El día 8 de octubre, los ministros de Administración Pública y Reforma del Estado de 22 países iberoamericanos, todos los de habla portuguesa y española de América y la península ibérica, aprobaron en Andorra la Carta Iberoamericana de Innovación en la Gestión Pública, un documento que está llamado a ser un referente de los países iberoamericanos en todo lo relacionado con la administración y la gestión pública.

La carta, elaborada por encargo del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), por el prestigioso catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Carles Ramió , supone un recorrido por numerosos sistemas, procedimientos, aspectos organizativos e incluso filosóficos relacionados con la innovación.

Los objetivos esenciales de la carta se resumen en crear un lenguaje común sobre innovación, proponer recomendaciones y orientaciones y buscar nuevas maneras de crear valor público.

El primer aspecto que se plantea el documento es preguntarse qué es la innovación pública, pues el concepto es de los más traídos y llevados, de forma tal que se aplica tanto a cambiar el color de las oficinas públicas, como a rejuvenecer el personal o a los más serias modificaciones de la forma de trabajar o relacionarse con los ciudadanos. La innovación pública conecta con asimilar y explotar una novedad que aporte soluciones inéditas a los problemas y permita responder a las necesidades ciudadanas. Por tanto, no son las modas estéticas o los ambientes acogedores, sino la búsqueda de la eficacia lo que contiene el verdadero sentido de la innovación.

La Administración Pública innovadora debe crear valor público. Este concepto, que desarrolló en los años noventa Mark H Moore, al afirmar una idea muy simple: el objeto del trabajo directivo en el sector público es crear valor público, del mismo modo en que el del trabajo directivo del sector privado es crear valor privado.(Moore,1998).El asunto, que no es fácil, es acertar en cómo crear valor público, más allá de ahorrar gasto como se ha predicado con frecuencia. La Carta de Innovación propone medidas como crear nuevos servicios o mejorar los existentes, logrando un óptimo funcionamiento de los procesos internos de la administración y, especialmente avanzando en la confianza social derivada de la actuación administrativa.

En esta carta se exponen los cinco pilares de la llamada innovación inteligente. El primero, es una visión estratégica. Un análisis de prospectiva de las Administraciones Públicas: hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir. Las administraciones necesitan ser proactivas buscando caminos de prestación del servicio público nuevos y más eficientes.

El segundo, es la gestión del conocimiento. El conocimiento en las administraciones se pierde físicamente, incluso cuando los funcionarios de mayor edad se marchan o cuando abandonan la institución algunas personas esenciales para la organización. Aún no hemos encontrado el mejor sistema de gestión del conocimiento, a pesar de que la tecnología  lo permite. El contenido de la gestión del conocimiento son las actividades de adquisición, producción, procesamiento, almacenamiento, difusión, codificación, aplicación práctica e innovación de los conocimientos mediante el empleo de sistemas tecnológicos.

El tercer aspecto, es la inteligencia colectiva. Ha de trabajarse no solo con la inteligencia propia, no solo con la de nuestros colaboradores centrales, sino con toda la organización y muchas veces también con los ciudadanos, con las empresas, de manera tal que la inteligencia y el conocimiento existentes sean para todos y en beneficio de todos. La inteligencia está repartida, no pertenece en exclusiva a un grupo de personas aunque hayan sido seleccionados por mérito y capacidad. Como señala Sandel, la soberbia meritocrática refleja la tendencia de los ganadores a dejar que su éxito se le suba demasiado a la cabeza, a olvidar lo mucho que les han ayudado la fortuna y la buena suerte (Sandel, 2020).

El cuarto pilar es la inteligencia artificial. Aunque estamos en los albores, hemos empezado ya la cuarta revolución industrial, que se debe utilizar no solo esporádicamente, sino de forma sistemática. Hay que digitalizar los expedientes y  robotizar aquello que se pueda robotizar. Es decir, que se puedan prestar los servicios en cualquier momento del día y de la noche, incluso en los períodos de vacaciones. ¿Por qué? Porque la tecnología nos lo facilita. Es más, lo hemos hecho durante la pandemia. En consecuencia, de ahí tenemos que sacar experiencias, de manera tal que muchas veces eliminemos plazos engorrosos o posibilidades de que se dilate el proceso de prestación del servicio, porque tecnológicamente podemos hacerlo de forma inmediata. Y las administraciones van a actuar, en algún caso ya lo hacen, con base en los algoritmos, a los que hay que controlar especialmente porque pueden llegar a resultados no deseados y para tener sentido y afirmarse requieren otro tipo de razonamiento, más allá de la pulsión actual por la efectividad.(Aguilar,2020).

El último aspecto es el relacionado con la gobernanza. Tenemos que construir entre todos en las Administraciones Públicas un modelo democrático, inclusivo, abierto y transparente. Una gobernanza democrática, un gobierno abierto, es en definitiva una de las conclusiones básicas de esta Carta Iberoamericana de Innovación en la Gestión Pública, presentada por el CLAD en la conferencia de Andorra.

 


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