Triángulo del Norte— es una región de flujos humanos salientes y esto se irá intensificando con los sucesivos desastres climáticos que irán convirtiendo partes de su territorio en áreas inhóspitas.
La política exterior de la nueva administración Biden y la reactivación de la ayuda a la región al igual que el resto de la ayuda internacional inyectada en las regiones que sufren desastres naturales, invitan a reflexionar para evitar repetir errores. Además, se debe reconsiderar la naturaleza de la ayuda misma para no seguir aplicando parches en lugar de atacar las causas estructurales.
Ese doble dilema, político y moral, nos lleva a pensar en la adaptación y la amplitud de las consecuencias humanas a mediano y largo plazo, así como la pluralidad y heterogeneidad de los actores que pueden intervenir, más allá de lo estatal.
Frente a ese escenario hay que tener en cuenta los nuevos modos de gobernanza, en particular las regionales y multilaterales. En esa perspectiva, el fortalecimiento de la cooperación entre Estados, la consolidación de las instituciones técnicas regionales y una mayor inserción de la región en las arenas diplomáticas multilaterales, son unos de los principales desafíos de Centroamérica para el siglo XXI.
Kevin Parthenay es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Tours e investigador del Observatorio Político de América Latina (Sciences Po/OPALC). Doctor en Política Comparada de Sciences Po, París. Especializado en regionalismos comparados y política latinoamericana.
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